En 2021 el gobierno mexicano presentó una demanda contra un grupo de fabricantes de armas de Estados Unidos ante una Corte de Massachusetts, acusándolos de alimentar, mediante sus prácticas de diseño, comercialización y distribución, el armamento de los cárteles mexicanos que ha sido utilizado para asesinar a miles de personas en nuestro país.
El gobierno de México -a través de la Cancillería que en ese momento estaba a cargo de Marcelo Ebrard– también exigió una compensación económica, pero sobre todo cambios inmediatos en la forma en la que las empresas comercializan y producen sus armas.
Para 2022 la Corte estadounidense rechazó la demanda mexicana tras apegarse a la famosa Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 blinda los intereses de la industria armamentista de EU y que hasta ahora había evitado que las distribuidoras de armas fueran a juicio por el uso indebido que hagan terceros de sus productos.
En marzo de 2023 la Secretaría de Relaciones Exteriores apeló la decisión tras argumentar que la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas no aplica para crímenes cometidos fuera de la frontera de los Estados Unidos.
Pero la semana pasada el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos dio un giro y dictaminó que sí procede la demanda de México contra las empresas de armas. Ahora, el caso regresará a un tribunal inferior y si el grupo demandado no logra revertir dicha decisión, México podrá demostrar en un juicio la negligencia de las armerías.
Este histórico precedente nos permite preguntarnos: ¿por qué es una buena noticia? En primer lugar, el tema de las armas ya no es secundario sino central en la política exterior mexicana. Si bien la demanda se puso en la mesa a principios del sexenio, hoy el proceso continúa bajo la titularidad de la canciller Alicia Bárcena, y por ello es fundamental que más allá de quién gane las próximas elecciones, el gobierno de México siga priorizando esta agenda.
Además revive el control de armas como parte central de la discusión pública en México y en Estados Unidos, porque aunque se pierda el litigio, puede provocar cambios positivos en la manera en que las empresas comercializan y fabrican sus armas.
Y finalmente respalda la política del presidente Joe Biden en la lucha que mantiene con el Senado por regular de forma más estricta la producción y comercialización de las armas.
De acuerdo con la Cancillería, en México entre el 70% y el 90% de las armas ilegales aseguradas en escenas criminales son traficadas desde Estados Unidos. También señala que 7 de cada 10 armas confiscadas en crímenes violentos en nuestro país son fabricadas por alguna de las compañías demandadas.
Para darnos una mejor idea, el gobierno mexicano estima que anualmente entran al país un total de 873,000 armas ilegales provenientes de Estados Unidos.
Por otro lado, la Asociación Industrial de Comercio de Armas de Fuego en los Estados Unidos explica que el incremento de la violencia en México es responsabilidad de “los altos márgenes de impunidad” y no de los fabricantes. ¿Quién tiene razón? ¿O es una responsabilidad compartida?
Es decir, ellos sugieren que México debería centrarse en combatir a los cárteles del narcotráfico en lugar de buscar culpables en ese país. Sin embargo, Estados Unidos es hoy una de las naciones con una de las políticas más laxas de portación de armas.
Esta situación ha puesto en debate la postura sobre la facilidad con que en esa nación se pueden conseguir todo tipo de armas que ha llevado a una situación en la que, con gran frecuencia, ocurren trágicos asesinatos en escuelas y zonas públicas. Entonces, es un problema para nosotros, pero también es un problema para los estadounidenses.
Es cierto que la facilidad con la que compañías de ese país venden armas de fuego ha beneficiado al crimen organizado en nuestro país, pero a las autoridades mexicanas también les toca asumir su parte: han fallado en su estrategia de seguridad.
A pesar de que este proceso legal podría llevar mucho tiempo y su resolución es un enigma, esta historia podría marcar varios antecedentes, principalmente en cómo el tema de las armas se está convirtiendo cada día en una de las mayores urgencias para la seguridad de la ciudadanía de ambos países. Y en cómo se aborda el tema del tráfico de armas y su impacto en la violencia en México.
Por lo pronto hay un avance fundamental: esta acción legal obliga a tener una discusión sobre la responsabilidad de los fabricantes de armas en la violencia armada que se han negado a tener. Y ahora, tendrán que hacerlo.
