El 12 de mayo, Carmen Aristegui recibió calificativos como periodista “vendida” por parte de algunos usuarios de redes sociales, después de publicar una investigación sobre campañas orquestadas presuntamente con recursos públicos contra periodistas y extrabajadores de Notimex.
La investigación -hecha en conjunto con Artículo 19 y Signa Lab, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente- concluyó que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería condenar públicamente las agresiones contra periodistas.
Por el contrario, la publicación de esta investigación desató una serie de reacciones en contra de Carmen Aristegui.
Algunos usuarios cuestionaron su ética periodística.
Otros usuarios le reprocharon el apoyo que le dieron en el pasado.
Y otros más, encontraron una agenda de intereses personales detrás de su trabajo periodístico.
La Aristegui perdió su credibilidad y profesionalismo por desicion propia, ahora es una chayotera repugnante más, asi que dejese de pataletas Sra.
que salga aclarar hasta donde solapó a su ex marido Emilio Zebadua, brazo derecho de la Robles en la estafa maestra ! Que Aclare !— Dexter Arzenta (@ArzentaDexter) May 28, 2020
¿Qué sucede si cada vez que un periodista critica al gobierno, se le acusa de ser parte de un bando que está a favor de la corrupción y en contra del avance del país? ¿Cuáles son los efectos de esta intimidación?
Platicamos con Vladimir Cortés, Oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, quien opina que “lo que estamos observando es un nuevo rostro de viejas prácticas”.
“En sexenios anteriores denunciamos el intento de imponer una serie de narrativas. Ahora también observamos este intento por generar una sola narrativa, una sola visión y, al mismo tiempo, silenciar y atacar periodistas”, dijo Cortés.
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De acuerdo con el especialista, hay evidencia de que existe una articulación coordinada y sostenida para dirigir ataques muy particulares contra periodistas, favorecer la imagen del gobierno y reducir el alcance de voces críticas y disidentes.
“Lo que hemos observado en Artículo 19 es que, primero, se alimenta un tono de animadversión hacia la prensa, que tiende a contagiar la discusión en las redes”.
Luego, según el entrevistado, usuarios reales y bots usan estos calificativos puestos desde las autoridades para responder a cualquier crítica contra el presidente o el gobierno actual, para mostrar que es imposible cuestionarlos.
Después, se identifica al periodista o al defensor de derechos humanos que cuestiona al gobierno y se convierte en objeto de una oleada de ataques que se amplifican hasta volverse virales.
“Este tipo de calificativos que se han utilizado desde las autoridades, como el hampa del periodismo, se traducen en una sensación de intranquilidad de las y los periodistas de saber que es el mismo gobierno el que está promoviendo un discurso estigmatizante”, dijo Cortés.
También, de acuerdo con el especialista, esta estigmatización tiene un efecto a nivel emocional en la persona que recibe mensajes amenazantes, intimidatorios, xenófobos o misóginos, lo cual puede derivar en hostigamiento o en intimidación por el trabajo periodístico.
“Y algo que nos resulta preocupante es que esto derive en agresiones físicas o en autocensura”, dijo Cortés.
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¿Qué efectos provoca esta intimidación contra periodistas?
Vladimir Cortés explica que este tipo de ataques coordinados pueden tener un efecto multiplicador, que más personas se sientan con el permiso de agredir de esta manera y que escale hasta llegar a agresiones físicas.
“Es preocupante esta suerte de permisividad no solo para desacreditar el trabajo de alguna periodista o de alguna voz crítica, sino que esto además se pueda convertir en alguna forma de agresión o de intimidación al trabajo periodístico”.
Además, según Cortés, la estigmatización de ciertos periodistas puede derivar en el descrédito de esa persona en específico, “lo cual afecta el ejercicio de derechos y particularmente la libertad de expresión”.
“La mayor implicación que esto tiene en materia de libertad de expresión y derecho a la información es que esas voces críticas, necesarias en una democracia, se retraigan”.
El experto señala que la autocensura se puede imponer como uno de los remedios para que se detenga el hostigamiento, o para detener el miedo a que las agresiones verbales escalen a agresiones físicas.
“Estas oleadas de ataques, este efecto vertiginoso de quienes habitan las benditas redes sociales, lo que hacen es empujar hacia el silencio”, dijo Cortés.
Si bien esta intimidación no es censura porque no borra literalmente el mensaje, según el entrevistado, sí busca inhibir voces, busca quitar credibilidad al periodismo crítico y busca evitar que se cuestione y se indague al gobierno.
“Esta voracidad de la crítica y el disenso lo que hace es inhibir el derecho a la libertad de expresión y limita el alcance del ejercicio periodístico y, sobre todo, el escrutinio de la vida pública”, concluyó Vladimir Cortés.
¿En algún momento de este sexenio saldrá López Obrador a condenar públicamente las agresiones contra periodistas? ¿Se garantizará la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información?
