Los contrapesos parecen molestar a los legisladores de Morena. Y es que después de que el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Edgar Ulises Rentería, concedió la suspensión definitiva contra la terna propuesta por el presidente para elegir al Procurador de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), la diputada Dolores Padierna propuso modificar la ley para eliminar requisitos y así nombrar a la persona que ellos quieren.
Esto ocurrió porque la resolución del juez provocó que el proceso de nombramiento se detuviera en su totalidad en lo que se resuelve si fue ilegal o no. De no hacerle caso al juez, los legisladores incurrirían en desacato, delito federal que se castiga con una pena de tres a nueve años de prisión, así como una multa de cincuenta a quinientos días de salario y la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo público.
Pero todo indica que la diputada morenista ya está pensando cómo darle la vuelta al amparo interpuesto por dos organizaciones de la sociedad civil –México Justo y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)– en junio pasado, el cual denunciaba la ilegalidad del proceso pues ninguna de las personas consideradas cumplía con todos los requisitos que marca la ley.
En la exposición de motivos de su iniciativa, presentada el 1 de septiembre de 2020, la legisladora argumentó que los criterios establecidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente no deben ser “un muro infranqueable que impida que ciertos mexicanos y mexicanas accedan al servicio del país”.
Y califica algunos de estos requisitos como “desproporcionados, una carga indebida o demasiado abstractos”. Por ese motivo, su propuesta busca modificar dos de los seis requisitos.
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Específicamente, propuso eliminar la experiencia acreditada de cinco años en temas fiscales (fracción III), así como modificar la fracción IV para eliminar la restricción de no haber ocupado la posición de Secretario o Subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal. Ambos requisitos fueron la causa de la promoción del amparo.
Presidencia busca resolverlo a través de la Corte
Al parecer esta suspensión caló hondo en toda la administración morenista, pues el 31 de agosto de este año se dio a conocer que el presidente, a través de su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) involucrarse en el tema.
De acuerdo con Scherer, que un juez pueda otorgar una suspensión en un juicio de amparo está siendo un derecho de veto del Poder Judicial que acaba siendo quien “determina la idoneidad o no de los candidatos”, e invade las facultades constitucionales de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Bajo esa argumentación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción sobre el caso de Prodecon para establecer un criterio respecto de “si un quejoso alegando interés legítimo podrá solicitar la suspensión de un procedimiento de designación de servidores públicos, procedimiento en el cual única y exclusivamente participan” los otros dos poderes.
¿Es una invasión de facultades?
Luis Alejandro Casarín López, abogado fiscal y socio de Aequitas Consultoria, S.C., abordó esta pregunta en su perfil de LinkedIn argumentando que lo que dice Scherer no es “del todo correcto”.
De acuerdo con el fiscalista, “el Poder Judicial NO determina la idoneidad de los candidatos” sino que en realidad está determinando “si los candidatos cumplen o no con requisitos establecidos por la Ley”.
Y explica que “el comentario sería válido si el Ejecutivo hubiera obedecido la ley sometiendo a consideración del Legislativo una terna de su libre elección pero proveniente de un universo de candidatos viables que cumplan con los requisitos del artículo 7 de la Ley Orgánica de Prodecon”.
Por lo tanto, el Poder Judicial solamente se está asegurando “que se respete la ley y los derechos humanos de los gobernados”.
¿Qué va a suceder con el nombramiento?
En entrevista con Cuestione, Casarín López explica que esta iniciativa aún no inicia el proceso legislativo, por lo que depende de si se discute y termina siendo aprobada. De igual forma detalla que de ser admitido el recurso de queja de Scherer, un tribunal colegiado decidirá si la suspensión del proceso sigue vigente o no.
En caso de que la resolución de este recurso sea desfavorable para la CJEF, “la suspensión se mantendrá hasta que se resuelva el amparo o se logre la modificación a la ley Orgánica” propuesta por Dolores Padierna, “pues el amparo quedaría sin materia”, de acuerdo con el fiscalista.
Respecto a la iniciativa de la diputada Padierna, el experto considera que se “pone de manifiesto dos cosas: por una parte, es un reconocimiento expreso de que los actuales candidatos de la terna no tienen la capacidad y la experiencia técnica para el puesto y, por otra parte, anula la función de la Prodecon como un contrapeso al poner a alguien del equipo para que palomee todo lo que hace la autoridad fiscal en lugar de realmente defender los derechos del contribuyente”.
Luis Alejandro Casarín opina que, con esta acción, “se confirma que lo que se pretende es inhabilitar en la práctica a la Prodecon sin llegar a desaparecerla”. Pero adelantó que, en caso de que se apruebe esta modificación, “se podría buscar la inconstitucionalidad de la ley” al no atender a los principios de protección del contribuyente.
¿En qué terminará este embrollo? ¿El presidente se saldrá con la suya?
