Por Luis Fernando Cantoral y Ruth Oblitas Quispe
Amenazas, agresiones, maltrato, menosprecio a su labor, abuso laboral, invisibilización, discriminación, violencia doméstica, violencia de género, son algunas de las vulneraciones que sufren las comunicadoras indígenas en Bolivia, pese a existir un marco legal inclusivo que reconoce a más de 36 lenguas originarias y naciones.
Según las denuncias recibidas por la Dirección contra el Racismo y Discriminación, quienes más sufren exclusión en Bolivia son mujeres y de este universo la mayor parte corresponde a indígenas originarias. Sobre ello, Ivar Villarroel, responsable de esta institución, refiere que del total de las imputaciones recibidas, casi un 60% corresponden al sexo femenino; de este porcentaje las indígenas, originarias, campesinas y afro bolivianas son las más violentadas en sus derechos.
A pesar de que la población indígena representa el 41% en Bolivia, “aún persiste la estigmatización y discriminación hacia este sector, principalmente por ser indígena originario y campesino”, añade Villarroel.
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El agravio a estos pueblos originarios también se vuelca a sus comunicadores, en particular a las mujeres que deben afrontar hasta cuatro discriminaciones juntas: por ser mujer, por ser indígena, por ser defensora y por ser comunicadora.
“La discriminación estructural se agudiza para las mujeres periodistas que son indígenas o se identifican con un pueblo originario”, dice para este reportaje Juan Martín Pérez García, especialista mexicano en Derechos Humanos y coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
A la fecha, no existe norma oficial y específica que reconozca la comunicación indígena como tal, así como el trabajo integral que las y los periodistas comunicadores originarios realizan desde y a favor de sus comunidades, y que es muy distinta a la formación occidental que prioriza conferencias de prensa, temas políticos, económicos u otros eventos.
“Las y los comunicadores indígenas también son defensores de la Madre Tierra, de los Derechos Humanos y de sus comunidades, por lo que están expuestos a un doble riesgo en el ejercicio de sus funciones: enfrentan amenazas de avasalladores, de empresas explotadoras, cooperativas mineras y del propio Estado”, explica Emiliana Ayala, responsable de la Red Quechua Nacional.
Referente a este vacío normativo y ausencia de datos actuales sobre la cantidad de comunicadores indígenas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) con base al Censo Nacional de población y vivienda, realizado en 2012, revela que en Bolivia las comunicadoras y comunicadores indígenas están invisibilizados.
Según esta fuente se registran 11,463 personas entre profesionales en ciencias de la comunicación, redactores de estilo, locutores de radio, televisión u otros medios y técnicos en radiodifusión y grabación audio visual de los cuales el 95.2% ejerce el periodismo en el área urbana, mientras que en área rural solo se tienen datos de un 4.8%.
Las comunicadoras indígenas tampoco figuran en las estadísticas de los principales gremios periodísticos y no existen estudios específicos en el ámbito nacional e internacional sobre las violaciones, agresiones y riesgos que sufren y afrontan, situación que las hace más proclives a sufrir distintos tipos violencia.
Una discriminación múltiple
Pérez García señala que en derechos humanos se habla de la intersección de derechos, y en ese sentido lo que viven muchas mujeres indígenas periodistas es una “discriminación acumulada o intersección de discriminaciones”: por ser mujer, por ser indígena, por ser periodista, y si a ésta situación le agregamos que sea pobre o tenga alguna discapacidad, “tenemos cinco elementos de discriminación y trato desigual que harán muy complicada la posibilidad de sostener un trabajo profesional en el periodismo y acceder a la justicia”.
Yolanda Mamani, periodista aimara de Bolivia, da fe de la discriminación contra lo indígena que se vive en el país, incluso en los medios de comunicación y de parte de sus propios colegas.
“Sí, fui víctima de los propios medios de comunicación, piensan que por ser comunicadoras indígenas o aimaras nos pueden situar a las 5 o 6 de la mañana para informar y no así en un horario estelar”, nos dijo.
Mamani, también señala que, a pesar de vivir bajo la administración de un gobierno supuestamente inclusivo, aún hay subestimación de parte de la sociedad. Menciona que en sus inicios, cuando fue a realizar la cobertura de noticias a la Asamblea Legislativa Plurinacional, los funcionarios de seguridad la trataron de “barrendera” al ver su vestimenta originaria: pollera, manta y sombrero, elementos muy propios de las mujeres aimaras en Bolivia y Perú.
“No teníamos todas las herramientas que tienen las y los periodistas del área urbana, estábamos aprendiendo, entonces, cuando entramos a la Asamblea Legislativa los guardias y encargados nos quisieron llevar por la puerta de servicio”, relata.
