La justicia tiene una gran deuda
Cuando nos preguntamos quiénes son las autoridades responsables de la crisis de violencia e inseguridad en México, lo primero que se nos viene a la mente son las policías: estamos acostumbrados a echarles toda la culpa del desastre social en el que estamos viviendo.
Pero muchas veces se nos olvida que las fuerzas de seguridad necesitan una contraparte sin la cual no pueden funcionar: el sistema de justicia penal.
Se trata de un conjunto de instituciones que son vitales para que podamos convivir civilizadamente y poner límites a las conductas delictivas.
Ese sistema, además de incluir a las policías de investigación, también se integra por ministerios públicos y fiscalías encargadas de perseguir los delitos específicos, y por jueces que deben decidir quiénes son inocentes y quiénes culpables.
Sin embargo, en muchísimos casos la justicia penal mexicana no funciona. Su desarticulación genera un efecto conocido como “puerta giratoria”, que termina dejando libres a los delincuentes cuando los ministerios públicos no integran bien los expedientes o cuando los jueces, por miedo o por corrupción, se excusan en fallas sin importancia del proceso para liberar a los inculpados.
Lo anterior ocurre tanto en detenciones producto de la investigación de delitos como cuando se atrapa a un delincuente en flagrancia (al momento de cometer el crimen).
Además, cada una de las institución tiene sus propias dificultades:
Los ministerios públicos, por ejemplo, tienen buena parte de la responsabilidad de decidir si se ejerce o no la acción penal, es decir, si se inicia la investigación e integración de un caso por un presunto delito y si se pone a disposición de un juez a un presunto delincuente. Muchas veces son sobornados para actuar a favor de alguna de las partes.
Otras veces, están rebasados con miles de expedientes sobre los que tienen que priorizar.
Y otras tantas, no tienen la capacitación necesaria para incorporar las obligaciones de derechos humanos, entre las cuales está, de manera específica y urgente, la perspectiva de género.
Eso hace que no atienden asuntos graves como acosos o abusos sexuales con la eficiencia que requieren las víctimas. Y ni qué decir de la falta de atención puntual y diligente para resolver los miles de feminicidios y asesinatos de mujeres que ocurren en nuestro país.
Otra parte vital del sistema son las y los jueces, quienes tienen que decidir si el acusado es culpable o inocente. Y lo hacen a partir de las pruebas y testimonios de las partes y de la interpretación que hacen de las leyes.
Sin embargo, en México las y los jueces no solo tienen el inmenso reto de juzgar a partir de las leyes mexicanas y los tratados e instrumentos de derechos humanos. En nuestro país y con el contexto de violencia, también tienen que sortear un ambiente de terror en el que ocurren cosas como el asesinato de Uriel Villegas Ortiz, Juez de un Centro de Justicia Penal Federal en Colima, hace menos de un mes.
Pero además, tanto jueces como ministerios públicos tienen otros graves problemas a la hora de decidir sobre casos en los que están involucradas macro redes de criminalidad: el poder corruptor de estos delincuentes es tan grande, que es difícil para un agente del ministerio público o para un juez hacerles frente.
Y es que la regla de plata o plomo adquiere unos tintes de realidad más brutales cuando viene de los grandes capos. Y eso es algo que las autoridades del sistema judicial saben y temen, por lo que en muchos casos prefieren hacerse de la vista gorda.
Por eso, pueden excusarse diciendo que un expediente estaba mal integrado o que un cateo se hizo sin la orden correspondiente, en lugar de enfrentar el poder de los criminales.
Todo eso lo sabían quienes propusieron y lograron las reformas constitucionales al sistema judicial en 2008 y 2014 que modificaron la lógica de la justicia en México para que el sistema pasara de ser inquisitivo a ser acusatorio.
Eso quiere decir que, ahora, las autoridades tienen que demostrar que una persona es culpable y, mientras tanto, se le debe considerar y tratar como inocente. Además, se empezaron a transformar los juicios para que fueran orales, en lugar de que todos los expedientes sean solo escritos.
Y no solo eso, en aquellas reformas se cambió la lógica para perseguir a los grupos de delincuencia organizada, ya no delito por delito, sino utilizando métodos y herramientas científicas para intentar desintegrar redes de macrocriminalidad como hacen las policías y fiscalías más eficientes del mundo.
Y pese a tener esas herramientas legales, el sistema sigue liberando a criminales (como en el caso de “El Mochomo”, de Guerreros Unidos), o a políticos presos cuando acaba el sexenio (como a Elba Esther Gordillo o Mario Villanueva o como podría pasar con Rosario Robles en esta administración).
En medio quedamos las personas como tú y como yo, ciudadanas que no denunciamos porque sabemos que, en el mejor de los casos, será una pérdida de tiempo y, en el peor, nos arriesgamos a una venganza de los delincuentes.
Tenemos un sistema de justicia que acaba castigando a toda la sociedad y que solo beneficia a la delincuencia que usa la puerta giratoria para seguir operando.
Para exhibirlo, en Cuestione analizaremos algunos de sus nodos y problemas básicos: ¿a quién rinden cuentas los jueces? ¿Qué pasa cuando los delincuentes no pueden ser procesados por la impunidad de ministerios públicos o del poder judicial? ¿Cómo se resuelven estas interacciones en otros países para que el sistema deje de funcionar como una puerta giratoria?
Sin un sistema de justicia eficiente, difícilmente podremos tener la seguridad que tanto deseamos y tampoco podremos terminar con los años de terror y violencia.
