El Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es hoy el último dique de contención a las ocurrencias e imposiciones del Ejecutivo. Es fundamental entender esto en tiempos en que la oposición rara vez resulta efectiva y la sociedad se ha quedado con pocos medios para evitar los abusos de poder.
La consecuencia de la independencia judicial ha sido el acoso discursivo contra la Suprema Corte, y muy en particular contra la nueva ministra presidenta, Norma Piña. Desde Palacio Nacional, cada decisión que toma la Corte o incluso los jueces de otros niveles que no le parece al gobierno es recubierta de los insultos que ya son habituales: conservadores, corruptos, traidores a la patria y una larga lista más.
Esto no fue siempre así. Cuando Arturo Zaldívar presidía la Corte, hasta el 31 de diciembre del año pasado, su relación había sido un poco más cordial. Si bien le habían dado algunos reveses al gobierno, en general había una clara alianza entre el ministro presidente y Andrés Manuel López Obrador.
Durante esos tiempos, por ejemplo, se logró que la reforma a la Ley de Energía Eléctrica no fuera declarada fuera de la ley, si bien tampoco se confirmó su legalidad. Eso fue un éxito para el gobierno, pero creó una situación de incertidumbre legal en el tema energético.
Pero desde la llegada de la ministra Piña, ha habido varios casos en que las reformas que ambiciona el gobierno han quedado paralizadas o truncadas. Destaca, por supuesto, el freno que se le puso a la aplicación del famoso Plan B de la administración para reformar al Instituto Nacional Electoral.
Esto desató el enojo del Presidente, pero no sería el único caso. Más recientemente, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto para invalidar la reforma que pasó a la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa. El ministro explicó que la Guardia Nacional fue creada como un cuerpo de seguridad de carácter civil y que la reforma que la convirtió en un órgano militar es inconstitucional.
Recordemos que en 2019, esta misma administración impulsó y logró una reforma a la Constitución para crear a la Guardia Nacional, pero siempre con un carácter civil y no militar. Pero resulta que su propio cambio a la Carta Magna ahora les parece un error.
El Presidente dijo que detener esa reforma sería volver a los tiempos de Genaro García Luna y la corrupción de la Policía Federal.
También criticó a la instancia por recomendar limitar la prisión preventiva, por ser violatoria a los Derechos Humanos. “Es una vergüenza su análisis”, dijo el gobernante en su momento.
No es solo con la Suprema Corte el problema, sino con todos los jueces y juezas que otorgan amparos o dictan sentencias que van contra las intenciones del gobierno.
Casos sobran: la liberación de Rosario Robles, los amparos ante el Tren Maya, la exoneración de los científicos perseguidos por el Conacyt.
Cada caso ha terminado en insultos y hasta amenazas de investigar o sancionar a juzgadores que no acompañan las causas de la administración.
Mientras el Congreso de la Unión se sigue doblegando ante la voluntad presidencial, el Poder Judicial, con todos sus defectos, fallas y problemas, es la última barrera para contener el abuso del Ejecutivo.
Y si bien como sociedad debemos exigir una justicia más eficiente, libre de corrupción y transparente, nos toca también cuidar que el balance entre poderes del Estado no se siga deteriorando.
Porque si algo nos ha enseñado la historia y los filósofos políticos es que la democracia es frágil. Solo con contrapesos y límites, los poderosos evitarán caer en la tentación autoritaria.
Seamos una sociedad vigilante de proteger esta joven democracia.
