Estamos terminando el 2023 con un alarmante aumento de inseguridad, que se ha convertido en el principal problema que aqueja a las y los mexicanos.
La oposición habla del derroche de las obras de la Cuarta Transformación, de la cancelación del aeropuerto, de los ataques a los organismos independientes, pero el más grande error de esta administración es, sin lugar a dudas, su política de seguridad. Sí, las obras cuestan dinero, pero su política de seguridad cuesta vidas. Para ser exactos ha llegado a costar 112 vidas diarias.
Cuando este gobierno es cuestionado sobre la violencia que vivimos, suele justificarse con el discurso de que es una herencia de las administraciones anteriores, sostiene que se exageran los hechos, criminaliza a las víctimas y ahora hasta responsabiliza a la oposición, pues señala que debido a que no levanta rumbo a 2024, está tomando como bandera la violencia en el país.
Lo cierto es que una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue garantizar la paz y tranquilidad de la ciudadanía mexicana. Sin embargo, a meses de que concluya su gobierno, ésta sigue siendo una tarea pendiente.
Pero esa tranquilidad no existe. ¿Quién se atreverá en Guanajuato a salir a un balneario como lo hicieron los universitarios en Celaya, o a una posada con amigos como fue el caso de los 12 asesinados y los 14 heridos cuando se puede encontrar la muerte sin justificación alguna?
La misma pregunta deben hacerse los que viven en Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México, entre otros estados.
En este insólito contexto, el territorio mexicano sigue conquistado por criminales a fuerza de balas, amenazas y extorsiones. Todo esto, mientras las autoridades voltean a otro lado y desde Presidencia culpan sin pruebas a las víctimas.
A cinco años de la actual administración no han cumplido con la responsabilidad para perseguir a los cárteles, y al no combatirlos, al no investigarlos, estos tienen impunidad abierta para seguir delinquiendo, extorsionando, matando inocentes en todo el país, sin consecuencias.
Para colmo, el tema de las drogas que ahora dice el presidente López Obrador ser el “problema estructural de fondo” no está siendo combatido de manera apropiada y exitosa por ninguna autoridad.
Esto refleja que controlar al Estado y a todos sus poderes no ha resultado en un gobierno guardián y protector de la ciudadanía, sino en uno indiferente frente a la violencia.
La inseguridad no discrimina en México desde hace mucho tiempo. Puede que nos toque por estar en la fiesta, por salir a la calle, por sostener gobiernos ineficientes y más comprometidos con su poder que con combatir el crimen.
A cinco años de la actual administración federal ya debería haber instancias de prevención de seguridad y estrategia de captura de delincuentes para recuperar los territorios que han sido controlados por la delincuencia organizada ante la anuencia de Palacio Nacional.
Hoy miles de mexicanos mueren a causa del fracaso en materia de seguridad. Es una realidad perturbadora que abraza a todo el territorio mexicano y es la consecuencia de una fallida política de seguridad si es que se le puede llamar así a la estrategia de “abrazos y no balazos”.
Si bien AMLO heredó una estrategia fallida, también perdió la oportunidad de reformar las políticas de seguridad y de estructurar un proyecto para desmantelar el patrimonio criminal.
El presidente se comprometió a crear una Guardia Nacional que, bajo un mando civil, pacificaría al país sin dejar de lado el respeto de los derechos humanos.
Esto rápidamente se abandonó una vez que asumió la Presidencia y hoy ni el país es más seguro, ni se respetan los derechos humanos. El Ejército sigue en las calles y la Guardia Nacional está militarizada.
Es en las entrañas del poder político donde realmente se tendría que combatir lo que lleva décadas ocurriendo en México. ¿Qué hará quien gane las elecciones el próximo año? ¿Qué propuestas harán las fuerzas políticas para acabar con este cáncer crónico?
Así acabamos el 2023: con una política fallida y la ausencia de un compromiso del gobierno para perseguir a los criminales y hacer justicia a las víctimas.
¿Estamos condenados a seguir padeciendo la violencia que recorre el país?
