Sin haberse conocido y con cerca de 400 kilómetros de distancia, Enrique Guerrero Aviña, en la Ciudad de México, y Leonel Manzano Sosa, en Oaxaca, fueron detenidos el mismo día, por el mismo delito.
Enrique y Leonel tenían vidas diferentes: el primero era estudiante de Filosofía en la UNAM y el segundo era miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Lo único que los unía era una causa en común: ambos estaban en contra de la reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto.
Tras la detención de ambos, el 17 de mayo del 2013, ninguno fue informado de cuáles eran los cargos en su contra. Sus nombres figuraban en el mismo expediente que señalaba a 12 personas de secuestrar a dos niños, sobrinos de un empresario.
Guerrero y Manzano acusan haber sido torturados y llevados a prisión, donde pasaron cinco años y siete meses en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, sin recibir una sentencia.
“Ese tiempo va ser irrecuperable. No hay forma de repararlo, pero también fue un tiempo de aprender que no estamos solos”, dijo Guerrero a Cuestione.
La liberación
Hay otra fecha que también comparten Enrique y Leonel: el 28 de diciembre de 2018, cuando salieron libres, como parte del compromiso de liberar a los presos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hasta el momento suman 16 personas.
Leonel Manzano lo explica así: “¿Por qué se da nuestra detención? Para frenar nuestra capacidad de crecimiento en la lucha electoral, como organización social, pero más estratégico, para crear un montaje por parte del Estado para satanizar las futuras movilizaciones de la CNTE a partir de la Reforma Educativa”.
Sin embargo, el criterio para definir qué es un preso político y quiénes son candidatos a la liberación se mantiene como un misterio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la que México es parte) llama “preso político” a una persona privada de su libertad por motivos políticos.
Hoy no es posible saber cuántos presos políticos hay en México por la falta de un registro nacional de detenidos, dijo a Cuestione, Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos en México. Sin saber quiénes están detenidos, tampoco las razones por las que llegaron a prisión.
No hay claridad de cuántos presos políticos hay en México. Mientras que una de las organizaciones civiles que más ha trabajado el tema, Comité Cerezo, contabilizó 130 casos; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dicho que se revisan 368 casos.
“Vemos con preocupación es que se alargue este proceso y que al final sólo liberen a unos presos y no a todo el universo”, dijo Héctor Cerezo, representante del comité Cerezo.
Al menos, 199 casos (19 de mujeres) habrían sido referidos en una lista que la senadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Nestora Salgado, entregó a mediados de diciembre.
¿Cómo se gestó esa lista? Nadie sabe. En teoría, debería discutirse en una mesa de trabajo con organizaciones civiles, sin embargo, ninguna organización defensora de presos políticos parece haber sido invitada.
La lista podría ser mayor
El representante de la ONU, Jan Jarab, teme que podría haber más casos fabricados, ya que en México, la mayoría de las aprehensiones se dan en flagrancia, cuando en la mayor parte de los países con instancias judiciales más desarrolladas se hacen al ejecutar una orden de aprehensión, después de que ya hubo una investigación: “Esto nos lleva a sospechar que muchos de los casos de supuesta flagrancia, no lo son, y eso sí es muy preocupante”.
En 2016, el 25.5% de la población privada de la libertad fue arrestada en flagrancia, 21.5% sacada por la autoridad de un lugar privado, sin una orden de detención; y 13.1% con una orden de detención, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
¿Qué sigue?
El partido Movimiento Regeneración Nacional fijará el 6 de febrero los temas más importantes a tratar en los próximos meses, entre los que podría estar la iniciativa para una nueva Ley de Amnistía.
