Hacer promesas en campaña es lo que se espera de todo candidato. Prometer cambios, justicia, transformaciones. Es muy común escuchar las mismas promesas cada elección. Y es más común que no las cumplan.
Justo ahora nuestra clase política está prometiendo de todo con tal de ganar el voto de la ciudadanía para la próxima contienda electoral.
Desafortunadamente las campañas políticas se han convertido en una dinámica de crear expectativas que buscan ganar la simpatía del electorado sin importar su viabilidad jurídica, económica y política.
Es muy sencillo enlistar los problemas del país, buscar temas polémicos, echar la culpa a los de enfrente y proponer soluciones maravillosas; bastante más difícil es que las propuestas sean responsables, viables y funcionales.
Por ejemplo, en 2018 el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, prometió cortar las manos a los políticos corruptos. En ese mismo año, el candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro, prometió brazaletes con GPS para prevenir los feminicidios en ese estado. La propuesta no solo creó polémica, también dejó muchas dudas.
O como los candidatos del Partido Verde Ecologista que en diferentes procesos electorales han retomado una propuesta con la que se identifican: la pena de muerte. Lo que no toman en cuenta es que esto resulta inviable porque está prohibido en la Constitución de México.
Con Enrique Peña Nieto su slogan de campaña fue “te lo firmo, te lo cumplo”. A tan solo 19 días de estar en el poder, prometió un cambio radical en la educación básica de todo el país con la Reforma Educativa. Sin embargo, la promesa de una educación de calidad no ocurrió.
Así, hay propuestas absurdas y, que para algunos candidatos, funcionan por su alta rentabilidad política. Crean ruido, llaman la atención, conectan con cierto electorado.
Por otro lado, la oferta política se ha degradado a políticas asistencialistas, privilegiando modelos populistas, que por donde se les analice, han tenido resultados regresivos. Cada día se promete un nuevo bono, una nueva beca. Nunca queda claro de dónde saldrá el dinero.
Al grito de “no somos iguales”, el actual gobierno -que aseguraba representar una transformación profunda del sistema para beneficiar a los que menos tienen- no acabó con la corrupción, tampoco con la crisis de inseguridad y menos con la desigualdad social, como tanto prometió.
El movimiento que llegó al poder después de muchos años de lucha y de ser una oposición combativa, se perfila para mantenerse en el poder este 2024, repitiendo las mismas promesas que no pudo cumplir desde 2018.
Salvo que ocurra algo inesperado, la batalla por la silla presidencial se librará entre las dos candidatas: la de oposición, Xóchitl Gálvez y la oficial, Claudia Sheinbaum. En el arranque de sus respectivas campañas, como todos los aspirantes a algún cargo popular, se enfocaron más en lo que harán al triunfar y alcanzar la Presidencia de la República. Lo que no dijeron es cómo lo harán, lo que es especialmente importante.
Y es que justo en el inicio de las campañas presidenciales, la agencia calificadora Moody’s advirtió que el próximo gobierno probablemente estará limitado por una posición fiscal debilitada. Entonces, ¿cómo garantizarán la estabilidad fiscal o la economía de nuestro país en un futuro?
Lo cierto es que México está cambiando, a pesar de sus grandes problemas de pobreza y salud, corrupción, dependencia petrolera y violencia, las expectativas y el potencial como país son una realidad.
Por eso es que no necesitamos más promesas frívolas, que al final hacen que se pierda la confianza en la democracia. Necesitamos planes sólidos, con evidencia, hechos por especialistas. Necesitamos certezas.
Porque no hay que olvidar que sus promesas se pagan con nuestro dinero. No lo desperdiciemos, debemos invertirlo en darnos una mejor democracia y con ello un México más justo y próspero. Antes de creerles a las y los candidatos revisemos las facultades del cargo al cual aspiran y analicemos sus propuestas para saber si sus promesas son viables o no. Esa es nuestra parte de la responsabilidad democrática.
Es necesario construir una nueva relación de la ciudadanía con quienes nos gobiernan. Ellas y ellos deben dejar de prometer cosas que no están dispuestos a cumplir y nosotros tenemos que aprender a exigirles que cumplan.
