En menos de un mes Mexicana de Aviación volverá a volar, nos han prometido desde el gobierno. Ahora ya no será una empresa privada, sino que del Estado. O más precisamente, del Ejército.
Volará desde el AIFA y será operado por las Fuerzas Armadas. Con recursos del gobierno, es decir, de todos los mexicanos, el Ejército ha arrendado una flotilla y se asegura que venderá boletos más baratos que las aerolíneas comerciales. También, según se ha dicho, pagará menos por el uso de las instalaciones del aeropuerto.
Esto ha indignado a las otras aerolíneas, que denuncian una “competencia desleal” por parte del Estado. Algo de razón tienen: Mexicana no compite desde un piso parejo. Tendrá trato preferencial y, sobre todo y como cualquier empresa del gobierno, tiene menos motivación para ser sustentable. En el peor de los casos, los contribuyentes pagaremos sus deudas.
En los últimos años hemos visto crecer la influencia del Ejército en áreas en las que jamás habían participado: la construcción de obras emblemáticas, como el mismo AIFA y la refinería de Dos Bocas, así como el Tren Maya.
También han expandido sus redes empresariales al turismo administrando hoteles. De igual forma, las Fuerzas Armadas ahora controlan varios aeropuertos y las aduanas. Vale la pena preguntarnos ¿en dónde el Ejército controla este tipo de negocio? La respuesta no es halagadora: Cuba, Venezuela o Norcorea son todos países en los que las Fuerzas Armadas están involucradas a fondo en la actividad económica.
Ha sido un gran negocio para los generales, pero no tanto para sus naciones. La lógica castrense no fluye bien con las dinámicas empresariales con las que irremediablemente tienen que lidiar, lo que desincentiva la inversión, innovación y el emprendimiento.
Acá entra una segunda pregunta: ¿cuál es la función del Ejército? En su origen, era protegernos de enemigos externos y responder ante emergencias naturales. Felipe Calderón decidió volverlos una fuerza policiaca en su combate contra la delincuencia. Y los hechos son claros: han fracasado. La estrategia militar de combate al crimen organizado ha dejado, y sigue dejando, miles de muertes al mes.
Como hemos documentado en Cuestione, si en 2013 hubo 160 enfrentamientos entre cárteles con al menos una muerte, en 2021 el número de enfrentamientos aumentó a 3,722, es decir, 23 veces más. Una estrategia fallida.
Así que aunque no han logrado su objetivo de hacer de nuestro país un lugar más seguro, decidieron darles más tareas. Con más responsabilidad no solo vienen más, muchos más recursos económicos, sino un enorme poder sobre el gobierno.
Se puede sospechar, además, que hay una razón de fondo: las Fuerzas Armadas tienen una enorme capacidad de alegar “seguridad nacional” para no transparentar el uso de sus recursos, sus contratos y contratistas. Como ninguna otra institución, están protegidos de la transparencia. Y eso que este gobierno se ha lucido por su opacidad en el manejo de los dineros públicos.
Al final, la gran pregunta es qué hará el próximo gobierno. En solo 12 meses tendremos una nueva presidenta que heredará un país con enorme control militar. Más allá de sus planes y aspiraciones, estará en el dilema de mantener las cosas como están o empezar a devolver el poder a quienes siempre debió pertenecer: los civiles.
No es un desafío menor.
