El gobierno de los “abrazos y no balazos” tiene una relación esquizofrénica con la criminalidad que no se ha analizado lo suficiente. Por un lado, tenemos el populismo punitivo. Entendamos este concepto como las políticas y discursos que buscan ganar apoyo popular mediante la adopción de posturas duras y severas en temas relacionados con la seguridad, la justicia penal y la inmigración.
Estas políticas suelen enfocarse en castigos más severos, leyes más estrictas y un enfoque general en la aplicación rigurosa de la ley. Es algo que resulta muy convincente en países que enfrentan crisis de violencia o inseguridad, porque solemos pensar que a mayores penas, menos delitos.
Así, uno de los grandes logros de este gobierno es la expansión de la prisión preventiva. A pesar de ser algo condenado por defensores de los derechos humanos, una de las primeras reformas del obradorato fue ampliar las causas para la prisión preventiva, sumando delitos nuevos, incluso electorales.
El resultado es claro: cuatro de cada diez personas encarceladas no son ni culpables ni inocentes, porque no tienen condena; de hecho, muchas no tienen ni siquiera un juicio en proceso. No es algo nuevo, pero tras aumentar las razones para usar la prisión preventiva, muchísima más gente está en esta situación.
Esta reforma es un gigantesco retroceso en términos de derechos humanos, uno que ha sido muy criticado por organismos internacionales. La prisión preventiva, se entiende, debe ser para casos muy específicos y justificados; ahora, es casi automática. López Obrador celebró que haya gente en la cárcel, asegurando que “la cárcel es dura cuando se comete un delito, cuando no, moralmente fortalece”. Así que si eres inocente preso, tu moral debe estar cada día más sólida.
Y acá está el problema del populismo punitivo: suena bien, pero no resuelve los problemas. Sin duda no ha resuelto la criminalidad más grave, que es la de la delincuencia organizada, sino que tampoco ha reducido una de sus principales causas: la impunidad.
En México gran parte de los delitos no se denuncian, y de los que se denuncian la gran mayoría quedan sin culpables ni castigo. Así que tenemos a miles presos sin condena, y muchísimos más libres sin siquiera una investigación.
Pero eso ni siquiera es lo esquizofrénico. El asunto es que mientras aumentan las razones para irse a la cárcel, y el gobierno defiende sus malas investigaciones culpando al Poder Judicial, este presidente ahora quiere reservarse el derecho del perdón.
En efecto, la Ley de Amnistía dará al presidente el poder de perdonar a presuntos o sentenciados criminales, de cualquier delito, a cambio de “contribuir a la verdad” de los hechos. Las leyes de esta índole se han usado antes, con muchos matices y asegunes, en los procesos transicionales. Por ejemplo, al final de dictaduras en Sudamérica o España se aprobaron leyes para no perseguir a violadores de derechos humanos; en Colombia se hizo algo similar con el acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC.
Pero el tema es que México no está en un proceso transicional así. En teoría, al menos, no estamos llegando a un acuerdo con cárteles para cesar la violencia a cambio de impunidad. Esta nueva ley es suficientemente ambigua como para que el presidente tenga un poder discrecional para decidir a quién indulta, sin criterios claros sobre la cantidad y calidad de información que debe aportar la persona beneficiaria, ni límites en los delitos imputados. Puede, básicamente, indultar a quién quiera.
Pero, ¿a quién quiere perdonar el presidente? ¿A los criminales detrás de Ayotzinapa? ¿A los líderes de grupos de narcotraficantes? ¿A militares torturadores? ¿O quizá a altos funcionarios acusados de corrupción?
Como sea, en un país con tanta impunidad, pensar en este tipo de amnistía debería despertar muchas suspicacias.
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