México
Foto: Margarito Pérez Retana/ Cuartoscuro
Ministerios públicos rebasados y sobrecargados, un obstáculo para la justicia
México
Ministerios públicos rebasados y sobrecargados, un obstáculo para la justicia
¿Qué retrasa las investigaciones?
24 Jun | 2019
Por: Redacción
Muy Cierto
Ministerios públicos rebasados y sobrecargados, un obstáculo para la justicia
¿Qué retrasa las investigaciones?
Jun 24, 2019
por: Redacción
Muy Cierto
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“Fui víctima de un robo con violencia, pero no quise denunciar porque sólo iba a perder tiempo y nadie me iba a regresar mis cosas”. ¿Has escuchado esta frase alguna vez? Así reflexionó Claudia, quien fue asaltada en mayo pasado (por segunda vez en ese mes) en el Estado de México.

¿Qué tanta razón tiene Claudia?

Toda. En México, el tiempo promedio de espera, sólo para interponer una denuncia en los Ministerios Públicos, es de dos horas y 15 minutos.

Además, la espera puede no servir de nada, ya que la probabilidad de que un delito se resuelva es tan sólo de 1.14%, de acuerdo con la investigación Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2018, de la organización civil Impunidad Cero.

¿Por qué?

No es uno, sino varios los factores que contribuyen a que en México el acceso a la justicia sea una aspiración tan lejana:

Ausencia de agencias del Ministerios Públicos

Las agencias de Ministerio Público (MP) son las que reciben las denuncias, concentran las investigaciones, solicitan medidas especiales (como las precautorias, que se refieren a  resguardar bienes y personas), a la autoridad competente; determinan la acción penal; y solicitan el apoyo de la policía para asegurar a quienes intervienen en los procesos judiciales.

En el nuevo sistema penal acusatorio, las agencias del MP son quienes solicitan la reducción de las penas en los procesos abreviados; vigilan el respeto de los derechos humanos en los procesos penales; y analizan si se cuenta con elementos necesarios para la acusación.

Sin embargo, en México hay, en promedio, ocho agencias de MP por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la organización Impunidad Cero, lo que hace que estén rebasados y que cada uno se haga cargo, en promedio, de 172 casos.

Esto es por demás alarmante, en un país como México, con una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con 20.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de países como El Salvador (60);Venezuela (53.7); Honduras (42.8); Sudáfrica (34.3); Brasil (27.8); Guatemala (26); y Colombia (22.0). Otros estudios ponen a México como el país 22 entre los más letales del mundo.

En 2017, 35.6% de los hogares del país tuvo al menos una víctima de delito; es decir, más de 25.4 milones del víctimas y más de 39 mil delitos por cada cien mil habitantes a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe, 2018).

La escasez de agencias del MP está asociada con resultados bajos de eficacia. La prueba de ello es Sonora, en donde tuvieron lugar al menos 80 homicidios cada mes, en 2018, y que solo tiene 2.3 ministerios por cada 100 mil habitantes, el número más bajo en todo el país, lo que se tradujo en la baja efectividad del cumplimieto de órdenes de aprehensión, la cual apenas fue de 25%, el segundo más bajo del país, de acuerdo con Impunidad Cero.

-Presupuesto débil

En cuanto al presupuesto por persona en procuración de justicia, Ciudad de México, Nuevo León y Chihuahua están entre los primeros lugares de las entidades con más recursos. La capital del país, por ejemplo, invierte a la procuración de justicia más de 690 pesos por persona.

Algunos estados con menos MP por persona destinan una cantidad significativa de recursos presupuestales a dicha dependencia. Por ejemplo, Nuevo León tiene 5 MP por cada 100 mil habitantes, pero destina 671 pesos por persona a esta labor. Mientras que Tlaxcala, con 6.2 MP, dedica sólo 93 pesos por persona.

Pero el dinero no es lo único que se necesita para procurar justicia. Un ejemplo es la Ciudad de México, ya que, según el Índice de Impunidad Cero, sobresale por los recursos que destina a la procuración de justicia (696 pesos per capita), pero está por debajo de la media en la resolución de investigaciones, presenta el menor grado de confianza en sus MP y se incrementó el tiempo de espera para quienes quieren hacer una denuncia: pasó de 140 minutos en el 2015, a 196 minutos en el 2016, tiempo sólo superado por Guerrero, Michoacán y Puebla.

-Pocos fiscales

A esto se suma que las entidades, aunque tengan presupuesto y existan las agencias del MP, no tienen suficientes fiscales, en quienes recae la mayor parte del peso de la investigación. Agentes o fiscales del ministerio público son las personas encargadas de la investigación o averiguación previa, persecución y acusación de un delito.

¿Cuántos fiscales necesita un país? México tiene 8.4 fiscales por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el INEGI. Sin embargo, Impunidad Cero establece que, por lo menos deberían contar con 13 fiscales por cada 100 mil habitantes, como algunos países de Europa Oriental y otros como Paraguay y Panamá que rebazan los 60 fiscales por cada 100 mil personas.

A esto se suma que en varias entidades hay personas que son fiscales pero que están comisionadas a otras tareas que les encomiendan sus superiores, como asesoría, apoyo, visitaduría y revisión de casos.

En consecuencia, dice el informe, los estados con menos fiscales presentan elevadas cargas de trabajo, en específico en el tema patrimonial, que concentran tres o más veces la carga promedio.

Las consecuencias

La consecuencia de poner todos estos ingredientes en un mismo caldero es la impunidad. Según la investigación Homicidio doloso en México: reporte 2018, existe una impunidad de 87.5% para este delito, ya que en México sólo se resuelve uno de cada ocho homicidios dolosos.

Si no hay castigo para quienes delinquen en las calles mucho menos para quienes incumplen sus funciones al interior de los MP. Según otro informe de Impunidad Cero, sólo se sancionan a 8 de cada 100 faltas cometidas por servidores públicos en las investigaciones que realizan.

¿Y a quién se castiga por todo esto?

A las víctimas de delitos, a quienes les es negado el derecho de acceso a la justicia por años o, en ocasiones, de manera permanente. Así como a la ciudadanía, cuyos impuestos van a parar a un sistema de justicia que resuelve sólo uno de cada 100 casos que investiga.



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