“Estoy trabajando en la absoluta precariedad” confesó la periodista mexicana Lydia Cacho a Cuestione desde España donde se encuentra exiliada desde el año 2019, tras ser secuestrada y torturada por revelar una red de trata y explotación infantil que involucró a servidores públicos de Puebla y Cancún, Quintana Roo.
Pero Lydia no está sola en esta batalla. A lo largo y ancho de México, otras mujeres periodistas enfrentan su propia lucha contra la censura y la violencia. La batalla por la libertad de prensa. Natalie Kitroeff, jefa de corresponsales en México del New York Times, es una de ellas.
En una mañana de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra ella en una conferencia de prensa exhibiendo su número de teléfono y desacreditando su trabajo incluso antes de que fuera publicado.
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La historia se repite una y otra vez. Laura Brugés, reportera radiofónica, se encontró en el punto de mira después de ser difamada en la mañanera presidencial. Un despido injustificado fue la respuesta de su medio de comunicación, dejándola sin empleo y con el peso de la calumnia sobre sus hombros.
“Un día que soy bot árabe, al otro bot pakistaní, hoy amanecí con que soy una perversa operadora de Claudio X en chats de WhatsApp”, escribió la reportera radiofónica en su cuenta de X y agregó una emoji de una carita que sonríe y llora.
Lydia, Natalie y Laura son solo tres ejemplos de la realidad que enfrentan muchas mujeres periodistas en México. Según el Balance Anual contra Mujeres Periodistas elaborado por la organización Comunicación e Información para la Mujer A.C. (CIMAC), el número de agresiones contra las reporteras ha aumentado de manera alarmante en este sexenio alcanzando la cifra de 184 ataques contra ellas en el 2023.
“Haber perdido todo y volver a empezar a los 60 es una mierda”: Lydia Cacho
En el corazón de Madrid, Lydia Cacho se sienta frente a su computadora en un pequeño apartamento en España. Las paredes llenas de libros son testigos de su exilio forzado desde el año 2019, cuando las amenazas y la violencia la obligaron a abandonar su tierra natal, México.
Su voz, aunque tranquila, lleva consigo el peso de años de lucha y resistencia. “Estoy trabajando en la absoluta precariedad como cuando tenía 23 años. Poco tiempo libre y mucho hartazgo de hablar de política mexicana”, textea a través de la pantalla y sus letras resuenan con una mezcla entre la resignación y la determinación. Lydia Cacho sabe mejor que nadie el precio de enfrentarse al poder.
Fue en Cancún, años atrás, cuando Lydia se encontró en el epicentro de una tempestad. Su investigación Los demonios del edén, sobre una red de trata y explotación infantil, involucró a poderosos hombres de negocios y funcionarios públicos, la llevó a ser secuestrada y torturada. Pero ni el miedo ni el dolor pudieron silenciar su voz. Desde el exilio, la periodista sigue denunciando las injusticias que ocurren en México y defendiendo la verdad.
“Si haces un diagnóstico en América Latina, te das cuenta que aquellos países donde el Estado o miembros específicos del gobierno atacan a la prensa, utilizando el brazo de la ley o los brazos ilícitos de la delincuencia organizada como está ocurriendo en varios países de latinoamérica y en varios contextos de México, es porque tienen miedo a la verdad”, asegura la periodista mexicana y se acuerda que hace siete años, estaba en México clamando por la libertad de expresión.
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Habían asesinado al periodista Javier Váldez en el 2017, habían matado también a Miroslava Breach el mismo año y Lydia estaba “como una loquita”, se autodefine ella, subida en una reja en la Secretaría de Gobernación leyendo los fragmentos de un libro de su colega Javier Valdéz recientemente asesinado.
Para Lydia, hay gobiernos que pasan sus días intentando contarnos una historia falsa, una versión equivocada de la realidad porque creen que gobiernan un país imaginario “y no es en el que nosotras caminamos todos los días, documentando la vida, la dignidad, la sangre, la pérdida, la fortaleza de las comunidades”.
En el marco del Día Mundial de la libertad de prensa que se conmemora este 3 de mayo, Lydia Cacho resalta el papel del periodismo para acompañar a la sociedad a que se mire así misma y a que sostenga a la democracia y por eso, se le hace “tan peligrosos” los ataques sistemáticos contra la prensa que vienen desde el gobierno federal, los califica de “absolutamente inaceptables”.
