Los impactos sociales de tener a un presidente bajo juicio o condenado son profundas. Estados Unidos está viviendo una crisis sin precedente después de que se acusara a Donald Trump de haber intentado subvertir la elección de 2018 que perdió ante Joe Biden, lo cual ha sacudido los cimientos de esa democracia.
Las acusaciones son múltiples y graves, desde mal manejo de documentos confidenciales hasta conspirar para privar a su ciudadanía del derecho a que sus votos sean contados de forma justa.
El efecto ha sido profundo. Por un lado, ha polarizado aún más a su país entre quienes le creen y quienes lo quieren ver en prisión. Ha galvanizado a sus bases más radicales, pero también ha hecho crecer a sus críticos. Es un caso que pone a prueba de forma inédita al sistema de justicia de ese país.
Sea cual sea el resultado, la mitad de la nación estará furiosa.
Esto es histórico en Estados Unidos, pero a nivel mundial hay muchos ejemplos de presidentes que han sido acusados e incluso encarcelados. Solo en América Latina, tenemos el muy particular caso de Perú.
Desde Alberto Fujimori, que gobernó de 1990 al 2000, prácticamente todos sus gobernantes han sido sometidos a proceso. Fujimori acabó en la cárcel, Ollanta Humala también; Alan García prefirió suicidarse antes de enfrentar su proceso; Pedro Castillo fue destituido y encarcelado. Y la lista sigue.
En Brasil, Inacio Lula Da Silva también acabó en la cárcel, para después ser exonerado y ahora gobierna de nuevo ese país. En Argentina se acusó a Cristina Fernández de corrupción, y si bien libró el proceso, gran parte de ese país la considera culpable.
Como esos, hay muchos otros casos. Los efectos sociales son profundos. Por un lado se pierde la confianza en los gobiernos; se polariza a las sociedades; se impacta negativamente la imagen de las naciones.
Pero por otro lado, también tiene un efecto positivo. Manda un poderoso mensaje contra la impunidad y a favor de la rendición de cuentas: no importa si eres o fuiste presidente, tienes que responder ante la ley.
Fortalece la noción de que las instituciones democráticas son sólidas y hay división de poderes.
Es muy temprano para saber qué pasará en Estados Unidos, pero sí sabemos en qué país eso nunca sucede: México.
A pesar de las promesas reiteradas de enjuiciar a expresidentes, de llevarlos ante la justicia para que paguen; a pesar de incluso haber hecho una consulta que nos costó millones para reafirmar esa idea, ni uno de los presidentes pasados ha enfrentado acusaciones judiciales.
Irónicamente el único que ha estado en peligro fue Carlos Salinas de Gortari, hace ya varias décadas, perseguido por su sucesor Ernesto Zedillo.
Pero ni Vicente Fox, ni el muy odiado Felipe Calderón, ni el muy desprestigiado Enrique Peña Nieto están en riesgo.
Así, López Obrador sabe que puede violar la ley sin correr riesgo alguno. No importa si viola las leyes de protección de datos personales, exhibiendo a quienes considera adversarios. Eso no solo es ilegal, es usar el aparato del Estado para investigar a particulares. Tampoco le preocupa violar las leyes electorales, ni los conflictos de interés de su familia.
Porque si algo nos demostraron los presidentes pasados, y se seguirá demostrando en el futuro, es que si hay algo que no se hace en nuestro país es llevar a nuestros mandatarios ante la justicia.
Y como van las cosas, todo indica que el famoso “pacto de impunidad” se mantendrá por mucho tiempo.