“Existe una actitud de superioridad con relación a una chola, nos tratan con inferioridad por ser de diferente clase, realizan comentarios negativos o bromas en tono discriminatorio, estas son otras formas de discriminación y de racismo que están presentes en nuestra sociedad y que no hemos superado a pesar de vivir en un gobierno inclusivo”, lamentó Yola.
Al respecto, Pérez García indica que a fin de garantizar los derechos de las mujeres periodistas indígenas es importante realizar acciones afirmativas con las comunicadoras, estimular que puedan asumir su identidad indígena, que puedan escribir y publicar en su idioma o bilingüe y al mismo tiempo tratar de garantizar que tengan los mismos derechos laborales en el ámbito periodístico para ir rompiendo las brechas de desigualdad.
Asimismo, Lucía Lagunes Huerta, periodista feminista y socióloga mexicana, especializada en perspectiva de género y directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), refiere que, según el informe del Observatorio Mundial de Medios de la gestión 2022, la población indígena en la región apenas representa el 2% en las noticias y de ese 2% sólo el 1% las mujeres, lo que “muestra una enorme discriminación sobre lo que ocurre con los pueblos indígenas como foco de atención de los medios de comunicación”.
“Esa invisibilidad genera una doble capa de oscuridad ante la tarea periodística que se desarrolla en las comunidades y en concreto con las mujeres periodistas indígenas”, añade Lagunes.
Como ejemplo, comenta Lagunes, en México algunas periodistas indígenas realizan doble jornada laboral durante el día: como radialistas comunitarias sin goce de salario y como maestras de escuela, donde perciben un pequeño monto económico, lo que cual podría traducirse como violencia laboral y falta de reconocimiento al trabajo que realizan.
Otra dificultad que amplifica el odio y discriminación hacia las comunicadoras indígenas, es la vinculación de lo originario o comunitario con el apoyo a grupos políticos, lo que genera rechazo de parte de la sociedad y mayor estigmatización. Sobre ello, Abel Ticona de la Agencia Plurinacional de Comunicación (APC), menciona que en los últimos años, en Bolivia, se ha asociado equivocadamente el racismo y la discriminación con el ámbito político.
“Hoy hablar de igualdad, hablar de derechos, hablar de descolonización, hablar de plurinacionalidad por un determinado sector, significa ser identificado con una postura político partidaria; es más, si uno se identifica como comunicador indígena, es calificado de masista (del MAS) o perteneciente al oficialismo, se vincula mucho en ese sentido, y esa es una de las tareas pendientes a trabajar”.
Sobre esta situación, Ivar Villarroel, titular de la Dirección contra el Racismo y Discriminación, señala que en el contexto estatal “se ha avanzado bastante, sin embargo, todavía se mantiene una característica de estigmatización y discriminación hacia la población rural, principalmente indígena originario y campesino”.
Esta situación se evidenció sobre todo en la crisis política de 2019, cuando un sector de la clase media y alta calificó a los indígenas como pueblos subdesarrollados o retrasados, generando violencia al extremo de incurrir en actos de xenofobia contra los indígenas, originarios y campesinos de diferentes departamentos y ciudades del país”.
Pero más allá de estos hechos, rescata que en Bolivia, también existe respeto y aprecio por la pluralidad y la diversidad, y sostiene que es importante continuar trabajando, pues la discriminación es un problema estructural que necesita de políticas públicas o estrategias interseccionales que involucren a diferentes áreas y actores, como educación, cultura o ideología.
Precisamente, una manera de tratar este problema estructural es también con la participación de las organizaciones sociales y dirigenciales; referente a ello, Isapi Rúa, comunicadora indígena guaraní, refiere que sintió discriminación por ser joven y mujer, sobre todo cuando realizaba reporteo a las dirigencias de las organizaciones.
Sobre esta situación específica, Lucia Lagunes, puntualiza que en un contexto donde aún persiste el machismo y la discriminación, atreverse a tomar el micrófono es un desafío a lo tradicional y que con toda seguridad las comunicadoras indígenas “en algún momento también vivieron esa violencia de sus propias comunidades, cuando a los demás no les parecía adecuado que las mujeres estuvieran al frente de los micrófonos”.
Además de estas formas evidentes de violencia y discriminación, también cabe mencionar otras que son más sutiles pero causan el mismo grado de frustración e impotencia en las víctimas: el acoso laboral y el hostigamiento sexual dentro de las redacciones, ya sea por sus jefes/as, por sus compañeros periodistas o también por fuentes informativas, la negligencia y el favoritismo hacia personas de diferente clase social, la formación académica, los estereotipos de belleza y por supuesto como cualquier otra mujer, la violencia dentro de los hogares por sus parejas.
