Con el propósito de “corregir” el sistema de pensiones de 1997, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará el 5 de febrero de 2024 una contrarreforma con la promesa de asegurar un retiro digno para las y los trabajadores y echar para atrás lo que consideró una sistema “inhumano e injusto”.
“Es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien. Eso ya no va a continuar así”, aseguró el presidente a principios de enero de 2024.
El sistema de pensiones para las y los trabajadores inscritos en el IMSS y el ISSSTE que tenemos actualmente fue propuesto en 1995 durante el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo y entró en vigor en julio de 1997 con la creación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que son las encargadas de administrar los recursos para el retiro de las y los trabajadores.
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Esta nueva medida, que respondía a la profunda crisis económica por la que transitaba el país en la década de los 90, implicó importantes cambios para las y los trabajadores: las semanas de cotización para jubilarse se aumentaron de 500 -como lo establecía el Régimen de la Ley del Seguro Social de 1973– a 1,250 semanas de cotización y en lugar de recibir el 100% de su último salario el o la trabajadora recibiría entre el 30 y el 35%.
En este esquema el empleador y el trabajador son los principales responsables del ahorro para el momento del retiro, cosa que antes de 1997 estaba a cargo del gobierno. Otro de los importantes motivos por los que se implementó este sistema de pensiones fue la inversión de la pirámide generacional, pues la esperanza de vida aumentó y el índice de natalidad disminuyó.
Así el IMSS en 1997 y el ISSSTE en 2007 pasaron a un esquema de contribuciones definidas de cuentas individuales en el que la pensión que recibe el trabajador ya no es una pensión vitalicia, sino que dependen de cuánto haya ahorrado cada persona durante su vida laboral en el mercado formal y de manera voluntaria con aportaciones a su propia cuenta.
Un sistema insostenible
Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), nos explicó que hay dos problemáticas alrededor del sistema de pensiones que tenemos en México. El primero es sobre las Finanzas Públicas, ya que para 2024 en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se plantea que el 22% del gasto total se destine solamente a pensiones tanto contributivas (en las que el o la trabajadora y la empresa aportan dinero) como no contributivas (como el Programa de Pensiones para el Bienestar, como la de adultos mayores).
“Estamos hablando de casi 2 billones: 1.5 billones para las contributivas y medio billón para las no contributivas. Aquí el tema es no solo el tamaño, que ya representa una quinta parte del presupuesto, sino también su dinámica de crecimiento. Está creciendo más que la economía y esto se traduce en que las pensiones, como porcentaje del PIB, vayan creciendo año con año de tal forma que en 2024, si se concreta lo que se establece en el PEF, estaríamos hablando de que el 5.7% del PIB se va a destinar a pensiones”, detalló el especialista.
Esto implica un aumento considerable en los recursos que se destinan a pensiones, ya que a inicios de sexenio, en 2018, se destinaba el 2.9% del PIB a este aspecto, destacó Diego Díaz. Añadió que la otra problemática es que se tiene que abordar desde la perspectiva de las y los trabajadores que se pensionan bajo la ley del 97, la que se implementó en el gobierno de Zedillo.
“El gran problema -y en ese sentido podríamos decir que es adecuado lo que se menciona por parte del gobierno- es que las tasas de reemplazo son muy bajas. ¿A qué me refiero con las tasas de reemplazo? Es el tamaño de la pensión si lo vemos como porcentaje del último salario que recibe el trabajador, que representan alrededor del 30%, que es un monto relativamente pequeño si tomamos en cuenta que los salarios en México son muy precarios”, detalló.
“Que los empresarios se queden tranquilos”
López Obrador aún no ha dado muchos detalles de lo que contemplaría la propuesta de reforma constitucional que pretende enviar, pero una parte importante es que la tasa de reemplazo se aumente al 100% del último salario percibido por las y los trabajadores y que el gobierno absorberá un porcentaje importante de las contribuciones para las pensiones de los trabajadores.
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“Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemorice, el Gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio”, dijo este lunes 15 de enero de 2024.
Sin embargo, llama la atención dos aspectos importantes: un anuncio como éste en tiempos electorales parece ser una jugada de parte del Ejecutivo con toda la intención de inclinar la balanza de la opinión pública a favor de su proyecto de nación, pues aunque sea insostenible en términos de presupuesto proporcionar esa cantidad de dinero a las y los trabajadores, es difícil en el discurso político oponerse a la oportunidad de recuperar un sistema de pensiones que garantice un retiro digno. ¿Quién no quisiera mejorar las condiciones laborales de las y los mexicanos?
Y por otro lado, porque ni los países con mejores beneficios sociales logran retribuir el 100% del sueldo percibido a sus jubilados. El Panorama de Pensiones elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que a finales de 2023 los países con mayores niveles de desarrollo tienen tasas de reemplazo cercanas al 85%. Como el caso de Bélgica, con 83.8% o Luxemburgo, con 72%.
Una promesa tan difícil de cumplir suena más a una retórica populista para que el partido oficial obtenga ventaja en el proceso electoral que se avecina, que a una solución que se pueda sostener a largo plazo. ¿Estaremos cayendo en una trampa?
