La semana pasada, las secretarias de Energía de México y Estados Unidos -Rocío Nahle y Jennifer Granholm- se reunieron para hablar sobre las políticas energéticas de cada país.
Pero por alguna razón, las versiones de cada delegación fueron completamente distintas.
Mientras la secretaria mexicana aseguró que la reunión había sido un éxito, lo mismo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes informaron que los estadounidenses habían quedado muy tranquilos con la propuesta de reforma energética del presidente, los funcionarios de EU dieron a conocer información, pues, completamente distinta.
Pero muy raro… La versión de la secretaria Granholm era sobre la preocupación que EU tiene por el impacto negativo que la reforma energética podría tener en la inversión de ese país con México. Advirtió también que esta iniciativa obstaculiza los esfuerzos conjuntos en materia de energía limpia e invitó a mantener los mercados energéticos abiertos y competitivos para el bien de ambas naciones. Muy raro.
El encuentro se llevó a cabo el mismo día en que el gobierno mexicano tomó el control de la refinería Deer Park, en Texas. Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, celebró la compra y dijo que esa adquisición representa una acción estratégica del gobierno para lograr la soberanía energética del país, pero ¿qué tan cierto es esto?
De entrada, la nueva iniciativa propone que el Estado recupere el control de la industria energética del país a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con esto, en la opinión de expertos, se pretende regresar al “modelo de monopolios” en el que la CFE decidirá cómo, cuándo y dónde generar electricidad. Además, decidirá cuánto cobrar por la distribución y las tarifas al consumidor.
Por otro lado, los organismos que regulan la producción de electricidad e hidrocarburos desaparecerían.
Y esto es una mala señal para la economía mexicana porque se estarían perdiendo instituciones técnicas y autónomas, las cuales también supervisan a CFE y a Pemex, y que administran en nombre del Estado los contratos petroleros derivados de la reforma energética que se realizó en la administración de Enrique Peña Nieto.
Esto es delicado no solo porque se cancelarían los permisos otorgados a privados, sino que estarían limitando su participación en el sector energético. En resumidas cuentas los permisos para participar en esta área dependerán completamente de la CFE.
Sin embargo, la inversión que existe en el país de empresas extranjeras tendrá graves repercusiones económicas, una vez que los empresarios se vean amenazados con retirarles o cancelarles los permisos de generación de electricidad ya existentes. De igual forma, esta medida iría en contra del espíritu del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC .
Entonces, ¿está lista la Comisión para tal responsabilidad? Un análisis de México Evalúa considera que no. Esta organización encontró que desde 2017 la CFE ha hecho un sobre ejercicio de su presupuesto, es decir, gasta más de lo que se le asigna.
Si la iniciativa de reforma es aprobada, se le asignarán aún más recursos a una institución que no ha demostrado administrar su dinero de forma adecuada. Entonces si no le alcanza, el gobierno tendrá que darle más dinero de nuestros impuestos a la Comisión. Lo que ocurre siempre que el gobierno quiere jugar a ser empresario.
En 2020 ya habían anunciado un plan de hidrocarburos por parte de la CFE y Pemex, pero desde entonces ya se anunciaban las trabas a la inversión privada y, además, el plan solo se enfocaba en generar electricidad a partir de la quema de combustibles fósiles y no consideraba su calidad ni su impacto ecológico.
Con esta reforma se vislumbra lo mismo: se privilegia a las empresas del Estado por encima de la competencia libre, pues al no existir un piso parejo es claro que se compite bajo condiciones de desigualdad. Por otro lado, se castigan las energías limpias y nos alejan de los compromisos internacionales y ambientales ya adquiridos.
También se volverá más complicado innovar y modernizar el sector energético.
¿Por qué tendría que preocuparnos? Porque este nuevo diseño plantea que solo una institución administre un recurso básico para la población: la energía eléctrica.
Si en algo coinciden la mayoría de los analistas es en que, de aprobarse, la iniciativa para reformar la Ley Eléctrica implica un fuerte golpe a las inversiones privadas nacionales e internacionales y representará un enorme reto para las finanzas públicas y que al final no se contará con mayor capacidad de generación de energía eléctrica, lo que la hará más cara para el consumidor final y más sucia para el medio ambiente.
Como ya antes hemos mencionado para que exista libertad económica es necesario que el Estado proporcione seguridad, así como la garantía de un sistema donde haya competencia y no monopolios, para que al final exista una economía con mayores oportunidades y desarrollo.
Por esto, esta semana en Cuestione estaremos analizando dónde estamos parados en el tema energético, las implicaciones de una nueva reforma eléctrica así como los riesgos que enfrentarán los consumidores y el medio ambiente con esta medida.
Porque si bien estamos convencidos de que es necesario reformar al sector energético en nuestro país, la salida no será nunca lo que podría ser un pésimo negocio para México.
