Una de las promesas de campaña del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, retó a los “incrédulos”, afirmando que acabaría con ella en el país; sin embargo, la corrupción solo ha disminuido (más no acabado) en la percepción de algunas personas, porque las cifras de víctimas y los costos, dicen otra cosa.
¿Cuánto disminuyó la percepción?
El abuso del poder para beneficio propio –como la Secretaría de la Función Pública define la palabra corrupción– ocurrió de manera frecuente o muy frecuente para el 87% de la población (de 18 años o más) en 2019, siendo el porcentaje más bajo de los últimos cuatro reportes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Sí, hubo una disminución de cuatro puntos porcentuales en la percepción de que la corrupción es frecuente en el primer año de gobierno de López Obrador, con respecto al año 2017. Lo que sigue siendo un porcentaje altísimo.
Una hipótesis de que la percepción de corrupción bajó en 2019 es que “el discurso presidencial tuvo un efecto positivo por la fuerte propuesta política de combatir la corrupción lo que es natural considerando que la base de simpatizantes (de López Obrador) es la más cohesionada que haya existido desde Ernesto Zedillo (1994-2000)”, dijo Miguel Pulido, director de la organización Antifaz y conductor de Derecho Remix (podcast de divulgación jurídica), en entrevista con Cuestione.
Por su parte, Janet Oropeza, investigadora del área de rendición de cuentas y combate a la corrupción del centro de análisis e investigación Fundar, coincidió con Pulido y agregó que se han hecho cosas, “como la reforma constitucional para que el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones sean delitos, la extinción de dominio y el seguimiento de delitos como el caso Odebrecht”.
El presidente de México declaró el 22 de mayo de 2020, en conferencia de prensa, que “en todas las mediciones que se hacen, incluso las que hace Transparencia Internacional, la percepción de que está bajando la corrupción en México es una realidad”.
Si bien es cierto que las cifras de Transparencia Internacional dicen que México mejoró ocho posiciones de 2018 a 2019, colocándose en el lugar 130 de 180 países evaluados, también es un hecho que el indicador sólo mejoró un punto, pasando de 28 a 29 (en una escala de 0-100, en la que 0 es igual al nivel más alto de corrupción percibida y 100 es igual al más bajo).
Sin embargo, “la medición de transparencia internacional está sujeto a otros fenómenos como el contexto político electoral, el carisma de los candidatos, la sensación en contra de un gobierno, que entre mayor libertad de expresión y periodismo de investigación haya en un país, se discuten con más potencia esos temas, que donde no. Y es más complejo que eso”, mencionó Miguel Pulido.
De acuerdo con Transparencia Mexicana, nuestro país se encuentra en el último lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero, de nuevo, hablando de percepción.
La realidad dice lo contrario
Si comparamos cuántas personas sufrieron algún acto de corrupción, vemos que la tasa es la más alta de las últimas cuatro encuestas del INEGI y que aumentó 7.5% de 2017 a 2019, llegando a 15 mil 732 víctimas por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional.
El momento en el que más se reportó un acto de corrupción fue al tener contacto con autoridades de seguridad pública por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o administrativas (59.2%); seguido de permisos relacionados con la propiedad, trámites ante el Ministerio Público y trámites municipales.
Y, como se señaló al inicio de esta publicación, el costo promedio a consecuencia de la corrupción también creció: pasó de dos mil 450 pesos por persona afectada en 2017, a tres mil 822 pesos en 2019, un aumento de 56%.
Que el costo total por corrupción llegara a 12 mil 770 millones de pesos en 2019 se puede explicar, de acuerdo con la ENCIG, debido a que al menos en tres de los cinco tipos de trámites que mide la encuesta, se tiene la seguridad de que se incrementó el costo de incurrir en un acto de corrupción:
- Contacto con autoridades de seguridad pública: 39.5%
- Trámites vehiculares: 14.3%
- Pago de tenencia o impuesto vehicular: 5.7%
- En trámites en el registro civil y trámites de educación pública no se obtuvo una cifra estadísticamente significativa, es decir, que no hay evidencia suficiente para afirmar que realmente aumentó.
Las víctimas no denuncian
El 81% de las personas que tuvieron contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción no denunció, lo que podría estar relacionado con la poca confianza que se tiene en el Ministerio Público (34.4%).
Los dos principales motivos por los que las víctimas no denunciaron son: “es inútil, no le darían seguimiento” y “por ser una pérdida de tiempo”; aunque hay quienes no denuncian porque creen que la corrupción es una práctica muy común.
Al parecer, hacen falta acciones distintas para que en la práctica realmente disminuya la corrupción, lo que podría complicarse “con la disminución de casi 70% del presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción para 2020”, mencionó Janet Oropeza.
La investigadora de Fundar sugiere “fortalecer la forma en la que operan las instituciones y darle una dirección estratégica a las áreas de riesgo, por ejemplo si ya hay indicios de que en las obras públicas suele ocurrir corrupción, hay que generar una política enfocada a disminuírla”.
