La reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, avalada por el Senado de la República y aprobada en lo general por la Cámara de Diputados con 258 votos a favor y 213 votos en contra, genera distintas preocupaciones.
Especialistas consideran que poner límites a la figura de la suspensión en el juicio de amparo con efectos generales puede vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía al dificultar su protección ante actos arbitrarios del Estado.
Además de la complejidad de entender de qué se trata esta reforma, hay interrogantes que generan mucha suspicacia en un panorama nacional que está envuelto en un proceso electoral y con el mandato del presidente López Obrador marcado por una constante disputa con el Poder Judicial y a meses de terminarse.
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“Cuando tú limitas el amparo en su eficacia lo que haces es blindar tus reformas, modificaciones o tus actos de autoridad para el futuro”, nos explicó Claudia Aguilar, abogada especialista en Derecho Constitucional y académica de la Escuela Libre de Derecho.
“¿Por qué ahorita, al cuarto para la hora, que el presidente ya se va, que ya tuvo oportunidad de hacer todas sus reformas, que prácticamente se puede decir que hizo todas las que había anunciado (menos la energética y la electoral)? A mí me parece que es justo por eso, van a tratar de empujar todas las reformas que puedan”, consideró la especialista.
Agregó que, como el gobierno federal y sus aliados en las Cámaras “ya no pueden lograr reformas constitucionales porque no tienen la mayoría calificada que necesitan, optaron por sacar leyes inconstitucionales o por lo menos con dudas sobre su constitucionalidad”. Y lo que quieren es limitar el acceso al amparo para que no tengan obstáculos.
¿Qué es un amparo?
Empecemos por explicar qué es un juicio de amparo: es un juicio con el que una persona o grupo de personas puede defenderse de las arbitrariedades que pudieran cometer las autoridades en contra de nuestros derechos como individuos o como colectivo.
Por ejemplo, digamos que el gobierno -por alguna razón- quiere demoler tu vivienda. Tú puedes interponer un juicio de amparo, que tiene un plazo definido, para defenderte ante este acto. Durante el tiempo que dura el juicio, se ordena la suspensión de la demolición de tu casa, al final será el o la juez quien dictará una sentencia; es decir, decidirá si la autoridad puede o no demoler tu casa.
Ahora, ¿qué se busca con esta reforma? Que las personas juzgadoras tengan facultades limitadas para suspender ciertos actos, en casos muy específicos, contra normas generales que afecten no solo a una, sino a varias personas.
¿De qué va la reforma?
La reforma a la Ley de Amparo se presentó por quienes la promueven -Morena y sus aliados legislativos- como una forma de agilizar los procesos judiciales y evitar el uso discrecional de esta herramienta legal, como argumentó el senador Ricardo Monreal.
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Es decir, buscan evitar que haya maniobras legales que obstaculicen las decisiones gubernamentales y legislativas, limitando la suspensión automática, como en el avance de los proyectos de infraestructura del gobierno federal.
“Creo que hay que distinguir un par de cosas: la reforma no limita la procedencia del amparo, o sea, el juicio de amparo para impugnar leyes sigue siendo procedente, ni siquiera limita la posibilidad de que obtengas la suspensión. Las personas juzgadoras pueden seguir concediendo la suspensión”, detalló la abogada Claudia Aguilar.
“El problema es que pretenden maniatar a las personas juzgadoras para resolver ciertos casos que son excepcionales”, cuando la suspensión tenga por objeto detener un acto del Estado que no solo afecte a la persona que está reclamando, sino a muchos otras, nos explicó Aguilar.
Los riesgos de la reforma
Los críticos de la reforma a la Ley de Amparo advierten que limitar la suspensión en el juicio de amparo podría dejar a las personas sin una defensa efectiva frente a actos del Estado que pudieran ser arbitrarios o ilegales.
También se teme que la reforma concentre el poder en manos del gobierno, debilitando aún más el equilibrio entre los poderes y la independencia del Poder Judicial. Esto podría traducirse en una reducción de la supervisión judicial y en una menor capacidad de la población para impugnar leyes y actos que consideren violatorios de sus derechos.
Claudia Aguilar no explicó que estas reformas a la Ley de Amparo son absolutamente innecesarias, porque no obliga a que las personas juzgadoras sean más efectivas en su quehacer, pero sí limita su independencia judicial.
La reforma está diseñada para modificar la suspensión cuando tenga efectos contra las normas generales que son los artículos de cualquier ley, código, reglamento, constitución de algún estado de la República, de una Norma Oficial Mexicana o cualquier disposición de observancia general.
“Digamos que se emite una reforma al código civil que dice que obligatoriamente las personas van a tener que registrar a sus hijos de alguna manera específica, que acusan que sería una reforma regresiva, contraria a los precedentes que ya existen por la Corte. En este caso, un juez que recibiera una solicitud en contra de esto, podría decir que, mientras se valora, se suspende la entrada en vigor de tal norma”, ejemplificó Aguilar.
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Sin embargo, la abogada acotó que ni siquiera es frecuente que una suspensión se otorgue con efectos generales, salvo contados casos.
¿Qué va a pasar?
“La oposición ya anunció que se van a ir a la acción de inconstitucionalidad y va a empezar otro pataleo muy grave, porque muy probablemente la Corte recibirá la acción de inconstitucionalidad y suspenda la entrada en vigor de la limitante de la concesión de la suspensión con efectos generales y lo que va a pasar es que, otra vez, va a haber un encono del Ejecutivo con el Poder Judicial”, acusó la entrevistada.
La especialista nos dijo que hay que derrumbar los mitos alrededor de la reforma: no desaparecen los amparos, ni la suspensión, pero añadió que, de todas maneras, la reforma es regresiva y es una medida que nos afecta como ciudadanía porque nos quita un recurso efectivo para defendernos.
El único que se beneficiaría de esta reforma es un gobierno con ideas autoritarias, hiperpresidencialista, en el que persisten violaciones a los derechos humanos y que desestime los avances que se han logrado para que las personas juzgadoras se atrevan a hacer interpretaciones que protejan a la ciudadanía y sus derechos humanos, finalizó Claudia Aguilar.
