Todos conocemos el tamaño de la tragedia: al menos 39 migrantes muertos en una estación migratoria en Ciudad Juárez. ¿Pero qué es lo que no se ha analizado? Muchas de esas 39 personas provenían de países que sufren de regímenes autoritarios que, para colmo, son apoyados por el gobierno de nuestro propio país.
No olvidemos que migrar es un derecho humano. El que uno haya nacido en un país no es ni debería ser una condena a muerte, a vivir en la miseria o a sufrir por la violencia criminal. Mucho menos tendría que significar una odisea que puede terminar en una tragedia como la que decenas de personas migrantes sufrieron la semana pasada en Ciudad Juárez.
Murieron quemadas en un incendio provocado, según las autoridades, por los propios migrantes quienes protestaban por los malos tratos y condiciones de encierro en que las tenían en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua.
Y todo lo que acabamos de narrar está mal de principio a fin. Ni debieron estar encerradas ni debieron haber tenido la necesidad de protestar y mucho menos debieron morir en un incendio ante la indolencia de las y los funcionarios públicos que las dejaron encerradas a su suerte.
Durante décadas, México y el llamado triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) fueron los principales exportadores de personas migrantes hacia Estados Unidos y Canadá.
Pero con la llegada de gobiernos totalitarios que se disfrazan de democráticos a países como Venezuela y Nicaragua, esa tendencia cambió.
Ahora, una parte cada vez más grande de la migración viene de esos dos países y de Cuba, la otra falsa democracia de la región. Es un hecho que los países gobernados por dictadores que se escudan en pertenecer a una supuesta izquierda política se han empobrecido a un ritmo dramático.
La falta de libertades, de democracia, de oportunidades y trabajo ha expulsado a un ritmo alarmante a venezolanos, cubanos y nicaragüenses.
Y son esos países que tanto defiende el régimen de Andrés Manuel López Obrador los que le están provocando una crisis que podría convertirse en humanitaria si la política migratoria y el diseño de las instituciones mexicanas que se encargan de atender a las personas que vienen de otros países no cambian.
Pero también debemos observar con lupa el comportamiento del gobierno mexicano frente a gobiernos autoritarios y represores que coartan la libertad de su ciudadanía.
La Venezuela de Nicolás Maduro, la Cuba de Miguel Díaz Canel y la Nicaragua de Daniel Ortega son el ejemplo mejor acabado de lo que no se debería hacer nunca en política: usar el discurso de la revolución, el cambio y la preocupación por los pobres para hacerse de poder y mantenerse en él a costa de la felicidad de las personas.
Los regímenes sanguinarios y opresores de estos tres personajes han arrojado a la pobreza y la desesperación a millones de personas. Para miles, por lo tanto, la opción es huir de sus países y quedar varados en cárceles inhumanas de un país que aplaude, consiente, financia y hasta premia a los represores.
Eso es algo que no debemos seguir permitiendo. Porque tragedias como la de Ciudad Juárez se pueden multiplicar en nuestra nación. Y porque los dictadores, sean del color que sean, ya no deberían existir en el Siglo XXI.
