La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador sacudió el debate público con una controversial propuesta: reformar al Instituto Nacional Electoral a fin de que los y las consejeras sean electas por voto popular.
El mandatario aseguró que era la única forma de garantizar que quienes estén ahí sean verdaderos demócratas, con un compromiso con la sociedad. Dijo, además, que reduciría el presupuesto del INE así como el financiamiento público a los partidos políticos.
La respuesta no se hizo esperar. Por parte de la oposición, acusaron que era una maniobra para quitarle autonomía al Instituto, a fin de controlar los resultados electorales y concentrar más poder.
Del lado del oficialismo se defendió la propuesta, diciendo que los consejeros y consejeras tienen más compromiso con grupos políticos y de poder que con la democracia, y que una reforma era indispensable.
A lo largo de todo su mandato, López Obrador ha mantenido un enfrentamiento verbal con el INE, que en el proceso de Revocación de Mandato se ha agudizado. Primero por los recursos que se le dió para organizar el proceso y después por la insistencia tanto del Instituto como del Tribunal Electoral de que se respete la veda electoral.
El conflicto ha sido particularmente ríspido con dos personajes: el consejero Presidente Lorenzo Córdova y con el consejero Ciro Murayama. Ambos han recibido reclamos, y los dos han criticado abiertamente al presidente.
¿Cuál es el fondo del problema? En parte, el proceso por el cual se seleccionan los consejeros. Un grupo de “personas notables” evalúa a los postulantes y el Congreso los selecciona. Pero la crítica principal es que estos terminan elegidos a partir de un proceso de negociación entre los partidos políticos.
Entre más diputados se tengan, más consejeros afines podrán ser colocados en el INE. Esto genera dudas sobre a quién le deben el cargo: si a sus capacidades o al partido que les impulsó.
La propuesta de López Obrador es que cada poder -el Ejecutivo, Legislativo y Judicial – proponga 20 candidaturas y la gente les vote. Esto, argumenta, asegurará que realmente representen a la sociedad y no a ciertos grupos políticos.
Es un tema polarizante que más que generar un debate llena el aire de acusaciones, reclamos e insultos.
Hay que recordar que el hoy INE nace tras una larga lucha de la oposición por quitarle al gobierno el control de las elecciones. Tras el fraude electoral de 1988, en el que Salinas de Gortari resultó electo, la presión de la sociedad obligó a independizar la organización de los comicios.
Gracias a eso, 12 años después se logró la alternancia con el triunfo del panista Vicente Fox. La controvertida elección de 2006, sin embargo, obligó a una serie de reformas para garantizar un proceso más justo.
Esto incluía, entre otras cosas, la veda electoral, para que funcionarios no pudiesen usar su posición de poder para promover partidos o candidaturas. Desde entonces, el Instituto ha tenido múltiples reformas para llegar a lo que tenemos hoy.
Pero también hay que tener en cuenta que quienes han hecho este diseño institucional son precisamente las partes interesadas: los partidos políticos. Así, se han asignado millonarias sumas para sus campañas y operación política, además de otorgarse espacios gratuitos en radio y televisión.
La propuesta de López Obrador es innovadora: en ningún lugar del mundo en que haya un servicio electoral sus consejeros son electos por voto popular. En algunos lugares es un grupo de universidades, en otros, equipos expertos. En algunos países son funcionarios del gobierno.
La duda que persiste es si llevar al voto popular su elección garantizará que se elijan a los mejores candidatos, o si simplemente le permitirá al grupo con más poder político, capacidad de movilización y recursos, apoderarse de la organización de los procesos electorales.
En el simplismo de la polarización, unos aplauden y otros condenan. Pero en Cuestione creemos dos cosas: primero, que toda institución puede mejorarse.
Segundo, creemos que no hay debate malo: con ideas, argumentos y sobre todo con la cabeza fría, se debe conversar sobre una reforma, como se ha hecho varias veces antes.
El Instituto Nacional Electoral tiene cualidades, pero no es perfecto ni infalible, y es legítimo preguntarse si podría ser más barato, eficiente e imparcial.
Por eso, esta semana analizaremos las posibilidades de mejora, los riesgos que representa y también los problemas que nuestra democracia aún padece.
Porque al final no hay nada más demócrata que abrirse a escuchar a los demás.
