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El guardián de las elecciones
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El guardián de las elecciones
No necesitamos regresiones electorales
30 Jun | 2020
Por: Facundo González Bárcenas
El guardián de las elecciones
No necesitamos regresiones electorales
Facundo González Bárcenas por: Facundo González Bárcenas
Jun 30, 2020
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En el marco del anuncio presidencial acerca de la posible desaparición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en días pasados el presidente López Obrador informó que su gobierno está haciendo una revisión de los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que considera que son muy caros, tienen una estructura excesiva y son ineficientes, además de que muchas de sus funciones podría realizarlas el gobierno.

El presidente también sostuvo que a pesar de que “el INE es el organismo electoral más caro del mundo” no ha garantizado limpieza en las elecciones, por que, dijo, hubo fraudes en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 y en 2018 el reconocimiento de su triunfo sólo se debió a que los votos en su favor fueron una ola que hizo imposible el fraude. 

Estas declaraciones se suman a otras que el presidente ha hecho en el sentido de que su gobierno construirá una auténtica democracia, según él inexistente en nuestro país hasta antes del inicio de su mandato. El remate a estas afirmaciones fue el compromiso de que durante el próximo proceso electoral él, Andrés Manuel López Obrador, se convertirá en “guardián de las elecciones” y lo hará, dijo, porque también cuenta con derechos ciudadanos.

Con esta declaración el mandatario parece desconocer un principio jurídico básico que todo gobernante debería traer tatuado en la memoria y consultar con frecuencia: los gobernantes sólo pueden hacer aquello que las leyes expresamente les permiten, a diferencia de los ciudadanos, que pueden hacer todo aquello que no esté prohibido en las leyes. 

Así, la libertad del gobernante es menor que la de los gobernados, y está bien que así sea precisamente porque el poder  - y la responsabilidad - del primero es mucho mayor que el de cada uno de los segundos. El gobernante es depositario de un poder público que los ciudadanos le confieren temporalmente y sólo para aquello que sea previamente aprobado por los representantes populares que integran el Poder Legislativo.

Acotar lo que el gobernante pueda hacer y sólo permitirle usar el poder para efectuar lo que expresamente le está señalado en las leyes mediante facultades y atribuciones específicas, es un mecanismo que pretende evitar el abuso y la arbitrariedad en el ejercicio del poder público. Y no, ni en la Constitución ni en las leyes de México se le otorga al presidente la función de ser “guardián de las elecciones” y, por lo tanto, tampoco se le confieren facultades al respecto.

López Obrador debe entender que él no es un ciudadano cualquiera, pues lo que él diga o haga, precisamente por ser presidente, tendrá repercusiones que no lograría  tener lo que cualquier otro ciudadano diga o haga. Él está investido de las numerosas funciones y facultades que corresponden al jefe de Gobierno y jefe de Estado y no puede en la palestra pública hacer a un lado o ignorar temporal o momentáneamente esta investidura.   

Además, si se revisa la larga experiencia electoral mexicana será evidente que uno de los ejes básicos de la transición que se llevó a cabo durante varias décadas mediante sucesivas reformas electorales, fue justamente expulsar al poder presidencial de los procesos electorales y, en particular, acabar con su intromisión en la organización de las elecciones, como medidas para poder avanzar en la garantía de libertad y equidad de los comicios.  

A partir de 1946 que se formó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, pasando por la Comisión Federal Electoral de 1988, de triste memoria, y continuando con la creación de IFE en 1990, los organismos nacionales encargados de organizar las elecciones siempre estuvieron encabezados por el secretario de Gobernación, es decir, por el Poder Ejecutivo. Siempre tuvieron una composición numérica favorable a los criterios e intereses presidenciales, lo que era una de las condiciones que hicieron posible la hegemonía del PRI.

Aun cuando hubo reiterados intentos de acotar el poder del Presidente en materia electoral, no fue sino hasta 1996 que la reforma electoral de ese año logró terminar con la participación directa del Poder Ejecutivo en la administración y organización de elecciones, al “ciudadanizar” al IFE y otorgarle autonomía plena

Los efectos de esta autonomía fueron casi inmediatos ya que, junto a otros importantes factores, en las elecciones de 1997 el PRI perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el año 2000 también perdió la presidencia de la República. A la fecha se han acumulado otras dos alternancias en la titularidad del Poder Ejecutivo federal y muchas otras en los gobiernos locales y municipales. 

La última de las alternancias presidenciales corresponde al triunfo del hoy presidente López Obrador, ya que si bien es cierto que el abundante caudal de sus votos constituyó una gran ola, también es verdad que los votos contaron y se contaron de manera adecuada.   

Al retirar al presidente de la República de la organización electoral se logró evitar que continuara siendo juez y parte en las contiendas electorales. Esta decisión  significó un gran avance en el desmontaje de los múltiples recursos que al Poder Ejecutivo le permitieron detentar durante décadas el control electoral con el que favoreció a su partido y a sus candidatos oficiales. 

Asimismo, en la actualidad el presidente y los funcionarios públicos tienen un conjunto de prohibiciones que buscan evitar el uso de su investidura y de los recursos que manejan, en favor de algún candidato.

Cabe mencionar que las disposiciones constitucionales y legales que prohíben que los gobernantes se inmiscuyan en los procesos electorales, existen y deben seguir existiendo más allá de si el presidente o algún otro gobernante en turno dice tener  buenas intenciones o si tiene o no convicciones democráticas. 

En materia electoral estas normas jurídicas deben prevalecer y su aplicación no debe depender de los atributos políticos personales o las intenciones reales o supuestas del gobernante. 

En síntesis, lo que constitucional y legalmente deben hacer el mandatario, los gobernantes y sus funcionarios públicos es mantenerse al margen de las elecciones  y dejar que sean los organismos electorales quienes los organicen de manera autónoma, tal como señala la Ley. 

En México no necesitamos regresiones electorales de la mano de superhéroes que con el rimbombante y auto conferido título de “guardián de las elecciones” se inmiscuya en lo que no les corresponde. Lo que requerimos es que todos acatemos la Constitución y las leyes que de ella emanan, tal como se comprometió a hacerlo el presidente en su toma de posesión.    

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