Sonia Quispe, comunicadora aimara, cuenta que sufrió discriminación al trabajar en un medio del Estado Plurinacional. Expresa que lamentablemente a las mujeres indígenas las colocan en las pantallas para “brillar”, pero condicionadas a las órdenes de los jefes inmediatos; ella da fe de que eso no sucede con las comunicadoras “disfrazadas de cholitas, quienes reciben un trato diferente y a veces privilegiado”.
Un primer incidente que Sonia recuerda con mucha impotencia fue cuando hacía cobertura en la calle. Refiere que no contaba con el apoyo de un camarógrafo como las demás periodistas de su mismo medio de comunicación. Al hacer el pedido a su Jefa de Prensa, más aún en época de conflicto, su superior argumentó que “las otras colegas son señoritas, son más delicadas y que además son mujeres”.
En esas coberturas y con siete meses de embarazo, Sonia sufrió una caída estrepitosa que puso en riesgo su vida y la de su bebé que estaba a pocas semanas de nacer. Indica que a pesar existir personal calificado para coberturas en convulsión social, la jefa de prensa le exigió cubrir sola el conflicto de la crisis de 2019 en El Alto, una de las ciudades más conflictivas y peligrosas durante la época de inestabilidad política en Bolivia.
Posterior a este incidente, Quispe realizó una denuncia de discriminación al Viceministerio de Descolonización; sin embargo, los responsables no le dieron importancia a su solicitud y quedó en el olvido.
“Ni siquiera tenía un momento de descanso, aun cuando la ley dice que antes y después de tener tu bebé tienes derecho a un receso laboral y una hora de lactancia (Ley Nº 3460 de Fomento a la Lactancia Materna/ Decreto Supremo N° 0115), no me daba permiso y señalaba que las empresas y el trabajo no esperaban, inventaba un sin fin de cosas, realmente me sentí muy discriminada y por eso presenté mi renuncia”.
Invisibilización, menosprecio, desvalorización
“En los medios de comunicación convencionales no hay mucha cabida para la voz de los pueblos indígenas, lo que sucede en los territorios no es importante, prefieren hablar del poder político y económico”, expresó para este reportaje Nelly Kuiru, de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas (CLACPI) del Abya Yala, en la que participan al menos un 70% mujeres.
Lagunes ya adelantó que los medios de comunicación en general sólo dan cobertura en un 2% a los pueblos indígenas y se observa un menosprecio a la labor que realizan.
Un ejemplo de ello, dice la especialista, es el feminicidio de dos comunicadoras indígenas en Oaxaca, México, donde la primera reacción del gobierno fue decir que ellas no eran periodistas, que solamente hablaban frente al micrófono, “mostrando un menosprecio a la tarea que hacen las mujeres, sobre todo en radios comunitarias”.
“Y esto se refleja en toda la región, incluso en países con alta población indígena, donde no hay un reconocimiento de la tarea tan importante que realizan las periodistas indígenas a favor de sus comunidades”.
Esta “es una visión que no se comprende y que no se quiere comprender fuera de las poblaciones indígenas, al invisibilizar a estas mujeres periodistas también se está invisibilizando a las comunidades o pueblos, a las costumbres y necesidades que tienen”, nos dijo la especialista.
Sonia Quispe refiere que esta visión occidental en los medios de comunicación vulnera las lógicas culturales de los comunicadores indígenas que los someten a extensas horas de trabajo con la justificación de que los periodistas no tienen horarios.
“Yo soy una chola que después de trabajar en mi medio de comunicación, cada viernes en la tarde me voy al campo porque tengo otras actividades en mi comunidad; esa es mi rutina, todas las semanas, meses y años, lamentablemente algunos medios no entienden esta concepción de vida”.
Con relación a esta falta de empatía hacia las costumbres culturales de las periodistas indígenas, Abel Ticona resalta que en la Agencia Plurinacional de Comunicación tienen como principio no romper la tradición de la labor que tiene un comunitario, misma que está vinculada sobre todo a la producción agrícola y al trabajo en el campo.
Ticona indica que en la APC han capacitado al menos a 500 comunicadores y comunicadoras indígenas en más de 10 años, donde la mayoría de participantes son mujeres, quienes han aprovechado muy bien esta oportunidad.
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“En esa medida es que se ha ido creando toda esta práctica que nosotros llamamos comunicación indígena, originaria campesina, justamente para poder equilibrar esos espacios mediáticos donde se mueve información que determina la vida de los pueblos indígenas comunitarios, como los territorios, el idioma y la cultura”.
Comunicadoras en riesgo
Los comunicadores indígenas en general son blanco de agresiones contra su integridad física y mental sobre todo por su condición de defensores de la Madre Tierra y de sus territorios. En algunas regiones de Latinoamérica, dice Kuiru, tenemos compañeras que han tenido que ir a otros países como Alemania por haber denunciado corrupción política, y en Colombia, aparte de comunicadoras, por ser líderes que “luchamos desde los territorios y casi siempre con las uñas”.
