Este año, no hubo Semana Santa en Taxco. No hay fiestas. La rabia por la injusticia las consumió.
La razón fue la tragedia de la niña Camila. Es una historia de horror, pero de un horror que cristaliza todos los fallos en nuestro sistema de prevención, procuración de justicia y seguridad. No es algo nuevo, y eso es justo lo terrible. Es una historia demasiado frecuente en nuestro país.
Esto pasó: Camila fue a visitar a unos vecinos que la invitaron a jugar. Sonaba como un día divertido para la niña de ocho años. Fue a la cita, pero cuando la buscó su madre no estaba. Le dijeron que nunca llegó. En este país, en nuestra realidad, eso es la definición del miedo.
Pronto la madre recibió llamadas de extorsión: querían $250 mil pesos por devolver a la niña. Hicieron lo que haría cualquiera: recurrir a las autoridades. Pero la Fiscalía de Taxco las ignoró. Fueron a Iguala a la Fiscalía Antisecuestros.
Y como suele ser aquí, fue la ayuda de la comunidad la que dio las evidencias claves. Los videos de las cámaras de seguridad de vecinos revelaron que la niña sí llegó a la casa, y también cómo podrían haber movido el cuerpo de Camila tras asesinarla.
Lo que pasó después es digno de la Fuenteovejuna de Lope de Vega. El pueblo, ese que siempre es “sabio”, exigió justicia. El sistema policiaco y judicial se tomó su tiempo. Como pasa con una frecuencia desconcertante en Guerrero, las autoridades no se lo tomaron en serio.
Pasaron horas de angustia. Hasta que fue demasiado tarde. El cuerpo de Camila apareció y la rabia creció. La burocracia judicial, el menosprecio al riesgo y la situación motivó que se hiciera un bloqueo. Otra vez, algo que no es anormal en México. Pero ante la inoperatividad de las autoridades la furia se encargó de hacer justicia, capturando a los presuntos culpables y golpeándolos brutalmente.
En el colmo del cinismo, las autoridades informaron, horas después, que tenían a los sospechosos que ya habían sido encontrados, pero no por las autoridades sino por la turba. La violencia fue tal que algunos de los presuntos acusados murieron eventualmente.
Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, hizo lo que mejor hace: esconderse. Escribió en sus redes sociales que lamentaba el hecho y prometió justicia, sin hacer ninguna referencia a la evidente ineficiencia de su gobierno, que justo acaba de renovar a todo su alto mando policiaco por otra crisis de seguridad en Ayotzinapa.
El gobierno del estado ha presumido las detenciones, pero fiel al estilo de estos tiempos, hizo promesas sin asumir ninguna responsabilidad por la falta de pronta reacción ni por la incapacidad de detener a la turba que, al final, mató a una sospechosa.
El caso es terrible en términos humanos, pero también hace evidente el fracaso de todo nuestro sistema de procuración de justicia. Falló la prevención, falló la atención temprana y ante el evidente riesgo de violencia, el gobierno también fue omiso.
¿Por qué los linchamientos son un problema en un país como el nuestro? ¿Por qué la gente sigue pensando que esa es la única forma de tener justicia?
Es cierto que esto no empezó con este gobierno, pero definitivamente no se ha resuelto. Esto nos habla del profundo problema de impartición de justicia. Es entonces que la idea de que la protección personal, el derecho a la posesión de armas para la seguridad, adquiere sentido para mucha gente.
Porque tiene sentido que el Estado tenga el monopolio del uso de las armas de fuego, pero siempre y cuando cumpla con su primer y máximo compromiso: la seguridad de la ciudadanía.
El gobierno está fallando desde hace mucho y lo sigue haciendo. Es hora de que asuma que el gobierno o toma el control y nos da seguridad, o casos trágicos como el de Camila seguirán sucediendo, y sus excusas seguirán sin servir de nada.
