Por Blanca Juárez
A las votaciones del próximo 2 de junio se les adelantó la violencia electoral. El crimen salió antes que las convocatorias de los partidos y comenzó a matar, desaparecer, secuestrar y amenazar a cientos de aspirantes a una candidatura. Muchas de esas personas no consiguieron siquiera la postulación, pues fueron asesinadas o prefirieron no contender. En tales circunstancias, es difícil saber el número exacto de víctimas.
Según el último reporte de Laboratorio Electoral, fueron asesinados 33 candidatos y candidatas con registro. El conteo de Integralia Consultores suma 34. Ambas investigaciones toman como referencia el periodo de junio o septiembre de 2023 a mayo de 2024.
La gran diferencia entre ambos reportes radica en el número de víctimas no tenían o tienen una candidatura, pero están involucradas de alguna manera con el proceso electoral o están en la política. Mientras Laboratorio Electoral documenta 238 casos de agresiones en el periodo del 4 de junio de 2023 al 17 de mayo de 2024. Entre ellas, 60 atentados, 15 secuestros y 92 amenazas.
Integralia habla de violencia política y señala que ésta ha dejado 701 víctimas de diferentes delitos desde septiembre de 2023 al 19 de mayo de 2024. Entre ellas, han sido asesinadas al menos 225 personas. En esa lista incluye a aspirantes, candidatos, funcionarios o ex funcionarios públicos, políticos o ex políticos, víctimas colaterales y familiares de actores clave.
Las elecciones del próximo domingo 2 de junio son las más grandes en la historia de México por el número de cargos a elegir: 20,708 a nivel federal y local. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), más de 98 millones de personas mayores de 18 años podrán votar.
Y entre esta inmensidad de votantes y candidatos, ha sido complicado darle un seguimiento puntual a los ataques que han sufrido.
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Se renovará el Congreso de la Unión y Congresos locales. Además, en nueve entidades se votará por una nueva gubernatura: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de la Ciudad de México.
Y es en Chiapas donde en los últimos días la violencia electoral se mostró más cruenta. Tan sólo en cuatro días, dos semanas previo a las votaciones, 15 personas fueron asesinadas, entre candidatas, parte del equipo de campaña o simpatizantes.
El reporte del Laboratorio Electoral muestra que este problema no comenzó en estos últimos meses de campaña oficial. Muchas de las personas asesinadas eran apenas precandidatas o aspirantes a tener una candidatura. Entre las víctimas mortales también están integrantes de sus equipos y familiares. Sin embargo, el gobierno federal ha minimizado la situación.
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Violencia electoral en Chiapas previo a los comicios
Desde 2021, la frontera de Chiapas con Guatemala vive “un conflicto armado no reconocido”, señala el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos.
La delincuencia organizada provocó este conflicto en busca “del control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local”.
El reporte es de las organizaciones Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala–México (MTMG) y la Red Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes (Red TDT).
En el documento se informa de al menos 7,500 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, entre junio de 2021 y noviembre de 2023.
Documentan además, las extorsiones del crimen organizado para reclutar a jóvenes y líderes comunitarios, ofreciéndoles celulares de última generación, proyectos y dinero. “Siendo además un territorio de altos niveles de pobreza, de mucha vulnerabilidad y falta de expectativas”, muchas personas lo aceptan.
Pero si no, la delincuencia recurre a “agresiones físicas, desapariciones, asesinatos ejemplares, despojo y desplazamiento forzado, entre otras” tácticas.
En medio de esa situación, la violencia electoral ha sido una herramienta más para ganar más territorio y poder.
La delincuencia organizada interactúa “con funcionarios de las distintas esferas de gobierno, conformando estructuras criminales, complejizando de esta manera la naturaleza del conflicto”, señala el reporte.
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El gobierno federal niega el problema
“Chiapas no está en llamas”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la violencia electoral en la entidad.
El pasado viernes 17 de mayo, se refirió al asesinato de Lucero López Maza, candidata a la presidencia municipal de La Concordia, por el Partido Popular Chiapaneco (PPCH). Sostuvo que la agresión ocurrió en medio de la confrontación entre dos grupos criminales que operan en la zona.
En Chiapas, indicó, “ha habido menos agresiones que en otras elecciones, nada más que ahora hay mucho sensacionalismo. Es muy lamentable, pero se lucra bastante con los asesinatos y con el dolor humano, es temporada de zopilotes. Pero estamos pendientes de la seguridad”.
Sin embargo, hasta el 19 de mayo, 515 candidatas y candidatos han renunciado a contender por un cargo en la entidad, según el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas.
De ellas, 29 han reconocido que se bajan de la contienda debido a la violencia electoral. Son 17 mujeres y 12 hombres que han recibido amenazas o han vivido algún episodio de violencia y ante la falta de garantías de seguridad, decidieron no continuar.
El resto ha señalado que desertan por motivos personales, movimientos en la planilla, razones laborales, cambio de residencia o cuestiones de salud. Algunas indicaron que “no sabían que estaban postuladas”. Por la razón que sea, “manifiestan que no desean denunciar”.
El IEPC hizo un llamado “a todas y todos, para construir y mantener un ambiente de paz y libertad”. Aseguró que “sigue trabajando, a dos semanas de la jornada electoral” y está listo para la cita en las urnas.
