El pasado 28 de febrero, el conglomerado Durand co, en conformidad a la Ley, solicitó a la Redacción de Cuestione que se publique esta carta en respuesta a la nota en el sitio web.
En respuesta a la carta aclaratoria enviada el 28 de febrero a la Redacción de Cuestione. La nota publicada en Cuestione el pasado 27 de febrero se realizó con una investigación hemerográfica exhaustiva y principalmente de fuentes abiertas.
Por el formato de la nota y el espacio de la misma no se publicaron todas las evidencias o se resumieron algunos hechos. Sin embargo, a continuación se mencionan las fuentes de la mayoría de estos que se mencionan como falsos.
- Información de la empresa. Respecto a la configuración del conglomerado, miembros, configuración y fechas de constitución, la información consultada fue a través de distintas fuentes. Por ejemplo, el Registro Público de la Propiedad, el timeline disponible en la página web de la empresa y el conglomerado con certificado no. ER-0023–19AS emitido en 2019 y disponible en el Anexo 1.
- Contratos. Referente a las fechas y montos de los contratos mencionados que fueron adjudicados a principios de este año, todos fueron consultados por datos abiertos. El contrato de enero 2023 corresponde al Anexo 2 y el de febrero 2023 al Anexo 3. En ambos contratos se menciona un monto en USD moneda y el tipo de cambio de la nota fue de $20 pesos MN.
- Incidente de 2020. En la nota se hace mención al incidente donde uno de los buques del consorcio fue relacionado con huachicol. Respecto a lo mencionado en la nota, la fuente se hizo con respecto a la investigación de la Secretaría de Marina publicada en un comunicado de prensa 062/20 del 20 de septiembre de 2020 donde hace mención a los hechos relacionados con el Buque Blue Commander.
Mismo que fue recuperado por el periódico Reforma en la nota “Caen 21 en buque por ‘huachicol’ en Veracruz” de septiembre del mismo año; y “Aseguran a Blue Marine Buque petrolero por presuntos actos de Huachicol” del medio digital Punto Crítico.
- Secretaría de la Función Pública (SFP). Respecto a la investigación de la extinta Secretaría de la Función Pública la nota menciona “En 2008, la Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó que contratos pasados tenían irregularidades que terminaron siendo investigadas en 2014.” haciendo referencia a la investigación que se le hizo a Pemex, no a la empresa, aunque, respecto a los contratos que tenía entonces con la compañía.
En enero de 2011, la SFP investigó defraudación al erario por Blue Marine Technology Group por el arrendamiento de buques a Petróleos Mexicanos (Pemex) y presuntos daños al erario por más de 47 millones de dólares.
La SFP publicó dicha información el 26 de enero de 2011 en el comunicado de prensa 09/2011, que implicó la adjudicación “irregular” de contratos para el arrendamiento de cuatro buquetanques “con sobreprecio de entre 29 y 35 por ciento”.
La investigación se basó en la auditoría Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-6-47T4M-02-0313 cuando se presumió que Arrendadora Ocean Mexicana –filial de Blue Marine Technology Group– y Transportación Marítima Mexicana (TMM) “se coludieron” para obtener los contratos, esto lo informó el semanario Contralínea 217 y Contralínea 221.
Al momento de hacer la verificación de datos de otros medios y fuentes públicas, se tomó en cuenta que en 2012 la empresa Blue Marine tomó medidas legales contra la revista Contralínea quien documentó irregularidades en las contrataciones de las empresas navieras Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine Technology y Subtec con Pemex.
No obstante, se consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su comunicado 011/2012, apuntó la importancia de atraer el asunto radica en que la Sala estaría en posibilidad de ponderar la libertad de expresión y el derecho a la información en contraste con los derechos de la personalidad, cuando se encuentran implicados periodistas y empresarios cuya actuación tiene impacto en la vida política del país. Además de que se corroboró con las fuentes públicas.
- Incidente de 2016. “Respecto al “buque que se incendió en 2016, que no era de nuestra propiedad al momento del siniestro -como falsamente se asegura – ni estaba bajo nuestro cuidado.”
Para dicho recuento de los hechos se tomaron en cuenta dos fuentes principales. Las comparecencias del Congreso:
Y, en septiembre de 2016, el buque Burgos de Pemex, que transportaba unos 81,000 barriles de diésel, 71,000 barriles de Magna, y 16,000 barriles de gasolina, explotó y se incendió a 12 km de la costa. El buque, había sido incorporado a la flotilla de Pemex en 2008 por un contrato de arrendamiento con la compañía Blue Marine Shipping.
El contrato de arrendamiento financiero fue adjudicado a Blue Marine a través de la licitación pública 18576018-022-07, publicada el 27 de diciembre de 2007 y cuyos resultados se dieron a conocer el 30 de mayo de 2008.
En fuentes gubernamentales se puede identificar que desde 2014, la ASF señaló diversas irregularidades en los acuerdos que tenía Blue Marine Shipping, SA de CV con Pemex. Según la Cuenta Pública, Pemex adquirió a la empresa el buque que se incendió (entre otros) con un contrato (640215808) que lo obligaba a pagar una renta anual durante 10 años antes de poder tener la opción de compra.
En un año, Pemex pagó más de 80 mil millones de pesos por arrendamiento. El documento, de la ASF, del 11 de noviembre de 2015, señala que Blue Marine Shipping SA de CV, tan solo en 2014, recibió 80,408 millones de pesos para el pago del arrendamiento, además de 33,052 millones de pesos para saldar los intereses que generó el convenio.
En 2016, Rocío Nahle García, entonces diputada del Grupo Parlamentario de Morena pidió a la Secretaría de Gobernación — en una sesión de la Cámara de Diputados— que se hiciera una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía.
