En la última semana, justo cuando arrancaron oficialmente las campañas políticas por la Presidencia, una serie de eventos e incidentes nos dio un duro recordatorio de la realidad por la que atraviesa el país.
Si bien la violencia no es nueva y desde el sexenio del panista Felipe Calderón se disparó como nunca antes, y no cabe duda que la administración de Andrés Manuel López Obrador ya se apunta como aquella en la que más crímenes violentos se han registrado, aún cuando el gobierno presume una reducción del 20% en los homicidios.
De acuerdo con especialistas, además de las causas estructurales de la violencia, existe un componente fundamental, que es la ausencia del Estado de derecho, es decir, la incapacidad de las instituciones para hacer que las leyes se cumplan.
Y aunque parece sencillo, no lo es. La organización Impunidad Cero detalló que en México el 94% de los delitos que se cometen no se denuncian y solamente el 1% de las denuncias se resuelven.
Datos del Atlas de Impunidad Mundial elaborado por Eurasia Group y el Chicago Council on Global Affairs detallan que nuestro país ocupa el quinto puesto en el mundo en la impunidad producto de la violencia, principalmente debido a altos índices de delincuencia y a los ajustes de cuentas entre grupos del narcotráfico.
En México no solamente no se cumple la ley, sino que también hay manga ancha para cometer delitos, pues la probabilidad de que haya justicia es prácticamente nula.
Este terreno es el campo de cultivo fértil para la delincuencia de todo tipo y para el caos social, como ocurrió el pasado jueves, cuando un grupo de personas, presuntos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, derribó la puerta principal de Palacio Nacional con una camioneta de la CFE mientras el presidente López Obrador daba su conferencia matutina. Nunca en la historia había sucedido eso.
A pesar de lo ocurrido, Andrés Manuel López Obrador minimizó los hechos y los relacionó con el ambiente de crispación y polarización política que se registra previo a las elecciones de junio. Incluso dijo saber por qué ocurrieron los hechos y pidió a la Fiscalía General de la República no investigar la agresión.
Este ejemplo refleja lo que ocurre en un país cuando el respeto a la ley se ha perdido: cualquiera puede desafiar a la autoridad, desde el narcotráfico con su violencia cotidiana que deja las calles ensangrentadas o tirar una puerta en la casa donde vive el presidente, hasta hacer fraudes multimillonarios como en los casos de Segalmex y la Comisión Nacional del Deporte, que encabeza Ana Gabriela Guevara.
Como indica el Atlas de la Impunidad Mundial: “La impunidad es el ejercicio del poder sin rendición de cuentas, que se convierte, en su forma más cruda, en la comisión de delitos sin castigo… La impunidad es la idea de que ‘la ley es para tontos’”.
El problema no es nuevo y sigue ocurriendo sin importar el color del partido que gobierne, independientemente de si barre las escaleras desde arriba hacia abajo… o simplemente no lo hace.
