Como te adelantamos en esta nota, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el 5 de febrero de 2024 una contrarreforma para “corregir” el sistema de pensiones que se estableció durante el sexenio del ex presidente Enrique Zedillo y la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, la explicó el 7 de febrero de 2024.
La propuesta responde a que el sistema de pensiones para las y los trabajadores inscritos en el IMSS y el ISSSTE que tenemos actualmente y que entró en vigor en julio de 1997 con la creación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) cambió las condiciones de los trabajadores reduciendo el porcentaje del salario que recibirán en su jubilación y aumentando las semanas de cotización.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta que envió el presidente para su revisión por las y los diputados y senadores es reformar el artículo 123 constitucional para que se garantice, con aportaciones del Estado mexicano, que cada trabajador al jubilarse reciba el 100% de su último salario registrado por el Seguro Social hasta por un monto equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS que en 2023 fue de $16,777 pesos.
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Esto quiere decir que si el último salario un trabajador era de $10,000, pero recibe menos por el porcentaje que le corresponde de su pensión, el gobierno aportaría el faltante para llegar a los $10,000 pesos que recibía como salario mensual, nunca pasando los $16,777 pesos que es el tope. Esto aplica tanto para el sector privado que empezó a cotizar después del 1 de julio de 1997 como para funcionarios públicos afiliados al ISSSTE que empezaron a cotizar a partir de 2007.
¿Cómo se va a pagar esto?
Aquí es donde entra la gran controversia. El Estado mexicano creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar que al principio contará con $64,619 millones de pesos y se integrará con el 75% de los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y de los recursos que se obtengan por la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
También de los recursos financieros y economías que se generen con la eliminación de órganos autónomos; de los adeudos de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, del Congreso de la Unión, de los estados y hasta de las utilidades de las Fuerzas Armadas, donaciones, dinero procedente de venta de inmuebles y más fuentes.
“El tema es que implica un costo muy grande para el gobierno federal. En este momento no sabemos cuánto porque el gobierno no lo ha transparentado, pero por la dinámica del envejecimiento poblacional es fácil suponer que va a implicar un costo para la hacienda pública. Y en este sentido recomendamos que se propongan políticas públicas que minimicen este impacto”, nos dijo Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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El especialista nos explicó que las políticas públicas que se recomiendan desde el IMCO, además de la responsabilidad fiscal -que es fundamental- también tiene que tener una implementación progresiva y con perspectiva de género.
“La parte de progresividad es justamente que estas pensiones beneficien a las personas de menores ingresos, en comparación con quienes puedan tener ingresos superiores. Y en términos de perspectiva de género es importante que reconozcan que el mercado laboral castiga particularmente a las mujeres, hay deficiencias en el funcionamiento del mercado que hacen que tengan menores ingresos y eso se traduce en menores pensiones”, detalló Díaz.
El entrevistado también destacó que otro aspecto de esta controversial iniciativa es la frecuencia con la que se aportarán recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que algunas de la fuentes mencionadas, como los que pudieran provenir de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial -que siguen en disputa- son entregas únicas, no se repetirán sus aportaciones año con año.
La estructura sigue igual
La forma en la que contribuimos los trabajadores, los empleadores y el Estado para proporcionar las pensiones en realidad no cambia con la iniciativa que presentó el presidente, pero sí afianza algunas con ciertas mejoras como la reducción de 68 a 65 años para poder recibir la pensión universal no contributiva, como lo hacen con la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores en la actualidad.
Tampoco modifica los modelos de contribuciones voluntarias a las Afores para el sector informal, ni las condiciones para el retiro del mercado formal. Sin embargo, Diego Díaz advirtió que si esta iniciativa de reforma pasa en el Senado y la Cámara de Diputados, sería prudente que se implementara de manera paulatina, ya que actualmente el gasto que realiza el Estado mexicano en pensiones es del 22% del presupuesto federal.
Además harían falta algunos ajustes para equilibrar las pensiones entre quienes solamente reciben la pensión para adultos mayores y los que además reciben una pensión por estar afiliados al ISSSTE o al IMSS que duplican ese ingreso ampliando la brecha de desigualdad entre los mercados formal e informal.
Aunque la iniciativa -o las iniciativas que tienen que ver con este aspecto- no es perfecta, Diego Díaz concluyó que “pudo ser peor” y que aunque tiene buenas intenciones se tiene que actuar con cautela para no generar una crisis mucho más grave de lo que ya se avecina dentro de 10, 20 o 30 años, cuando las personas adultas mayores empiecen a superar en número a quienes sostienen la economía del país: las y los trabajadores.
