El miércoles de la semana pasada el Senado aprobó la renuncia de Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los nombres de las personas que proponía para ocupar el puesto que Zaldívar desempeñaba desde 2009.
Esta vez, el presidente no quiso correr el riesgo de que quedara alguna rebelde. La terna de López Obrador para suplir a quien desde tiempo atrás fue su aliado cercano está integrada por tres funcionarias del gobierno federal: Bertha María Alcalde -hermana de la secretaria de Gobernación-, Lenia Batres -hermana del jefe de Gobierno de la capital-, y María Estela Ríos. Todas son de una lealtad incondicional al presidente.
Una de ellas llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Norma Piña, quien ha sido señalada como rival de los partidarios de la Cuarta Transformación.
No extraña que la terna enviada de los perfiles morenistas sea una muestra clara de la opinión que tiene el presidente de la Suprema Corte: sirven para servirme.
Y es que anteriormente López Obrador ha reconocido que con la Corte le falló la estrategia: primero intentó armar un grupo de ministros que le fuera incondicional, pero se equivocó en algunas designaciones y ahora tiene un máximo tribunal que tiene un criterio propio. Es una Corte que no se somete.
Este gobierno no concibe que haya otro poder no supeditado a él que norme la vida cívica del país. Es decir, el tema no es la Corte sino la pretensión del Ejecutivo de centralizar el poder.
La historia nos ha enseñado que el camino de las descalificaciones a diestra y siniestra a los organismos constitucionales autónomos o del Poder Judicial lejos está de asegurar una mejor vía democrática para el futuro. Por el contrario, esto vulnera lo que hemos podido construir en la vida pública.
Habría que preguntarse, ¿si las y los ministros fueran condescendientes con la visión del Ejecutivo se hubiera presentado la iniciativa para eliminar los fideicomisos o se pretendería un recorte en el Presupuesto del Poder Judicial? No se hizo en los años de Zaldívar, pero ahora parece ser urgente.
¿Se trata de un castigo por no sujetarse a los criterios del Poder Ejecutivo?
Lo que es evidente es que tiene toda la intención de construir la narrativa de que tenemos una Corte que goza de privilegios indebidos y se resiste a perderlos. Además, según acusa el presidente, está al servicio de “los conservadores”.
Vale la pena mencionar que si el gobierno pretende cambiar la estructura del Poder Judicial y quitarle su independencia, tendrá que ser a partir de una reforma constitucional.
Para ello deberá contar con el respaldo de la sociedad, lo que requiere que el partido oficial obtenga en las urnas las mayorías calificadas que necesita en las dos Cámaras del Congreso, así como refrendar el control con el que ya cuenta Morena en Congresos estatales.
De no seguir este proceso solo se confirmaría que el Ejecutivo no pretende una reconstrucción institucional ni ahorrar recursos, sino que se trata solo de una serie de ataques a un Poder del Estado cuya autonomía le estorba.
En un momento en el que la independencia del Poder Judicial es crucial para la legitimidad del proceso electoral que se avecina y del Estado de derecho, no están de más los cuestionamientos sobre si Arturo Zaldívar sacrificó su mandato constitucional por sus simpatías partidistas o si es parte de un proyecto transexenal, para mantener la influencia en el Poder Judicial.
No podemos perder de vista que las instituciones políticas y jurídicas son necesarias e imprescindibles. Es fundamental que la selección de candidatos para la Suprema Corte se base en criterios profesionales, de independencia e imparcialidad, no en conexiones políticas.
Es tiempo de reconsiderar la importancia que tiene para la democracia la pluralidad, la división de poderes y los contrapesos. México merece una Suprema Corte que limite al poder, no que se someta a él.
