El Congreso de la Unión concluyó su periodo ordinario de sesiones sin discutir temas relacionados con los derechos de las mujeres, como quitar el delito de aborto del Código Penal Federal, a pesar de que en septiembre del año pasado la Suprema Corte que declaró inconstitucional criminalizar el aborto voluntario.
El 28 de septiembre del 2021, las senadoras Martha Lucía Mícher Camarena y Patricia Mercado Castro, junto con otras senadoras de diversos grupos parlamentarios, anunciaron una reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para garantizar el derecho al aborto voluntario en México.
Esto, después de que el 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, en un fallo histórico, que castigar penalmente a mujeres y personas gestantes que aborten de forma voluntaria va en contra de la Constitución por vulnerar su derecho a decidir. Lo anterior, luego de invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía pena de prisión a quien se realizara un aborto voluntario.
Te recomendamos: Abortar en México es al mismo tiempo un derecho y un delito
Por tanto, el objetivo de la iniciativa, según detalló la senadora Patricia Mercado, era reconocer el derecho de las mujeres a continuar o no su proceso de gestación tal como lo estableció la Corte. Por eso propusieron la eliminación del delito de aborto del Código Penal Federal.
Para la activista feminista Verónica Cruz Sánchez, fundadora de la organización civil Centro Las Libres con sede en Guanajuato, dedicada a promover y defender los derechos humanos, esta iniciativa no fue prioritaria para las legisladoras y los legisladores, “ni siquiera las feministas dentro del Senado la están moviendo”.
¿Por qué es necesaria esta reforma?
De acuerdo con la experta en temas de aborto, la sentencia de la Corte faculta a congresos locales a acelerar las modificaciones, por eso se esperaba que las legisladoras locales y federales se organizaran y lograran la eliminación del tipo penal de aborto de todos los códigos penales de los estados y del Código Penal Federal que aún contemplan el aborto voluntario como un delito. Pero esto no ha sucedido.
“¿Por qué no armamos un gran paquete de armonización legislativa para eliminar de todos los códigos penales el delito de aborto? Eso sí que podría armarse desde el Senado. Quisiéramos ver a las senadoras feministas liderando esas cosas”, nos dijo Cruz Sánchez en entrevista.
Quitar el delito de todos los códigos es importante “simbólicamente para derrumbar todos los obstáculos que aún existen” para que ninguna autoridad utilice esos códigos penales para intentar criminalizar el aborto voluntario.
Sigue leyendo: Este sexenio, el más peligroso para las mujeres en México
¿Continúa la criminalización?
La defensora de derechos humanos nos explicó que el problema de la criminalización del derecho a decidir, desde hace varios años, son las mujeres que siguen en prisión acusadas por los delitos de homicidio en razón de parentesco o infanticidio, pero que en realidad tuvieron abortos espontáneos, partos prematuros y emergencias obstétricas.
Ni siquiera con la Ley de Amnistía se ha podido liberar a alrededor de 200 mujeres y personas imputadas por estos delitos, según datos que corroboraron Las Libres entre 2012 y 2017. El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó en abril de 2020 esta ley con el objetivo de liberar a alrededor de 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
Verónica Cruz señaló que debido a los avances legales sobre interrupción del embarazo, las fiscalías están entendiendo que ya no tiene caso acusar a las mujeres por aborto, porque finalmente los jueces las liberarán, además de que así lo ordenó la Corte en septiembre pasado.
De acuerdo con investigaciones y solicitudes de información que las integrantes del Centro Las Libres realizaron entre 2018 y 2021, en algunos estados las autoridades han abierto carpetas de investigación penales en contra de mujeres y adolescentes que abortaron, pero fueron inculpadas por delitos de homicidio en razón de parentesco o infanticidio.
“En el año 2018 conocimos un par de casos. En 2019, uno más. En 2020 supimos de tres casos en Yucatán, eran tres adolescentes. Y en 2021, conocimos más casos en Guerrero, tres o cuatro casos. Entonces, (la criminalización) sigue sucediendo”, puntualizó.
“Después de la resolución de la Corte pensamos ‘bueno al menos no van a seguir criminalizando a más mujeres’, pero tenemos los datos del 2020 y 2021 de casos de mujeres que han entrado a prisión por delitos relacionados con el aborto. ¿Qué significa? Que hay más mujeres que no sabemos”.
Señaló que frente a la criminalización, las reformas legales son necesarias para que las normas en cada estado sean lo suficientemente claras para que funcionarios y funcionarias del sector salud las cumplan y las mujeres accedan a los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
A pesar de que el derecho al aborto por violación esté en las leyes, persisten los obstáculos. Por ejemplo, la Norma Oficial Mexicana 046 establece claramente que en casos de violación sexual el servicio de ILE está garantizado en todo el país.
No obstante, los datos indican que a nivel nacional hay pocas mujeres y niñas que acceden a un aborto legal por violación, lo que significa que servidores públicos no están haciendo su trabajo, agregó.
El pasado 14 de febrero el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo, Guerrero, se negó practicarle un aborto legal a una niña de ocho años, víctima de una violación sexual. Solo después de que el caso se hizo público y con el acompañamiento de asociaciones civiles, la niña accedió al servicio de ILE, pero en otro hospital.
Por tanto, Verónica Cruz consideró que “las senadoras feministas deberían de ir apuntalando las fuerzas hacia reformar la Ley General de Salud” para garantizar los servicios de aborto legal a nivel federal como parte del derecho a la salud y no dejar ninguna posibilidad de que las mujeres que decidan abortar, acompañantes y personas servidoras de salud sean criminalizadas o se les niegue el derecho.
Más información: Autoridades le niegan el derecho al aborto a niña víctima de violación en Guerrero
Aún falta aborto legal en 24 estados
El aborto está regulado a nivel estatal y está considerado como un delito en los estados donde aún no se actualiza las leyes con lo dictado por la Suprema Corte.
A la fecha, el aborto solo está despenalizado en ocho estados: Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Baja California y Colima, hasta la semana doce del embarazo. En Sinaloa, es hasta las trece semanas de gestación. Y en Coahuila, la Corte invalidó el artículo del Código Penal local que penalizaba el aborto voluntario.
Cada entidad tiene ciertas circunstancias -llamadas causales de no punibilidad-, por las que cada Código Penal no lo considera un delito. Solo en caso de violación está garantizado en los 32 códigos estatales y en el Código Penal Federal, como lo reportamos en esta nota.
El pasado 4 de mayo, el Congreso del estado de Guerrero retrasó la discusión sobre la despenalización del aborto hasta las doce semanas de gestación. Tras cinco horas de sesión y luego de manifestaciones de grupos religiosos, la mayoría de legisladores determinó aplazar el debate hasta el próximo 11 de mayo.
En enero pasado, diputadas locales de Morena presentaron la iniciativa de despenalización al Congreso de Guerrero bajo la declaratoria de la Corte que invalidó criminalizar a las mujeres y personas que aborten. De aprobarse sería el noveno estado en despenalizar el aborto en México.
Por ahora, por lo menos en Guanajuato, nos dijo Verónica Cruz, la iniciativa para eliminar el delito de aborto está en proceso legislativo sin avances.
Finalmente, consideró que faltan iniciativas conjuntas entre organizaciones civiles, feministas y legisladoras para “dialogar, pensar juntas y ver cómo empujamos entre todas” armonizar las leyes, lograr mayores presupuestos y mejores atenciones en salud sexual y reproductiva.
