El proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial rumbo a las elecciones en el 2024 ha generado una serie de preocupaciones y cuestionamientos sobre su legalidad y financiamiento.
Las acciones del partido en el poder y sus aspirantes a la Presidencia violan a todas luces la ley electoral, buscando obtener una ventaja indebida y burlar las reglas democráticas. Pero vamos por partes.
Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus colaboradores definir si se quedan hasta el final de su administración en 2024 o si se van a buscar una candidatura. El mandatario les dio hasta el 16 de junio para irse o quedarse y comenzó con ventaja frente a los demás candidatos de oposición.
Las precampañas inician oficialmente en noviembre próximo y cinco meses antes ya se destaparon las “corcholatas” de Morena, lo que muestra una clara ventaja para el aspirante ganador y una desventaja para todas las demás candidatas y candidatos que resulten de los otros partidos políticos.
En la oposición todavía no hay candidatos y el proceso de selección de la alianza Va por México integrada por el PRI, PAN y PRD, arrancará hasta el 26 de junio, fecha máxima para informar sobre su proceso electoral.
El primero en definir sus aspiraciones presidenciales por Morena fue Marcelo Ebrard. El ex canciller renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores, le agradeció al presidente Andrés Manuel y tras darle un abrazo le dijo: “siempre seré tu carnal”.
Después vino la renuncia de Claudia Sheinbaum a la jefatura de la Ciudad de México.
“Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación, y dar continuidad con sello propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo ahora la precandidata de Morena.
A las renuncias de Ebrard y Sheinbaum se sumaron las de Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación; Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo; Manuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas y la diputada Yeidckol Polevnsky, quien se registró a pesar de que el Consejo Nacional de Morena acordó que solo tomaría en cuenta a seis aspirantes a ocupar su candidatura presidencial.
La sucesión presidencial adelantada de Morena no solo implica que se burla la ley electoral, también que existe una falta de rendición de cuentas y de transparencia sobre el origen y destino de los recursos que usarán las “corcholatas” que ya aparecen en espectaculares y pintas de paredes sin que se haya dado el banderazo de salida oficial a las campañas políticas.
¿Quién o quiénes están financiando los espectaculares, las bardas y los recorridos públicos de las “corcholatas”?
Por ley, se consideran como actos de precampaña todas las actividades que busquen obtener el apoyo de militantes y simpatizantes para ser candidato.
Sin embargo, Morena nos quiere vender gato por liebre y en lugar de admitir que están en búsqueda de su precandidato presidencial, argumentan que se trata de la selección de su “Coordinador Nacional” utilizando términos como “asambleas informativas” en lugar de actos de precampaña.
Estamos frente a una campaña anticipada de Morena sin que importe mucho que dichas acciones sean consideradas actos de precampaña por la ley.
Las reglas establecidas por el partido en el poder para elegir a su candidato presidencial también dejan dudas y preocupaciones porque carecen de mecanismos obligatorios y sanciones efectivas para aquellos que las violen. Esto ha llevado a Sheinbaum y Ebrard a transgredir abiertamente los acuerdos, recibiendo respaldo público que les está prohibido obtener en este momento.
Otro problema importante es la falta de controles para evitar el uso de recursos públicos, empresariales o de actividades ilícitas en el proceso. Esto plantea interrogantes sobre la posibilidad de que gobernadores utilicen dinero estatal a favor de ciertos candidatos. La falta de rendición de cuentas y transparencia pone en entredicho la integridad del proceso y crea un ambiente propicio para la comisión de delitos electorales.
Es crucial que seamos conscientes de esta situación descarada de Morena y hagamos un llamado a no normalizar estos hechos, exigiendo transparencia y respeto por las normas electorales.
De lo contrario, ¿quién garantizará la confianza de la ciudadanía en el sistema político mexicano rumbo a las elecciones presidenciales del 2024?
Será fundamental que el Instituto Nacional Electoral esté pendiente de que se cumplan las leyes. ¿Lo hará?
