Si algo caracteriza a un Estado democráctico es el papel fundamental que juegan los contrapesos en la relación de sus actores.
Cuando un poder del Estado intenta someter a sus pares a partir de palos y zanahorias, no cabe duda que el futuro de ese país enfrenta un reto importante; pero si a este intento le sumamos presión, chantaje y golpes sobre la mesa, el panorama se vuelve turbio y desolador.
México ya está dividido y sin duda alguna el conflicto entre dos actores relevantes del Poder Judicial, el ministro en retiro Arturo Zaldívar y la ministra Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, pronostica un choque de trenes con resultados trascendentes en el futuro democrático del país.
La filtración del inicio de una investigación contra el equipo de Zaldívar, acusado de violar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación para “satisfacer intereses personales y de terceros” tuvo una respuesta fuerte por parte del aparato del Estado: la amenaza de juicio político y el inicio de una investigación penal contra la ministra Piña y contra la candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez.
Independientemente de quién tenga la razón y de quién salga ganando en esta guerra de guerrillas entre el Poder Judicial y el oficialismo, hay que analizar el impacto en el sistema de balance de poderes que se ha ido diluyendo durante la presente administración.
Los contrapesos del Estado democrático no sólo deben incluir a los tres poderes de la Unión, además deben estar los organismos públicos autónomos, los de la sociedad civil, empresariales, internacionales y por supuesto una prensa libre apuntalada en el derecho a la libertad de expresión. Tiene que integrar el sentir ciudadano.
La tentación por desaparecer los contrapesos y disminuir su influencia en el debate democrático es más que evidente en esta administración. Las reformas a la Ley de Amparo, aprobadas en el Senado de la República, quitarán a los jueces la facultad de suspender leyes de manera provisional y definitiva que hayan sido impugnadas. Por otro lado, una reforma da facultades al presidente de la República a otorgar amnistía a personas condenadas por delitos graves “de relevancia para el Estado mexicano”. ¿A quién se busca perdonar?
Es hora de decir: fuera máscaras.
Bajo estas condiciones, el camino que durante años condujo al sistema democrático y la consolidación del Estado de derecho se vuelve prácticamente intransitable. No se trata sólo de la relación futura de la clase política con los grupos de poder, periodistas o empresarios. No… ahora se trata de una ruta impuesta donde las garantías y derechos de la ciudadanía se encuentran en un grave peligro.