Sobre la precariedad de las y los periodistas en México y en el mundo, Lydia también se manifiesta. “Todas estamos en las mismas pero haber perdido todo y volver a empezar a los 60 años es una mierda”.
Laura Brugés: periodismo en tiempos de autoritarismo
El 30 de marzo del 2024, la periodista Laura Brugés acusó a su medio de comunicación de despido injustificado después de ser “difamada” en la conferencia mañanera del presidente.
La reportera fue convocada por Recursos Humanos en las oficinas de Grupo Fórmula donde se le comunicó que no seguiría siendo parte de la empresa, un día después que desde la tribuna presidencial apareciera su nombre y se dijera que ella era parte de un grupo de WhatsApp desde donde se coordina una estrategia para atacar al presidente y a su candidata presidencial Claudia Sheinbaum.
Acusada sin pruebas de recibir dinero para golpear al gobierno y difamada ante una audiencia nacional, el día 20 de marzo la periodista desafió al presidente y su equipo. “Los reto a que si tienen pruebas de que yo recibo dinero ¡me lo demuestren! Porque eso se llama calumnia y daño moral”, lanzó con determinación aunque no fue suficiente para conservar su empleo.
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Horas después de su confrontación en la mañanera, Laura Brugés recibió una citación sorpresiva a las oficinas de Grupo Fórmula. Allí, fue recibida por la directora de Recursos Humanos quien portaba documentos de liquidación y le comunicó que su jefe directo había solicitado su “desvinculación” de la empresa.
Durante el año 2023 la Ciudad de México donde trabajaba la reportera Laura Brugés, se presentó como la entidad más violenta contra mujeres periodistas al presentar 34 agresiones, seguida de Michoacán con 26 reportes, Puebla con 15, Coahuila con 13 y Jalisco con 10, según el balance anual de CIMAC.
De acuerdo con el informe, las y los funcionarios públicos fueron quienes agredieron en mayor medida a las periodistas. En específico, los funcionarios municipales con el 15% del total de los casos, seguidos de los estatales con el 14% y los federales con el 9% de los casos.
El informe detalla también que las reporteras son las que vivieron más ataques a lo largo del 2023, el 78% de las agresiones conllevaron violencia psicológica, el 20% violencia física, el 2% patrimonial y el 1% sexual.
Escándalo por divulgación de datos de la periodista Natalie Kitroeff
La libertad de prensa de mujeres periodistas en México se encontró nuevamente en el ojo del huracán.
En febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió una carta de la periodista Natalie Kitroeff, coordinadora de corresponsales del New York Times, en la que se expuso su número de teléfono y un cuestionario sobre una investigación de Estados Unidos que vinculaba a la campaña presidencial de López Obrador en 2018 con presuntos sobornos de cárteles de narcotráfico, incluyendo al Cártel de Sinaloa y al Cártel de los Zetas.
Esta acción provocó una ola de críticas y condenas por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa como Artículo 19 y Amnistía Internacional. Ambas organizaciones señalaron que la divulgación de los datos personales de Kitroeff, constituye un grave ataque a la libertad de expresión y a la privacidad de la periodista, así como un intento de amedrentar al medio de comunicación al que pertenece.
La polémica no se detuvo ahí. La difusión de la información privada de la corresponsal desencadenó una investigación por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), así como un pronunciamiento por parte de The New York Times condenando lo ocurrido y críticas por parte de organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ).
Sin embargo, el presidente López Obrador desestimó la investigación del Inai y defendió su acción, argumentando que no puede haber ninguna ley por encima del principio de la libertad.
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Artículo 19 expresó su preocupación por el uso del poder público para intimidar a la prensa, mientras que Amnistía Internacional señaló que revelar datos personales de periodistas y restringir su acceso a conferencias de prensa constituyen violaciones graves a sus derechos a la privacidad, seguridad y libertad de expresión.
En un país donde los principales ataques contra mujeres periodistas fueron cometidos por funcionarios públicos seguidos por el equipo de algún partido político, las periodistas en México siguen alzando la voz, desafiando al sistema y luchando por un mañana donde la libertad de expresión sea una realidad para todos y todas, independientemente de su género.
