A cinco años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, el caso cada vez está más empantanado. La justicia es una deuda que el Estado aún tiene con las familias víctimas de la desaparición forzada.
De las 142 personas detenidas por el caso, han sido liberadas 77 y no existe ni una sola sentencia condenatoria. La violación al debido proceso, una serie de irregularidades en las detenciones y declaraciones obtenidas mediante tortura son algunas de las causas que han hecho que obtengan su libertad.
La Procuraduría General de la República (PGR) –ahora Fiscalía General de la República (FGR)– es la responsable de que los detenidos por el caso Ayotzinapa queden libres, dice Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de derechos Humanos Tlachinollan y representante de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, en entrevista con Cuestione.
“La PGR sabía desde el mes de junio (2018) que la pruebas que los incriminan se iban a excluir por haber sido obtenidas mediante tortura. Ellos tuvieron la oportunidad de reorientar las investigaciones pero no lo hicieron y la FGR tampoco recompuso la investigaciones”, denuncia Rosales.
El compromiso de AMLO con Ayotzinapa ¿se cumplió?
Una de las primeras acciones de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 3 de diciembre de 2018, fue crear la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
La Comisión tenía la misión de “dar todas las facilidades” por parte del gobierno, para hacer la investigación sobre el caso Ayotzinapa. Encinas se fijó un plazo de seis meses para dar resultados. El plazo se cumplió en junio pasado… pero no llegaron los resultados. Sin embargo, Vidulfo Rosales denuncia que el trabajo entre la Comisión y la FGR no se ha conectado, lo que repercute en la investigación penal.
En el marco del quinto aniversario de la desaparición de los normalistas, Encinas informó que el gobierno ha realizado ocho operativos en 48 días de búsqueda por el caso Ayotzinapa, sin haber conseguido “hallazgos positivos”, en cinco municipios de Guerrero: Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y Mezcala.
López Obrador anunció que se darán recompensas de 1.5 millones de pesos para quien dé información fidedigna y verificable sobre el caso. Y 10 millones de pesos para quien ayude a localizar a Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales involucrados. También prometió “facilidades” a quién esté involucrado en el caso y que aporte información.
Cadena de omisiones… y liberaciones
Aunque la desaparición de los 43 normalistas detonó una marea de detenciones, gota a gota más de la mitad han quedado libres. Ya sea por la mala integración de los expedientes judiciales o por casos en los que se comprobó que se cometió tortura para la obtención de las declaraciones.
Entre estas liberaciones, una de las más sonadas y recientes es la de Gildardo López Astudillo, conocido como El Gil o Cabo Gil, presunto líder de la agrupación criminal Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los normalistas.
“Nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua”, decía un mensaje enviado en la madrugada del 26 de septiembre de 2014, al celular de El Gil. Ésa y un tercio del total de las pruebas fueron desestimadas por el juez, quien liberó al implicado el 2 de septiembre pasado.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló, a través de un comunicado, que la sentencia absolutoria de El Gil “es consecuencia de las irregularidades y violaciones graves a derechos humanos” cometidas por la entonces PGR.
El 12 de junio del 2018, 34 de los detenidos por el caso denunciaron que fueron víctimas de tortura y tratos crueles. La entonces PGR debía practicarles el Protocolo de Estambul –un estudio médico y psicológico para terminar si una persona sufrió tortura o no–, pero dijo que no contaban con peritos independientes para realizarlo, advierte Rosales.
Por no presentar el Protocolo de Estambul a tiempo, el 14 de septiembre del 2019 salieron libres 24 policías que se desempeñaban como elementos municipales. Fue el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura, quien les otorgó su libertad bajo reservas.
¿Qué fue de los Abarca?
El matrimonio conformado por el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, así como el exjefe de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, podrían permanecer en la cárcel, aunque no por la desaparición de los normalistas, reconoce Rosales.
Los tres detenidos están en prisión pero curiosamente no por el caso de los normalistas, sino por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, dirigente social de Iguala. Por el delito de secuestro de los 43 y delincuencia organizada pueden ser absueltos debido a que las declaraciones fueron obtenidas mediante tortura.
¿Qué se requiere para acceder a la verdad?
El pasado 11 de septiembre, Alejandro Encinas señaló a la prensa que hay líneas de investigación que no agotó el gobierno pasado y que la Comisión cuenta con indicios de que los normalistas están en Guerrero.
Vidulfo Rosales destaca la labor de Encinas, pero otras instituciones, como la FGR, no han corregido las deficiencias en investigaciones pasadas que hizo la PGR en el gobierno de Peña Nieto y con ello la posible la liberación de detenidos parece inminente.
Cinco años han transcurrido, la mitad de los detenidos han salido libres, no hay ninguna sentencia y las madres y padres aún se preguntan ¿dónde están y qué pasó con los 43?
