Las recientes sentencias del Tribunal Electoral Federal que, en términos prácticos, autorizan las campañas anticipadas de todos los partidos, denotan que las autoridades encargadas de sancionar los delitos electorales y vigilar la conducción correcta de los comicios, fueron rebasadas mucho antes de que el proceso electoral para elegir a la o el presidente en 2024 iniciara formalmente.
La autoridad electoral ha tenido que interpretar la ley en un ambiente saturado de actos proselitistas que tienen como claro objetivo burlarla.
El 15 de julio pasado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE confirmó que los recorridos que realizan las corcholatas de Morena sí son actos proselitistas.
La autoridad electoral llamó a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña a cumplir las reglas para no incurrir en actos anticipados de precampaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, rechazó prohibir las “asambleas” que sirven como escaparate para los aspirantes a la candidatura del partido en el poder.
Llama la atención que las reglas que Andrés Manuel y sus simpatizantes impulsaron desde la oposición en la última Reforma Electoral 2014 para regular a los que están en el poder, hoy simplemente son ignoradas; es la hipocresía de promover leyes cuando estás fuera del poder, pero menospreciarlas cuando te estorban.
El problema radica desde un inicio: son reglas absurdas que no debieron existir con autoridades electorales que reaccionan tarde y sin facultades reales.
Aquí un ejemplo: el INE llegó tarde a declarar que las acciones de las corcholatas eran actos proselitistas, llamando a respetar las reglas cuando el daño ya estaba hecho y la igualdad de condiciones entre los competidores ya había sido vulnerada.
Cuando el INE se pronunció, todas las corcholatas llevaban semanas haciendo proselitismo descarado bajo el disfraz de asambleas informativas, recorriendo distintos estados del país y con espectaculares por doquier.
Luego, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el presidente López Obrador debía dejar de hablar de la senadora panista Xóchitl Gálvez y de las elecciones de 2024.
Bajo una tutela preventiva, la autoridad pidió que el presidente se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa.
Entonces, tenemos por un lado al INE tímidamente intentanto censurar y violar la libertad de expresión del presidente y por el otro a los partidos políticos que incurren en un tren de ilegalidades que parece que difícilmente serán sancionadas, y que podrían poner en entredicho la validez de las elecciones presidenciales que se avecinan.
Quedan también interrogantes sueltas con respecto a la libertad de expresión que no puede ser limitada. En el caso particular de las candidaturas ciudadanas, las famosas precampañas ya no deberían ser prohibidas. ¿Por qué se le prohíbe a un ciudadano -de nuevo, sin cargo público- hablar de sus aspiraciones y propuestas?
Las recientes sentencias del Tribunal Electoral Federal ponen de manifiesto una preocupante realidad: la fragilidad de nuestras instituciones democráticas y la desafiante tarea de garantizar elecciones justas y libres de manipulación.
En este contexto, es fundamental que las autoridades electorales actúen con prontitud y firmeza para garantizar la transparencia y la equidad en el proceso electoral.
La confianza de las y los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas está en juego en medio de una larga historia de desconfianza en los resultados electorales. Asegurarse que podamos confiar y respetar el resultado de las próximas elecciones es crucial, y cualquier vulneración a la democracia podría poner en entredicho la validez de las elecciones y debilitar la gobernabilidad futura.
La sociedad también tiene un papel importante en este proceso. A la ciudadanía le compete rechazar cualquier acción que pueda implicar el uso de recursos públicos fuera de los tiempos oficiales para promover candidaturas y que se garantice la integridad del proceso electoral.
La democracia es un valor fundamental que debe ser protegido y fortalecido por todos. Las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía tienen la responsabilidad compartida de preservar la integridad de nuestras instituciones y asegurar que las próximas elecciones sean un reflejo genuino de la voluntad popular. Solo así podremos avanzar hacia un México más justo, democrático y próspero para todos.
