La semana pasada un artículo publicado en ProPublica y firmado por Tim Golden, periodista ganador de dos premios Pulitzer, puso de nueva cuenta en la discusión pública el papel que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, juega políticamente como agente de desestabilización.
No es casualidad que en plenos tiempos electorales tanto en Estados Unidos como en México el reportaje reproduzca una investigación de la DEA en la que una testigo identificada como Jennifer afirmaba que el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal La Barbie había dado al menos 2 millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. La investigación no prosperó debido a que no se pudieron validar las declaraciones, así como por consideraciones políticas.
En la antesala de las elecciones más grandes de la historia reciente en México, en la que se elegirán la Presidencia, 128 escaños en el Senado, 500 curules en la Cámara de Diputados y más de 19,000 cargos de representación popular, diversos medios y periodistas dieron a conocer información de la DEA que impactó en la comentocracia, que comenzó a comparar el caso con el de Genero García Luna, secretario de Seguridad Pública del ex presidente panista Felipe Calderón, juzgado en Estados Unidos por tener ligas con el narcotráfico.
La importancia del reportaje es más amplia, pues una lectura detenida nos invita a pensar en cómo delincuentes se acogen a mecanismos de cooperación con autoridades estadounidenses para lograr reducción de penas, sin que esto hasta el momento signifique un golpe certero contra las organizaciones del crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera en aparente impunidad.
El artículo de Tim Golden resalta las acusaciones sobre la creciente colusión del crimen organizado con autoridades gubernamentales de todos los niveles, como quedó expuesto con el caso de Genaro García Luna, a quien la Fiscalía de Estados Unidos describió como alguien que estaba encargado de combatir al narcotráfico cuando en realidad actuaba como socio.
Estos señalamientos no son nuevos. Desde la década de los noventa nos hemos acostumbrado a hablar de narcopolítica, que es esa relación entre el crimen organizado y actores políticos que brindan protección o simplemente dejan de imponer estrategias de seguridad, contención y combate, lo que permite la expansión de los cárteles.
En los últimos años, el narcotráfico ha extendido sus garras en México y ya es un actor relevante en las elecciones, pues lo mismo tiene la capacidad para imponer o financiar candidaturas que para asesinar a personas que compitan por cargos en los que tienen intereses.
Este nuevo episodio ya se perfila para ocasionar un desencuentro entre México y Estados Unidos; pero además, nos recuerda el papel de agente de desestabilización política que la DEA y otros organismos del gobierno estadounidense como el FBI o la CIA han jugado en procesos electorales en América Latina. Basta recordar el Plan Cóndor, que funcionó para dar un golpe de Estado al chileno Salvador Allende.
No hay que perder de vista que las elecciones en México no solamente impactarán en nuestro país, sino también en la región de Norteamérica, por lo que Estados Unidos y sus candidatos tanto del Partido Demócrata como del Republicano comenzarán a utilizar de manera política cartas como el narcotráfico y la migración ilegal, sin embargo no llegamos al meollo del asunto que es la creación de mecanismos efectivos para blindar los procesos electorales de la intervención del crimen organizado. Ese debería ser el debate.
Resulta urgente evitar que el narco se meta en las elecciones.
