Aunque la lucha por la libertad nunca se ha apagado en México, desde hace 50 años millones de mexicanas y mexicanos han peleado, incluso hasta la muerte, por tener mayores libertades y derechos.
Algunos de los hitos de esa lucha son, por ejemplo, cuando los estudiantes se organizaron para oponerse al régimen represor de partido único en 1968. Otros son los movimientos de campesinos o la organización política de los años setenta y ochenta.
Incluso las guerrillas, cuya representación más evidente es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los noventa, contribuyeron a que México transitara desde un régimen de partido hegemónico hacia la democracia más o menos funcional, más o menos representativa que tenemos hoy.
Y en ese camino hemos ido ganando derechos políticos y ampliando nuestras libertades. Incluso hemos logrado algunas instituciones autónomas que han hecho realidad derechos humanos con los que las generaciones pasadas solo soñaban, como el derecho a la participación o el derecho a la información.
Hoy, los votos cuentan y se cuentan, lo que nos permite elegir a las y los gobernantes que más convencen a las mayorías. También hemos construido un debate público más plural a través de una prensa cada vez más libre, siempre recordando que hay temas que le han costado la vida a cientos de colegas periodistas en el país. Pero, al menos, se puede criticar al poder como antes no se podía.
Además, podemos cuestionar al sistema a partir de información pública que ya no es patrimonio de los funcionarios, sino que está disponible para que cualquier persona pueda consultarla o pedirla.
Y las instituciones para garantizar cada uno de esos derechos han costado tiempo, trabajo y dinero.
Sin embargo, las respuestas del gobierno ante la crisis sanitaria pueden poner en peligro lo ganado. Y es que, si vemos lo que ha sucedido en otros países del mundo, las experiencias se parecen a las series y novelas distópicas, esas en las que el futuro es terrible y el gobierno super autoritario.
En China, por ejemplo, la epidemia hizo evidente cómo las personas sacrificaron su privacidad para detener el contagio: a través de cámaras con reconocimiento facial, termómetros públicos y aplicaciones móviles, el gobierno puede, por ejemplo, saber si las personas que viajaron en un vagón de tren compartieron ese espacio con alguien con la temperatura corporal elevada.
El problema de esos sistemas de vigilancia es que nos roban la privacidad, un derecho indispensable para el desarrollo de la personalidad. Y le dan al gobierno poderes sobre nuestra vida que nos quitan libertades para actuar, criticar, pensar, emprender o disentir.
Eso, que parece muy lejano para nuestro país, está a la vuelta de la esquina. Y es que a pesar de que durante el anuncio de la emergencia sanitaria la semana pasada se nos insistió que no estamos en un estado de excepción, algunas señales empiezan a ser preocupantes: ¿qué tienen que hacer, por ejemplo, el Ejército y la Marina administrando hospitales civiles?
¿O por qué se considera que la transparencia y el acceso a la información no son actividades esenciales? Es una pésima señal que en un momento en el que las y los mexicanos requieren tener canales abiertos de comunicación con el gobierno, el Instituto Nacional de Acceso a la Información haya decidido cerrar su ventanilla de atención.
Las crisis son oportunidades y México ha tenido suficientes para saber que se requieren esfuerzos descomunales para salir de ellas. Por eso, lo primero que necesitamos son certezas. Y una de las principales es saber que el Estado podrá respetar los límites a su poder y garantizar nuestras libertades y derechos.
Sin esa garantía, será difícil recuperar la confianza necesaria para salir de esta crisis.
Es por ello que esta semana, en Cuestione, hablaremos de los peligros que representa esta crisis para nuestros derechos civiles y políticos y de cómo tenemos que estar atentos a las señales para denunciar cualquier intento de vuelta al pasado.
