“¿Cómo es posible que se te ocurra dormirte sin calzones?”, le dijeron con tono de burla unas trabajadoras sociales a Adela cuando acudió a realizarse un aborto a una clínica de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México.
Para alcanzar una de las 20 fichas, las mujeres que buscan una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) deben llegar a las 4:30 de la mañana. “Vi llorar a muchas que estaban por cumplir las 12 semanas de embarazo para una interrupción legal y perdieron la oportunidad porque les faltaba algún documento”, dijo Adela a Cuestione.
“Te tratan como animal, ningún doctor te mira a los ojos, nadie me explicó nada y tampoco me querían dejar salir si no autorizaba un método anticonceptivo”, contó Liliana, quien acudió de emergencia al Hospital General tras complicaciones por la interrupción de su embarazo con pastillas abortivas en su casa.
Brenda pagó siete mil pesos por un proceso de aspiración con sedantes en una clínica privada. Quería acabar cuanto antes con su embarazo sin enterarse de nada y casi lo logra. En la sala de recuperación escuchó los gritos desgarradores de otra mujer que al parecer no tuvo para pagar los sedantes y sólo le alcanzó para analgésicos locales. Brenda nunca olvidará ese día, ni los gritos de aquella mujer.
Las tres mujeres, cuyos nombres fueron cambiados para proteger su identidad, tienen algo en común: fueron maltratadas al acudir a ejercer su derecho legal de interrumpir su embarazo en Ciudad de México y Oaxaca. Pero al parecer, el derecho de hacerlo sin violencia no se ha contemplado.
CDMX, el refugio de quienes deciden sobre sus cuerpos.
En la Ciudad de México, desde abril de 2007, cuando se despenalizó el aborto, a septiembre de 2019, más de 216 mil mujeres (casi dos veces la capacidad del Estado Azteca), procedentes de todo el país , acudieron a la capital mexicana a interrumpir sus embarazos, según información de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
La mitad de ellas eran solteras. La mayor proporción de las que se practicaron ILE fueron de entre 18 y 24 años. La práctica más recurrente (168 mil casos) de interrupción del embarazo en dicho periodo fue mediante medicamento, precisó un informe de la Secretaría de Salud.
El derecho de abortar con dignidad
“El embarazo, sin importar si llega a término o no, es uno de los periodos más significativos en la vida de las mujeres. Si a la hora de parir enfrentan violencia obstétrica casi de manera automática, a la hora de abortar es peor”, dijo a Cuestione la activista María Aïssata Si González.
La violencia obstétrica es una forma de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres al momento de recibir atención médica para el embarazo. Puede ser física y psicológica; en la primera, las mujeres son sometidas a prácticas invasivas como tactos, episiotomías, cesáreas y suministro de medicamentos sin justificación, de acuerdo con información del Grupo de información de Reproducción Elegida (GIRE).
La psicológica se considera trato deshumanizado que consiste en no informar los procedimientos médicos, pedirles que no se quejen, regañarlas y humillarlas, por mencionar solo algunas, según el GIRE.
Aunque en la Ciudad de México y Oaxaca las mujeres ya pueden acceder a la Interrupción Legal del Embarazo, aún se violan sus derechos humanos a la hora de ir a abortar. De entrada, porque el trato está supeditado a quienes pueden pagar por mejores servicios médicos, dijo María Aïssata, también médica cirujana, quién ayuda a mujeres a tener abortos seguros en sus casas.
“O te vas a hacer fila o te lo pagas en un particular”. En los servicios públicos la atención médica es adecuada, el problema es la excesiva burocracia en los primeros filtros de atención donde la intención parece ser la de no practicar estos servicios, explicó María Aïssata.
Pagar una ILE en una clínica privada no garantiza un mejor trato. “Las atendían como en fábrica, nadie les explicaba, solo era ir a sacar el trabajo, el aborto se cobraba igual con pastillas que quirurgico, que cuesta más del doble que uno con pastillas. A cada doctora le daban su comisión cada que alguien aceptaba su sedación, obvio, por un monto extra”, explicó María Aïssata, quien trabajó durante unos meses en una clínica privada de ILE.
Tanto en clínicas públicas como privadas, uno de los malos tratos que son comunes es que personal médico no ofrecen información adecuada y tienden a ser insensibles. “El momento amerita un trato humano, ir a practicarse un aborto ya coloca a la mujer en una posición de vulnerabilidad (…) hay falta de apertura de los y las doctoras, nadie les les dice a las pacientes qué les pasa, cuál es el procedimiento, que es normal y qué no. Ellas deben sentirse cómodas, pero los médicos sólo se ponen a ordenar y dar instrucciones”, puntualizó Si González.
En México, donde viven más de 57 millones de mujeres, solo las poco más de seis millones, que viven en la Ciudad de México y Oaxaca, según información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), pueden ejercer el derecho de abortar sin ser penalizadas, como en el resto del país.
En este país, una de cada tres mujeres que tuvieron parto o cesárea entre 2011 y 2016 fueron maltratadas, de acuerdo con el reporte Hombres y Mujeres en México 2018. Pero para las violencias que enfrentan las mujeres a la hora de abortar y así decidir sobre sus cuerpos, ni siquiera hay registro.
