Te pedimos que antes de ver esta editorial dejes a un lado tus sentimientos a favor o en contra del Presidente y hagas lo mismo con Ricardo Salinas Pliego. Si no haces lo anterior, corres el riesgo de entender esta columna basando tu razonamiento en sentimentalismo y no en la razón.
Lo que parece un conflicto entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el presidente Andrés Manuel López Obrador por el pago de millones en impuestos al Servicio de Administración Tributaria -el SAT-, es en realidad un reflejo de una guerra frontal del gobierno contra todo un sector de la sociedad que critica su administración.
La Cuarta Transformación se ha dedicado a utilizar el aparato del Estado como una herramienta de intimidación para los que piensan diferente, lo que se ha convertido en una lucha contra la libertad de expresión, de disenso, de emprendimiento y de mercado; violando sin empacho el uso de datos personales o el secreto financiero al que todos tenemos derecho.
Parte de la forma en que el gobierno está extorsionando y amenazando -inclusive a los medios de comunicación- es a través de limitar la libertad de prensa. Tan solo en esta semana dos columnistas de diferentes medios fueron casualmente despedidos tras ser cuestionados desde la Presidencia. Sin embargo, nunca han despedido a un aplaudidor de la 4T, pero si acosan y dejan sin trabajo a quienes confrontan a Andrés Manuel o a cualquiera de sus discípulos.
Otra forma en que se expresa esta batalla del Estado se manifiesta con sistemáticas extorsiones, de todo tipo y en todos los niveles. Desde mega empresarios como Salinas Pliego hasta pequeños emprendimientos para que paguen impuestos de más, a cambio de no ser perseguidos o excluidos.
Nadie se anima a hablar porque están intimidados. Los empresarios saben que esto viene pasando desde hace mucho tiempo pero están asustados; se trata de un sistema de saqueo sistemático, una ordeña peligrosa y abusiva a dedo presidencial.
El uso del aparato estatal para presionar y extorsionar a empresarios tanto grandes como pequeños, no solo perjudica la economía y el desarrollo empresarial, sino que también socava los principios democráticos al limitar la pluralidad de opiniones y la diversidad de actores en el escenario público.
Además, no nos perdamos. El dinero recaudado bajo coacción no va a los más necesitados como el gobierno pretende hacer creer. En realidad sólo sirve como leña al fuego para un gobierno que gasta mal, a manos llenas, en empresas paraestatales, obras faraónicas y caprichos; en la inmensa corrupción que existe en el país.
Ese dinero no es para el “pueblo bueno” sino para alimentar a un animal que no tiene llenadera.
Frente al absoluto fracaso en la protección de la ciudadanía y su seguridad, el gobierno recurre al viejo truco de cambiar la página y echa mano del enemigo favorito: “el empresario rico”.
¿De dónde sale esta violencia contra los empresarios y la prensa por parte de presidencia? de la queja constante de dos grandes errores por parte de gobierno: la inseguridad y el enorme fracaso que ha sido su guerra contra la corrupción.
La Presidencia de la República está utilizando dos armas muy peligrosas contra la libertad de la prensa y los empresarios por pedir dos cosas básicas: que se cumpla la obligación del Estado de darle seguridad a los ciudadanos y que se haga honor a su apuesta de campaña de cero corrupción.
Es hora de dejar de lado los sentimentalismos y enfrentar el problema real. La protección de la ciudadanía y el desarrollo económico del país no pueden lograrse bajo un régimen de miedo y represión. Es necesario unir voces y denunciar estas prácticas abusivas que atentan contra la democracia y el bienestar de todos.
Exijamos transparencia, justicia y respeto para todos por igual. Solo así podremos construir un México más justo, próspero y seguro.
