¿El proceso debe cambiar?
Este 2019 la Universidad Autónoma de México (UNAM), la más importante de América Latina, elige nuevamente a la persona titular de la Rectoría; es decir, el “jefe nato” de la Universidad (como se definió hace medio siglo), quien tiene la representación legal y encabeza la presidencia del Consejo Universitario.
El cargo es de cuatro años pero con posibilidad de reelección, ¿podrá Enrique Graue, rector actual, repetir en el puesto?
Primero, ¿cómo y quién elige?
Desde 1945, la designación la hace la Junta de Gobierno de la Universidad, formada por 15 personas, la gran mayoría elegidas por la Rectoría. La Junta lanza una convocatoria y recibe comentarios (sólo por escrito) del alumnado, personal y cuerpo académico sobre personas que podrían ocupar el cargo.
Después elige algunos nombres y les solicita un proyecto de dirección; quienes lo entregan, obtienen una candidatura oficial y deben comparecer ante la Junta. Gana quien sume al menos 10 de 15 votos totales. Salvo los criterios de nacionalidad, edad y grado académico, las valoraciones para elegir a la persona titular de la Rectoría son a discreción total de quienes integran la Junta.
Tres generaciones de hombres, médicos y priistas
En las elecciones más recientes, existe una fórmula que parece seguir tres patrones: ninguna mujer, Directores de la Facultad de Medicina, y -tras concluir su gestión- funcionarios de alto nivel en gobiernos priistas.
Como ejemplo, antes de ocupar el cargo, los rectores más recientes: Juan Ramón de la Fuente, José Narro Robles y Enrique Graue, fueron Directores de la Facultad de Medicina. Al salir, Narro Robles se convirtió en Secretario de Salud -como Juan Ramón de la Fuente– y ahora contendrá por la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Otro ejemplo: el rector Jorge Carpizo (1985-1989), se convirtió después en titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego en Procurador General de la República, después en Secretario de Gobernación y más tarde en embajador de México ante Francia.
¿Coincidencia?
Imanol Ordorika, uno de los dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) durante la huelga de 1987, explicó en su libro La disputa por el Campus que, por años, el principal factor para la elección del titular de la Rectoría ha sido la decisión presidencial, incluso después de 1929, cuando el Legislativo le otorgó a la UNAM la autonomía.
El líder político explicó que el vínculo entre las dependencias de gobierno y distintos grupos de poder universitarios se ha definido a través de la historia, especialmente en cambios de gobierno y movimientos sociales.
Sin embargo, esta relación se institucionalizó precisamente tras la Ley Orgánica de 1945, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho (en plena pugna entre liberales y socialistas) ordenó al rector Alfonso Caso crear una Junta de Gobierno que “despolitizara” la Universidad para que quienes la dirigieran buscaran sólo el conocimiento científico.
Y, con base en ello, el rector eligió a personajes con “suficientes méritos académicos y fuerzas políticas al interior de la universidad” para conformar la Junta, la mayoría personajes de la Facultad de Medicina y Derecho que desde décadas atrás ya conformaban grupos de intelectuales y que tenían vínculos en la administración pública.
Según Ordorika, existen pruebas de la intervención presidencial en la designación de rectores por parte de la Junta, aunque con distintos mecanismos y nivel de influencia. “No hubo, entre 1945 y 1966, ningún caso en el que la Junta nombrara a un rector que no fuera del agrado completo del presidente”; quien -señala el autor- parecía tener más influencia que lo que pensara la mayoría de la Junta, y era decisiva para que los rectores continuarán en el cargo ante las protestas estudiantiles.
Esto explica que haya un perfil entre rectores: “Todos varones (y) desde el punto de vista de las distintas disciplinas académicas, (la Junta) estaba claramente dominada por abogados y médicos”, aunque con diferencias ideológicas, detalla el texto.
También señala que sólo en los años 60 hubo un grupo que se vinculó con la academia de las Ciencias Sociales y que se enfocó en las responsabilidades de la institución, pero esto iba en contra de las intenciones del gobierno que querían un plan educativo más técnico-científico y con menos posibilidad de politización.
Esto explicaría por qué representantes de las Facultades de Ciencias Sociales nunca han tenido un espacio significativo en la Junta y, por consiguiente, tampoco han alcanzado la rectoría.
Este enfoque se intensificó en las movilizaciones del 1968 y con los grupos que apoyaron al exrector Javier Barros Sierra. Aunque en este periodo se obtuvieron concesiones para el estudiantado, Barros nunca habló de democratizar la elección del rector.
En su estudio, Ordorika reconoce que, desde el origen de la universidad existen estudiantes, personal académico y administrativo organizado en contra de los grupos dominantes, quienes han cuestionado la existencia de la Junta y siempre han pedido un modelo más democrático de elección de la máxima autoridad.
La actualidad
Un exlíder universitario y ahora político de relevancia nacional -quien pidió no revelar su identidad- aseguró en entrevista para Cuestione que la Junta de Gobierno aún toma la decisión con base en la capacidad de gestión demostrada (por ejemplo, al frente de una Facultad), trayectoria intachable, méritos académicos, conocimiento de la vida política social del país, capacidad de liderazgo, visión y la fuerza política al interior de la universidad.
La fuente asegura que los presidentes sí han querido incidir en la decisión del rector pero no cree que hayan tenido éxito; también dijo que no es coincidencia que los rectores se dediquen a la función pública luego de que dejen el cargo, ya que resultan un perfil atractivo para los gobiernos por la capacidad de gestión que demuestran al frente de la UNAM.
Y reconoció que durante las elecciones del titular de la Rectoría, especialmente en los años recientes, hay injerencia de figuras políticas vinculadas a los partidos políticos, pero que operan sólo en el plano de la opinión pública; es decir, son líderes de opinión que comentan públicamente sus preferencias, pero hasta ahí.
El político entrevistado señaló que, actualmente, la decisión la toman los grupos de élite (de personas con trayectoria académica) que son muy diversos en las ciencias sociales y más verticales y tradicionales en ciencias duras, y que, en su opinión, lo mismo pueden ser progresistas que conservadores. Aunque, él no podría afirmar que haya división de grupos por partidos políticos.
Admitió que, a fin de no polarizar a la comunidad universitaria, antes de presentar las propuestas, los grupos élites discuten y perfilan a una figura suficientemente fortalecida y hacen una propuesta unificada. Esto llevó a que en 2015, algunas personalidades de la izquierda (hoy vinculadas con Morena) se bajaran de la contienda.
El exlíder refirió que en las elecciones de 2015, también hubo mayor pluralidad de posicionamientos por medio de las plataformas digitales. Para ese mismo año, un grupo de académicos y estudiantes enviaron una carta a la Junta de Gobierno para pedirle que transparente el proceso deliberativo y transmita en vivo las comparecencias.
Sin embargo, según dijo la fuente, si quisieran modificar esta forma de designación, tendrán que presentar una opción suficientemente sólida para demostrar que se puede gestionar la universidad de otra manera.
¿Qué viene este 2019?
Hasta ahora, Graue no ha manifestado su intención de repetir el cargo. Ni se ha destapado el nombre de algún personaje que tenga intenciones de ocupar la silla del rector. A pesar de que se han propuesto, la máxima casa de estudios nunca ha tenido a una mujer en el cargo ¿será que ahora sí elijan a una?
