En 2007, Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico en su primer mensaje a la nación como presidente. “Restablecer la seguridad tomará tiempo, costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas”, fueron las palabras del mandatario.
Después se anunció el Operativo Conjunto Michoacán, estado natal de Calderón, con el propósito de “recuperar el territorio” que estaba en manos del crimen organizado, aseguró. En ese entonces, la entidad era gobernada por el perredista Lázaro Cárdenas.
Sí, el mismo territorio donde se inició el combate y que ha visto el nacimiento de distintos grupos delictivos, como la Familia Michoacana.
Para el último año de su administración, Felipe Calderón se justificaba diciendo “¿qué querían que hiciera?”. Su sexenio terminó con más de 104 mil muertos y más de 26 mil desaparecidos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En algo tenía razón: en estas batallas se perdieron muchas vidas, han sido largas y costosas… y no se les ve final.
Cuando regresó el PRI al poder con Enrique Peña Nieto, las cosas no fueron distintas. A pesar de que este tema no era el eje central en el discurso presidencial, en los hechos, las acciones militares continuaban sin disminuir la inseguridad y el poder del narco.
En su momento, Peña Nieto prometió que su estrategia contra la delincuencia no estaría basada en un enfrentamiento abierto contra los criminales. En cambio, habría prevención del delito y transformación de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Sin embargo, al final la violencia se recrudeció.
Hubo un momento, entre 2014 y 2015, cuando la estrategia de prevención del gobierno peñanietista parecía funcionar: bajaron los índices de homicidios. Después algo pasó y el país se descompuso junto con el régimen del priista.
Entonces, se apostó a que las Fuerzas Armadas estuvieran encargadas de la lucha contra las adicciones, pensando que el problema se resolvería con mayor seguridad y no con despenalizar el consumo de drogas.
El problema del narcotráfico que desencadena otros problemas de violencia, no se ha querido ver como uno de salud pública y prevención ni por Calderón ni por Peña Nieto.
Vaya, ni siquiera se ha aprobado el uso recreativo de la marihuana, medida que impulsó un tiempo el expresidente Vicente Fox quien, por cierto, durante su sexenio dejó crecer el poder de los grupos criminales y rechazó, también, medidas alternativas para tratar con ellos.
Es hora de replantear la guerra contra las drogas. Es evidente que la solución no está en la prohibición y la penalización. Legalizarlas podría ser el paso necesario para lograr la pacificación del país.
Y mientras no se reforme el sistema de procuración de justicia en el país que históricamente ha sido arbitrario y corrupto, los delitos seguirán quedando impunes. Las fallas en el sistema judicial y la inoperabilidad de los fiscales obstruyen el proceso de procuración de justicia.
Por ejemplo, el caso de José Ángel Covarrubias Salgado, El Mochomo, presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien fue liberado por un juez a quien ya se le investiga porque, en teoría, habría liberado al narcotraficante como consecuencia de una larga trama de corrupción.
La creación de la Guardia Nacional, ya en el gobierno de López Obrador, fue una apuesta alta pero con pobres resultados a la fecha. Esto nos dice que seguir apostando todo a cuerpos policiacos no es el camino. Cada vez se les destina más dinero, en lugar de enviarlo a programas educativos, culturales o sociales, que se ha demostrado pueden contribuir a la prevención.
En Estados Unidos, ante la creciente brutalidad policial, ya se está considerando que la ciudadanía no sea protegida por un órgano armado, lo que permitiría que en lugar de financiar a la policía, ese presupuesto se invierta en comunidades más desfavorecidas, así como en hospitales, escuelas, viviendas y servicios sociales.
Esta discusión nace porque una gran mayoría de estadounidenses no se sienten ni seguros ni cuidados por los cuerpos de seguridad, además de los escándalos de violencia racial.
Por ejemplo, Costa Rica es un país que no cuenta con policías y ha podido revertir la creciente inseguridad que antes vivía.
En Cuestione creemos que la estrategia debe estar enfocada al desarrollo educativo y cultural. A darle prioridad a políticas públicas que permitan reconstruir el tejido social, a la prevención. La solución no está en el aumento de penas o castigos, está en la aplicación estricta de las que ya existen. Es tener la certeza de que si alguien comete un delito, tendrá una pena ejemplar sin demora en su aplicación.
Pero no, resulta que el gasto público en seguridad sigue creciendo, tenemos un país militarizado -con abusos recurrentes por parte de las fuerzas del orden- y, por desgracia, tampoco dejan de crecer ni la violencia ni el narcotráfico.
Ya pasaron 14 años. La llamada guerra contra el narco sigue y, claramente, el Estado mexicano, haciendo lo que hace, nunca la podrá ganar. Y al final, la ciudadanía sigue siendo quien paga el pato y el costo de esta guerra. Algo tiene que cambiar.
