El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un paquete de 20 reformas el 5 de febrero, abordando cambios en el sistema de pensiones, el Poder Judicial y la eliminación de organismos autónomos. Sin embargo, algunos de los argumentos utilizados para respaldar estas iniciativas carecen de sustento, son contradictorios o están basados en desinformación.
En Cuestione te explicamos.
Las críticas a organismos autónomos y las pensiones
En múltiples ocasiones López Obrador ha reiterado su acusación contra los organismos autónomos argumentando que son costosos, que son neoliberales, que no benefician a la población y “no sirven”. Sin embargo, en varias de sus conferencias matutinas, proporcionó información incorrecta.
Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), dijo que “no sirve para nada” como te contamos en esta nota. Sin embargo, se usa periódicamente para dar seguimiento a solicitudes de Acceso a la Información a periodistas y organizaciones para avanzar en sus investigaciones. Muchos casos de corrupción, malos manejos y delitos patrimoniales son hoy conocidos gracias a la información que obtiene el INAI.
Entre las propuestas del presidente está destinar los recursos del INAI – y otros organismos autónomos- para financiar el fondo de pensiones, pero esto es engañoso, ya que el presupuesto del Instituto representa una fracción mínima del total destinado a pensiones contributivas.
El presupuesto para 2024 del INAI es de poco más de 1,097 millones de pesos al año, apenas 0.07% de los 1.5 billones previstos para pensiones contributivas. Y justo ahí entra otro tema que genera cuestionamientos: su propuesta de revertir las reformas de pensiones de 1997 y 2007 para garantizar que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario.
Los expertos han planteado dudas sobre la fuente de financiamiento para cumplir con esta promesa. Advierten que no hay margen fiscal y que ya se ha alcanzado un nivel récord de deuda en 2024.
Entonces, los recursos asignados a los organismos autónomos en 2024 es insignificante en comparación con el total del presupuesto, y entidades como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) han demostrado generar beneficios económicos significativos para la sociedad.
Datos no verificables
Entre los distintos temas que tocan las reformas, el presidente mencionó una destinada a seguir “mejorando los planteles educativos a través del programa La Escuela es Nuestra”. Sin embargo, tras cinco años de implementación, no se dispone de información sobre el uso de los 91,000 millones de pesos invertidos en dicho programa. En otras palabras, no se han evidenciado mejoras materiales en los planteles educativos.
En el tema judicial, el presidente reiteró su interés en que consejeros electorales, ministros de la Suprema Corte y jueces sean elegidos por voto popular. Sin embargo, existen muchas interrogantes sobre cómo se llevaría a cabo este proceso para evitar influencias partidistas y asegurar que cuenten con el conocimiento y la experiencia adecuados, como te contamos en esta nota.
¿Promesas falsas o tergiversadas?
Respecto a seguridad, López Obrador insistió al presentar su paquete de reformas en que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque la Suprema Corte ya invalidó esa transferencia y cuando se aprobó su creación, en 2019, se estipuló que sería una corporación civil.
La creación de la Guardia Nacional fue polémica desde el principio. Nació de una reforma constitucional de 2019 como un órgano civil adscrito a la Secretaría de Seguridad, pero desde el primer momento recibió fuertes críticas porque la mayoría de sus efectivos provienen del Ejército y su titular es un militar en retiro: Luis Rodríguez Bucio.
Desde octubre de 2020, la Sedena asumió el control operativo de la Guardia Nacional, según consta en un documento firmado por Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena. Por ello, en la conferencia matutina del 15 de junio de 2021, el presidente López Obrador anunció que quería promover una reforma constitucional sobre la Guardia Nacional. Esta iniciativa la presentó ante la Cámara de Diputados en 2023.
“(Con la Guardia Nacional) no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder. Bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (Genaro García Luna)”, argumentó entonces.
La reforma trata de rescatar esta vieja aspiración del presidente, que fue desechada a mediados del año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En abril, la mayoría de los ministros declaraba inconstitucional una serie de modificaciones legislativas del año anterior, que transfería precisamente el control de la Guardia Nacional al Ejército. Con su decisión la Corte obligaba al Gobierno a que transforme de nuevo el control de la corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
Aún con el antecedente, el mandatario federal volvió a defender que buscará que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no en manos de otras instituciones y en seis años “esté echada a perder”.