Estas situaciones se replican en comunicadoras de Guatemala, México, Ecuador y Chile con las compañeras mapuches que sufren una fuerte persecución política por la defensa de sus territorios, inclusive por los mismos gobiernos, asegura Kuiru.
En Bolivia, Emiliana Ayala es una de estas víctimas con el avasallamiento del territorio de sus padres como represalia por defender a personas vulnerables del abuso de una empresa. No recibió el apoyo de las autoridades. Pero los atropellos también vienen de la misma comunidad, en Sacaba, que son validadas por instituciones gubernamentales como el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria).
Abel Ticona desde su experiencia señala que cualquier denuncia, cuando afecta intereses individuales o empresariales, genera situaciones de amenaza, de censura, y esto ocurre, remarca, debido a que la comunicación ha adquirido un compromiso con el cuidado de la Madre Tierra.
Refiere que, si bien en Bolivia no se ha vivido situaciones como en Brasil o Ecuador con el asesinato de comunicadores, existe una situación de permanente amenaza y de riesgo cuando se trata de denunciar este tipo de intereses.
La impunidad campea en casos de agresión a periodistas. En Bolivia se registraron casi 500 denuncias de agresiones de 2018 a 2021 y no existe ninguna investigación concluida y menos una sentencia condenatoria, teniendo como consecuencia la impunidad naturalizada que otorga libre albedrío para que cualquier persona pueda violentar a un periodista, más si es mujer indígena u originaria.
Para Lagunes, la incapacidad de los Estados para sancionar las agresiones a mujeres periodistas se debe a un tema de negligencia, debido a que en varias regiones de América Latina los principales agresores son agentes del Estado, lo que lleva a cuestionar en quién recae la obligación de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres.
Actualmente, si bien existe la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, esta ha sido cuestionada por su poca efectividad y la incapacidad de ser implementada.
Solo para tener un contexto general de la situación, según el último informe oficial de la Fiscalía General del Estado, entre enero y julio del presente año se reportaron 50 casos de feminicidio y más de 20,456 casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Llama la atención que en el informe no hay un desglose detallado de la cantidad de feminicidios ocurridos en las comunidades.
Sin marco legal para la comunicación indígena
“Las bases constitucionales están dadas, hay varios artículos en la Constitución que abren el contexto para que se puedan formular normativas, leyes y políticas públicas respecto a la comunicación indígena originaria a partir del establecimiento de la comunicación como un derecho, creo que eso es fundamental y es el punto de partida”, dice Abel Ticona, pero reconoce que a partir de este marco legal “se ha intentado establecer las normativas que deriven de esos preceptos constitucionales, pero se ha avanzado muy poco”.
Destaca dos avances importantes en materia jurídica: la Ley de Telecomunicaciones que reconoce un porcentaje del espectro electromagnético a los medios de los pueblos indígenas, originarios campesinos; y la Ley del Cine y audiovisual boliviano que reconoce las formas diversas de producción cinematográfica y el fomento al cine y audiovisual indígena con sus propias formas y modos de producción.
La Ley de Telecomunicaciones distribuye el espectro electromagnético de la siguiente manera: 33% para los medios privados, 33% para los medios estatales; y, del 34% restante: 17% para los medios comunitarios y un 17% para los medios de los pueblos indígenas originarios.
Sin embargo, no es suficiente; por ejemplo, la pauta publicitaria -recurso que eroga el Estado para los medios de comunicación- está dirigido solo a los medios comerciales y excluye a los medios indígenas.
Ticona remarca que los medios indígenas originarios no son dependientes del Estado, no reciben dinero del Estado y en cierta forma eso es positivo, pero la normativa no ayuda a una mejor integración.
Hicieron propuestas para modificar la Ley de Imprenta para fortalecer una visión de diversidad y pluralidad, pero encontraron “una gran resistencia de los grandes medios tradicionales que ven en riesgo sus intereses”. Por este motivo las organizaciones han planteado un proyecto de Ley de Comunicación Indígena Comunitario Campesino que responda a los planteamientos constitucionales, pero todavía está en etapa de discusión en la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en busca de consensos para su aprobación.
“Con el Estado Plurinacional pareciera que debería ser plenamente viable, pero no, (la propuesta) afecta intereses, afecta consorcios y no es sencillo, por eso es que esta ley todavía se encuentra en la etapa de consenso en la Asamblea Legislativa profesional y no sabemos si se viabilizará o no”, apunta.
Las comunicadoras indígenas continúan todavía por un camino empinado y lleno de obstáculos por el respeto de sus derechos y van arrancando conquistas como resultado de su perseverancia que aun los Estados se resisten a cumplir.
