Otra vez el gobierno da muestra de lo caro que le sale jugar a ser empresario. Ahora anunció la compra de plantas termoeléctricas por $6,000 millones de dólares que la empresa Iberdrola tiene en nuestro país.
Iberdrola es la firma española de generación de energía con más presencia en México, la misma que en el pasado enfrentó los ataques y descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se reunió con sus directivos en Palacio Nacional para anunciar la operación que el mandatario considera un hito patriótico.
Sin embargo, toda compra del Estado mexicano debe responder a un plan, no a una ocurrencia. Es decir, lo ideal sería que con esto se diera una derrama económica para el país.
Pero en este caso, los activos que la compañía española tiene en México no se los vendió al gobierno, ni tampoco a la Comisión Federal de Electricidad.
El verdadero comprador de las 13 plantas de generación eléctrica es otro particular: un fondo de inversión administrado por Mexico Infrastructure Partners. El presidente de esta empresa es Mario Gabriel Budebo, quien es consejero de Pemex y fue subsecretario de Hidrocarburos en el sexenio de Felipe Calderón. Mientras que el apoderado es Ramón Colosio Córdova, quien es inversionista en carreteras y libramientos y Raúl Martínez Chávez es socio y ex empleado de Bansefi -hoy Banco del Bienestar.
Así, lo que el presidente López Obrador declaró como una “nacionalización” de la industria eléctrica, definitivamente no lo es. En realidad lo que sucedió fue que la transnacional puso sus activos en manos de una entidad privada diferente.
Se conoce como la nacionalización de la industria eléctrica mexicana cuando Adolfo López Mateos expropió la empresa canadiense Mexican Light & Power Co. para convertirla en la compañía de Luz y Fuerza del Centro en 1960.
Ahora bien, esta operación tampoco asegura que tendremos más electricidad o que disminuirán los costos de la energía, pues estas plantas no van a ingresar al patrimonio de la CFE. Esta dependencia se encargará de operarlas y eso será así mientras el verdadero dueño de las plantas, lo considere pertinente.
Por si fuera poco no estamos invirtiendo, simplemente CFE está tomando control de otra parte de la producción.
Otra mala noticia es que no conozcamos las condiciones en las que se dio la negociación entre Mexico Infrastructure Partners y el gobierno mexicano. Y aunque se prometió que los detalles de la adquisición saldrían a la luz eventualmente, otra vez la opacidad sale a relucir en este acuerdo.
¿Se dieron las concesiones para ayudar al consumidor y a la industria a bajar costos y a proteger ecosistemas? No, no hay ningún beneficio, seguiremos pagando un monopolio caro e ineficiente. Además de que no se generará más energía.
Por su parte, Iberdrola está deshaciéndose de 12 plantas de ciclos combinados de gas; de las 13 que vendió, solo una planta es eólica al 100 por ciento. Este gobierno insiste en que las energías limpias le hacen competencia desleal a CFE, aunque son más baratas. No entiende que son el futuro, más económicas y sustentables.
Lo mismo sucede con la nueva ley minera, que pretende también controlar la minería y regresarla al Estado, que no tiene ni recursos, ni tecnologías, ni procesadoras para extraer los metales. Y qué decir de la nacionalización del litio que ya era nacional.
¿El regreso al pasado está en crear de nuevo empresas paraestatales? La experiencia nos dice que los beneficios para la población son mínimos en obras subsidiadas y mal ejecutadas. Y es que con el pretexto de nacionalizar de nuevo la industria eléctrica pagaremos más las y los mexicanos.
A la actual administración le gusta la idea de “nacionalizar” todo. Pero eso no tendría que ser a costa de endeudar más al país, de desviar recursos, que no tenemos, para pagar algo que no necesitamos, y que no será nuestro, y que generará la misma electricidad con la que ya contamos.
Es hora de avanzar al futuro, no de regresar al pasado.
