Como no ocurría en México desde hacía más de 20 años, en este sexenio, el poder ejecutivo y la mayoría en el legislativo pertenecen al mismo partido o a sus aliados.
Y aunque Morena y los partidos que le apoyan no tienen mayoría calificada en la Cámara de Senadores y por tanto no puede aprobar reformas a la Constitución sin el voto de otros partidos, si tiene la mayoría absoluta: “la mitad más uno”. Esto le permite cambiar leyes secundarias. Además, ha logrado alianzas para impulsar algunas reformas constitucionales.
En la Cámara de Diputados, sí alcanzan la mayoría calificada, algo que les ha servido para pasar sin problemas los decretos de presupuesto. Esta es una facultad exclusiva de los diputados y que no tienen que votar los senadores.
En los regímenes presidenciales como el que tiene México, los congresos pueden ser opositores al gobierno (cuando la mayoría es de otro partido) y eso se llama congreso dividido. En otros sistemas, como los parlamentarios, eso no se puede o es rarísimo, porque el partido que gana el congreso es el que escoge y forma al gobierno.
En México, entre 1997 y 2012 tuvimos un congreso dividido, cuando la oposición hizo muy compleja la gobernabilidad negándole cualquier avance a los gobiernos panistas.
Después de esos 15 años, las reformas que se llevaron a cabo en el sexenio de Peña Nieto fueron posibles gracias, en buena medida, a la estrategia de ajedrecistas que hicieron quienes diseñaron y operaron el Pacto por México. Aún sin mayoría calificada de un solo partido, pudieron avanzar las tres principales reformas que quería aquel gobierno: la energética, la fiscal y la de telecomunicaciones.
Pero regresemos al momento actual: la mayoría que tiene Morena en el Congreso le ha permitido avanzar su agenda legislativa sin mayores problemas.
Hasta ahora, se han aprobado once reformas constitucionales sobre distintos temas. Quizá la más polémica haya sido la reforma educativa que echó para atrás buena parte de lo que había intentado cambiar el gobierno anterior.
Y en estos momentos, hay dos reformas que son sumamente controvertidas. La primera, porque regresaría la rectoría del sector energético al Estado después de que durante el sexenio anterior se abriera a la competencia. Como la transición energética en México fue liderada por la industria privada, esos cambios también harían que la producción de energía sea más contaminante.
La segunda es sobre el llamado outsourcing. Esta reforma prohibiría la subcontratación de personal, una práctica que si bien es cierto que requiere ser mejor regulada, si se elimina afectaría a más de 9,000,000 de trabajadores.
Ambas reformas tendrán afectaciones importantes sobre la economía y, sin embargo, sus discusiones no están a la altura de esos impactos.
En lugar de representar los intereses de sus electores, los legisladores mexicanos siguen siendo leales a sus partidos y recibiendo línea de sus dirigentes. Y eso, cuando el presidente es del mismo partido que la mayoría del congreso, hace que uno de los pilares de la división de poderes quede sometido a otro.
Si las y los legisladores respondieran a los intereses de quienes les eligieron veríamos cómo, en el caso de la discusión sobre el outsourcing, senadores y diputados de los estados y distritos donde hay fábricas maquiladoras votarían por no desaparecer esta forma de subcontratación.
Lo anterior, porque la desaparición del outsourcing afectaría directamente los intereses de quienes viven en esos estados al alejar la inversión de este tipo de fábricas y poner en riesgo miles de empleos.
Cuando el legislativo queda a las órdenes del presidente, se vuelve casi una oficina de trámites parlamentarios, una secretaría que hace leyes.
Por ello es relevante que en esta elección exista la opción de reelegir a las y los legisladores, porque si su futuro político depende del voto de quienes viven en un distrito o en un Estado, tendrían, en teoría, que representar los intereses de los habitantes de ese distrito o Estado y no nada más los de su partido.
Esta será la primera elección con esta posibilidad y será decisión de cada votante castigar o reelegir. Es hora de que hagamos rendir cuentas a los congresistas con nuestros votos y de pensar si queremos un contrapeso a un cada vez más poderoso ejecutivo, o si pensamos que debemos seguir apoyando todas las iniciativas del gobierno.
Y es por ello que, a pocas semanas de que empiecen las campañas electorales, en Cuestione estaremos analizando el papel del Congreso durante estos primeros dos años del gobierno de López Obrador para tener una imagen más clara de sus luces y sus sombras.
Es la hora del Congreso. Es hora de que demuestren si son representantes o lacayos.
