Una agenda política en contra de la migración ilegal no solía ser recurrente en las elecciones presidenciales. No es que la xenofobia sea extraña o novedosa en la política estadounidense, sino que los costos políticos de un discurso de campaña presidencial con tintes xenofóbicos solían ser demasiado altos. Esta tendencia cambió radicalmente con Donald Trump y su política de limitación del flujo de inmigrantes y la banal construcción del “muro” fronterizo con México.
Tan radical ha sido el cambio de apreciación de los costos políticos de la xenofobia que el suspirante presidencial y gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ha decidido apoyar y firmar la ley 1718 que atenta contra derechos y garantías de los inmigrantes indocumentados en ese estado.
En vigor desde el pasado sábado 1 de julio, la ley 1718 establece un cerco legal que tiene como objetivo sofocar, económica y socialmente, a la población inmigrante que resida en el estado de Florida sin documentos.
Para comenzar, y en contra de las disposiciones más generales de reconocimiento mutuo de marcos legales de otros estados, la ley 1718 declara como inválidas las licencias de conducir expedidas en otros estados y que no requieran prueba de estancia legal en los Estados Unidos.
Esta disposición desamparará a miles de individuos de la única identificación a la que tienen acceso y limitará su acceso a una gran cantidad de servicios que le requieren. Y no solo es el caso de las licencias de conducir, la ley expresamente prohíbe proveer fondos a cualquier organización o entidad que pretenda expedir forma alguna de identificación a personas sin documentos.
La ley también obliga a proveedores de servicios médicos (clínicas y hospitales) que obtienen recursos del programa público Medicaid, a pedir el estado migratorio de los pacientes. Esto volverá aún más difícil el acceso de los migrantes indocumentados a servicios de salud generales y de emergencia.
Aún más, la 1718 ordena la penalización aquellos empleadores, con más de 25 personas en su nómina, a utilizar el sistema E-Verify para realizar nuevas contrataciones. El sistema E-Verify no es nuevo ni es creación de DeSantis: es un sistema creado desde 1996 y tiene el objetivo de “verificar” la elegibilidad de individuos para obtener empleo en los Estados Unidos.
E-Verify depende directamente del Department of Homeland Security y es regularmente utilizado por cientos de empleadores, pero en el caso de algunos estados como Mississippi, Carolina del Sur, Alabama, Georgia y Tennessee (entre otros), su uso es requerido por el gobierno estatal con el fin de limitar el acceso de los migrantes indocumentados al empleo.
El que Donald Trump haya podido navegar exitosamente con una narrativa xenofóbicapopulista no quiere decir que el gobernador DeSantis pueda hacer lo mismo. Pronto sabremos si la xenofobia se instala de manera más permanente en el discurso político nacional estadounidense o si regresará a ser mucho menos recurrida.
