La violencia desbordada y el fracaso de la seguridad pública

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La semana pasada un comando armado interceptó un camión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas y secuestró a 16 empleados.

Unas horas más tarde comenzó a circular en las redes sociales un video donde aparecían los trabajadores secuestrados. Uno de ellos transmitía un mensaje de los delincuentes al gobernador morenista Rutilio Escandón: para liberarlos, pedían las renuncias de tres jefes policiales.

Este hecho revela el nivel de control que tienen los grupos criminales, pero también la debilidad de las autoridades ante la grave oleada de violencia que vive el país. 

Mientras el crimen organizado toma como rehenes a un grupo de hombres que amenazan con matar si no siguen sus indicaciones, el gobernador del estado desaparece y el presidente minimiza el secuestro como resultado de una confrontación entre grupos criminales, a quienes dijo: “mejor que los liberen, si no los voy a acusar con sus papás y sus abuelos”.

Todo esto en medio de la angustia de las familias de las víctimas que exigían conocer el paradero de los trabajadores, luego de que algunos medios de comunicación primero indicaron que eran 14 los funcionarios secuestrados y después señalaron erróneamente que habían sido liberados. 

Al final el drama de estas personas terminó con su liberación, pero no acabó el problema de nuestro país.

Lo que es cierto es la incapacidad del gobierno estatal por atender los altos índices de inseguridad en Chiapas. Es evidente que la estrategia para atender este grave problema sigue sin dar resultados, pues hace tan solo un par de meses veíamos las calles de San Cristóbal de las Casas en medio de balaceras, quema de autos y bloqueo de avenidas. 

Luego de que el Cártel Jalisco Nueva Generación se apoderó de las regiones rurales y el Cártel de Sinaloa de las zonas urbanas del estado -lo que tiene a Chiapas en completa crisis-, el gobierno de Rutilio Escandón no ha tenido un plan de seguridad que haga frente al aumento de violencia. También ha ignorado las denuncias que relacionan a sus policías con el crimen organizado.

Es inaudito que en el video que se difundió se pongan condiciones, amenacen y pidan negociar con la federación, argumentando que es “solo” con algunos de los mandos estatales con los que tienen el problema.

El Estado mexicano no puede ni debe permanecer ausente ante estos actos que cada vez son más críticos y preocupantes. Es urgente tomar medidas para garantizar la seguridad y la integridad de la población.

¿Por qué ninguna autoridad hace nada y deja al pueblo en absoluto abandono? ¿Por qué tenemos a una Guardia Nacional que aún carece de las más elementales capacidades de investigación y sus funciones se limitan a la vigilancia y el patrullaje?

Lo que es una realidad es que México sigue siendo un país sumamente violento. Y de acuerdo a cifras oficiales, todo indica que el actual gobierno terminará como el sexenio más violento del que se tenga registro en la historia moderna. 

Por ejemplo, a cinco años de la actual administración no han podido realmente transformar la seguridad pública, tampoco se ha avanzado en la creación de un cuerpo de investigación criminal que atienda las necesidades específicas de la sociedad mexicana. Al contrario, continúan abusando de las prácticas de lo que llaman el “antiguo régimen”. 

A pesar de las promesas de campaña, tampoco se avanzó en los procesos de fortalecimiento de las policías civiles, se eliminaron los programas de subsidios que permitían que desde la Federación se transfirieran recursos para la construcción de capacidades policiales a nivel local. Es decir, en 2023 las policías municipales no son mejores que hace cinco años. 

La política de seguridad de la 4T ni fue transformadora ni estuvo a la altura de los retos que enfrenta el país.

¿Hasta cuándo este gobierno se hará responsable y dejará de culpar a pasadas administraciones por su fallida política de seguridad? 

Es momento de explorar una nueva manera de conjugar el modelo de seguridad, antes de que sea demasiado tarde. Ni Chiapas ni ningún otro estado de la República Mexicana debería de ser territorio perdido.

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