Este mes se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año electoral 2024 y nos vuelve a confirmar lo mismo: cada año tenemos un gobierno más caro, pero no uno más eficiente; el aparato administrativo del Estado es cada vez más grande, pero también más corrupto.
En su primera entrega de informes sobre la cuenta pública del año 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades y un monto perdido de 61,500 millones de pesos, una cantidad casi inimaginable para la ciudadanía. Una buena parte vinculada a actos de corrupción como el de Segalmex, donde nadie sabe y nadie supo dónde quedaron miles de millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana. Es decir, le robaron dinero a los más pobres de México, a quienes les falta la comida.
Pero no pasa nada. Ningún alto funcionario paga un precio, ni se recupera el dinero. Al contrario, el gobierno pide más dinero para seguir gastándolo mal.
Hay sobrecostos en prácticamente todas las obras insignias de este gobierno federal. Para mayo de este 2023, el costo total de la refinería Dos Bocas ya rondaba en 313 mil millones de pesos, más del doble de lo previsto originalmente. Con el proyecto del Tren Maya igual, se convirtió en un barril sin fondo estimado en 156 mil millones de pesos al inicio y la inversión se duplicó a 373 mil millones. También se dijo que el AIFA costaría 70 mil millones y terminó costando alrededor de 90 mil.
Es decir, hay miles de millones de pesos tirados a la basura entre el monto perdido por corrupción, la falta de planeación y las obras de vanidad, mientras el gobierno sólo extiende la mano para pedir más y más presupuesto.
Para el 2024 se espera que el gasto neto llegue a 9 billones de pesos, un incremento de 4.3% frente a lo aprobado en este 2023.
Se pretenden hacer recortes que afectan principalmente a la impartición de justicia y órganos garantes de un Estado democrático como son el Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral. El gobierno castiga a las instituciones que no le caen bien y salva a las que les simpatizan como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República cuyo presupuesto se mantiene igual.
Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, adelantó una proyección de 13 mil millones de pesos en recortes a organismos autónomos para conformar un fondo destinado a los damnificados por el paso del huracán Otis, pero en el proyecto de presupuesto no se ha previsto asignación alguna para este fin. Y nadie dice nada.
Se erigen nuevamente empresas de Estado como aerolíneas, vías ferroviarias y concesiones mineras sin experiencia operativa ni planes de negocios estructurados; y el gobierno tan solo extiende la mano.
Las pensiones de los trabajadores del Estado se dirigen rumbo al precipicio financiero, y el gobierno no solo no hace nada sino que baja la edad para el retiro. Pronto no habrá dinero que alcance.
En un momento en que la sociedad mexicana demanda una gestión eficaz de los recursos públicos y la rendición de cuentas, es responsabilidad de los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados asegurar que el presupuesto se utilice de manera responsable y en beneficio de las y los mexicanos.
El camino a seguir es claro: se necesita una gestión fiscal responsable, una supervisión efectiva y una priorización de los intereses del pueblo mexicano por encima de cualquier otra consideración.
Habrá que recordarle al gobierno que el dinero que pide con tanta simpleza sale de la bolsa de la ciudadanía, que el gobierno no genera riqueza, solo la gasta. Vale la pena preguntarnos: si usaran bien el dinero, ¿tendría que crecer tanto el costo del gobierno cada año?
Porque tenemos que decirlo EN MAYÚSCULAS: el presupuesto lo gastan mal.
