El ex presidente Felipe Calderón tomó la decisión de incendiar al país con su guerra contra el narco; después, Enrique Peña pretendió que no existía el incendio y hoy López Obrador, como Nerón, cuenta chistes mientras México se convierte en cenizas.
Por eso, nuevamente tenemos que hablar de la violencia en México. Otra vez porque nuestro país está en llamas, y dos escenarios de horror que ocurrieron en días pasados lo hicieron evidente.
Uno de ellos es lo que las autoridades encontraron en dos inmuebles de Poza Rica, Veracruz: 17 cuerpos desmembrados, envueltos en plástico y almacenados en refrigeradores industriales.
El otro es la desaparición de cinco jóvenes de entre 19 y 22 años en Lagos de Moreno, Jalisco. Presuntamente fueron secuestrados, golpeados y brutalmente asesinados. No conocemos aún los motivos detrás de este crimen.
Las dos escenas grotescas son muestra de la imparable violencia que nos azota y que el Estado no está siendo capaz de contener. A pesar de esta situación de emergencia -que no es nueva- el presupuesto en justicia y seguridad pública no se ha incrementado.
México gastó en 2022 el 0.6% del Producto Interno Bruto en este rubro cuando el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -la OCDE- fue de 1.7%, sin embargo la inversión en el gasto militar que hizo México aumentó 108% desde 2007.
Si bien el presupuesto para el fortalecimiento del sistema judicial incrementó 55.5% en 2022, el destinado para la seguridad pública se encontró en su punto más bajo en 14 años, pues aumentó solamente 10.6%.
Esto quiere decir que la apuesta federal para contener la violencia en México se centra en la militarización de la seguridad pública, una estrategia que evidentemente está siendo ineficaz.
Según datos recientes de la OCDE, México tiene la tasa de homicidios más alta entre los países miembros con 27 por cada 100,000 habitantes cuando el promedio de la OCDE es de tan solo 2.6. La nuestra es 10 veces más alta.
Estamos por arriba de Colombia, que tiene una tasa de homicidios de 23 por cada 100,000 habitantes; de Brasil, que tiene una tasa de 19; y de Sudáfrica, con 14 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y por supuesto, estamos lejísimos de países como Reino Unido que presenta solamente 0.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, México es el segundo país más peligroso de América Latina y el Caribe con un registro de feminicidios de 1.6 por cada 100,000 mujeres en 2021, solo después de Brasil que presentó una tasa de 1.7 el mismo año, de acuerdo con los datos más recientes del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL.
Esto no es un problema de los partidos políticos, es un problema estructural que venimos arrastrando desde hace décadas y que nos lastima a todas y todos, sin importar si preferimos a Morena, al PAN o al PRI.
Aquí los responsables son quienes llegan al gobierno a hacer política, a ganar puestos y a enriquecerse a nuestra costa en lugar de cumplir con su principal responsabilidad: protegernos.
¿Cómo va a cambiar esta situación si nuestro sistema de justicia no tiene ni el personal suficiente para atender los delitos? En México tenemos cuatro jueces por cada 100,000 habitantes, alrededor de cuatro veces menos del promedio mundial, que son 17 jueces por cada 100,000 habitantes.
Y además contamos solo con un policía por cada 1,000 habitantes, por debajo del estándar internacional que debe ser de 1.8. Al cierre de 2020 faltaban 101,458 elementos policiacos a nivel estatal, es decir, el 42% de las policías preventivas estatales necesarias para alcanzar ese mínimo necesario.
Todos los gobiernos de México nos han fallado en su razón primordial de existir: garantizar la seguridad de su ciudadanía. Sin seguridad, no tenemos nada.
¿Qué tiene que pasar para que se lo tomen en serio?
