La estrategia de seguridad del actual gobierno ha sido un fracaso que ha tenido un alto costo para México.
Han pasado cinco años desde que la política de “abrazos y no balazos” prometía hacerle frente a la inseguridad en un país que desde el 2007 ha enfrentado el ascenso de grupos criminales en diversas regiones que, en algunos casos, controlan estados y municipios enteros.
Nos enteramos también de cómo el crimen organizado expande sus redes y cobra derecho de piso a quienes producen las cosas más básicas que consumimos: jitomates, aguacates, limones, tortillas.
Esta administración tuvo la oportunidad de marcar distancia con el pasado y de sanar las heridas de un país sumergido en la violencia, pero no ha sido así.
Bajo las premisas de atender la desigualdad económica y la corrupción como causas de la violencia, hasta ahora no se ha podido trabajar en una verdadera política que garantice la paz.
De acuerdo con un ranking que la firma World of Statistics compartió el 1 de junio de 2023, México tiene 11 de las 20 ciudades con mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Además, la misma firma indicó que 9 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo se encuentran en nuestro país, siendo Colima la que encabeza esta lista.
De los nueve estados mexicanos que tienen las ciudades con mayor número de asesinatos, siete son gobernados por Morena: Colima, Michoacán, Sonora, Morelos, Zacatecas, Guerrero y Baja California. Esto significa que el partido oficial gobierna el 35% de las 20 ciudades más violentas, según los datos de World of Statistics.
El discurso de López Obrador siempre ha catalogado a la inseguridad como la “peor herencia“ de los gobiernos pasados, pero resulta una narrativa de doble moral porque en este sexenio no se ha elaborado una sola estrategia contundente que detenga a la delincuencia organizada.
El presidente también ofreció que con la creación de la Guardia Nacional -que empezó a funcionar desde el primer año de gobierno- se resolvería en gran medida la violencia; sin embargo, las fuerzas militares se han encargado de construir aeropuertos, estaciones de trenes, bancos, distribuir vacunas y hasta limpiar sargazo, pero no de frenar la delincuencia.
Este gobierno no ha entendido que no se trata solo de una estrategia de militarización de la seguridad pública, sino también de una estrategia de combate a la violencia generada por grupos del crimen organizado que no solo no han sido desarticulados, sino que tampoco se han roto las redes de macrocriminalidad que mantienen a estos grupos operando.
Tristemente la llamada política de “abrazos no balazos” se resume en una sola acción: no hacer nada.
La “no acción” parece que es realmente la estrategia del gobierno. Si bien es cierto que las drogas deberían ser tratadas como un problema de salud y no de seguridad, no se puede decir lo mismo de la delincuencia organizada.
Por otro lado, ni en ésta ni en las demás administraciones se ha podido desterrar la complicidad entre las instancias y autoridades -en cualquier nivel- con el crimen organizado.
Es decir, solo será efectivo garantizar la paz y la seguridad si los responsables de combatir al crimen dejan de compartir intereses con quienes cometen los delitos.
¿Hasta cuándo el Estado se hará responsable de combatir la violencia que vivimos? Es imposible negar que los homicidios siguen en niveles desproporcionados, que las desapariciones de personas deberían ser una emergencia nacional y que han crecido muchos delitos de alto impacto como la trata de personas.
En la elección presidencial del próximo año debemos prestar atención a cómo se propone enfrentar a la inseguridad y si empezará por reconocerse que existe. ¿Habrá una solución efectiva a este grave problema o será una continuidad del rotundo fracaso de la política de abrazos no balazos?
Porque este lema de campaña se ha convertido en la mayor piedra en el zapato para nuestra política interna. Frente a la torpeza, necedad e indiferencia de nuestro gobierno, quien está pagando las consecuencias es la sociedad.
Lo que el gobierno ya ha olvidado es que la seguridad de la ciudadanía tiene que ser su prioridad. Nada es más importante que una sociedad viva sin miedo para poder progresar.
Es hora de que las autoridades se hagan cargo de un problema que nos afecta a todos y todas, sin importar dónde vivamos.
