Se ha publicado la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2022 que realiza el INEGI, un documento clave para entender lo que está pasando en México.
Hay mucho que hablar sobre la encuesta: los datos de salud, de desigualdad, de ingresos. Pero un tema fundamental que puede responder es: ¿los programas sociales están funcionando?
Por supuesto cada bando de este país polarizado lee los datos como más le conviene, pero antes de entrar en los detalles, vale la pena entender qué son los programas sociales y por qué existen.
Aunque hoy los políticos los quieran presentar como innovaciones o grandes logros, la verdad es que durante mucho tiempo han existido versiones de estos programas. Un ejemplo destacado fue el “Nuevo Acuerdo” o “New Deal”, que diseñó el gobierno de Theodore Roosevelt en los años 30 del siglo pasado para enfrentar la gran depresión.
Mientras la economía mundial se hundía, aquel presidente se dio cuenta de que si no apoyaba desde el Estado a los más vulnerables, su país colapsaría. Así, creó una serie de programas de ayuda a desempleados, agricultores, de comedores comunitarios y proyectos de infraestructura para mantener a las personas fuera de la pobreza extrema.
No es que haya sido el primer o único caso, pero es emblemático por el considerable éxito que tuvo para que los Estados Unidos pudieran superar uno de los momentos más dramáticos que habían vivido hasta el momento.
Las ayudas sociales no se acabaron tras superar la Gran Depresión; a la fecha, tanto Estados Unidos como Europa tienen amplios programas de apoyo a los más necesitados, becas educativas, bonos alimenticios y muchos otros para tratar de mantener a la pobreza limitada.
En América Latina, Luiz Inacio Lula da Silva es considerado uno de los líderes que, a principios de este siglo, construyó un sistema de apoyos sociales efectivos, con su programa de transferencias condicionadas.
Logró reducir la pobreza, la mortalidad infantil y fomentar el progreso de muchas comunidades con un buen diseño de apoyo a los sectores más vulnerables.
En México, el tema de los programas sociales no solo se ha vuelto clave en el diseño de políticas públicas, sino también en el debate político-electoral que vive nuestra nación. Lamentablemente, más allá de las estrategias de desarrollo social, lo hemos convertido en una pugna entre quién te ofrece más. Pero veamos algunos datos.
Primero, la cobertura de programas sociales es la más alta de toda la historia. En 2022 los hogares que respondieron recibir al menos un programa social llegó al 34%, por encima del 30% de 2020 y del 28% al final del sexenio anterior, en 2018. Eso suena como una buena noticia.
Pero no se logró el “primero los pobres”, porque se triplicó la cobertura de los hogares más ricos – que no lo necesitan tanto – y se redujo para las familias más necesitadas.
Es como formar a toda la población y darles lo mismo sin importar su riqueza.
Es muy bueno que la Pensión de Adultos Mayores casi duplicó su cobertura: hay grupos sociales, como ese o las personas con discapacidad, que deben ser atendidas por el Estado. Es nuestra responsabilidad como una sociedad solidaria.
Pero el problema es que a los sectores que deberían recibir respaldo para fomentar su desarrollo y por tanto el del país no les está llegando el apoyo necesario. Por ejemplo, la transferencia que reciben los hogares por las becas Benito Juárez cayó 17% en términos reales. Estos deberían ser los estudiantes que saquen a México adelante en el futuro, pero ahora reciben menos.
Las ayudas sociales son indispensables. Todas las naciones lo saben, todas las usan. Pero el problema que estamos enfrentando es que se gasta más que nunca en ellas sin un verdadero diseño institucional que garantice las condiciones fundamentales: uno, sacar a la gente de la pobreza y darles oportunidades; dos, construir una sociedad donde cada vez menos personas las requieran y que potencien el desarrollo de nuestra nación.
Y no menos importante, que sean fiscalizadas con rigor por instituciones independientes que garanticen que no sean usadas para coaccionar el voto, como lo hemos visto por décadas.
Los programas sociales son una obligación del Estado, pero también es su obligación hacerlo bien, de forma planificada, razonable y sobre todo sostenible. No pueden ser herramientas políticas, ni sobornos sociales.
Porque al final del día, nuestro sueño debe ser una sociedad suficientemente libre y productiva para nunca más necesitarlas.
