Si vives en la Ciudad de México seguramente te tocó vivir en carne propia el alto incremento en las tarifas de las apps de transporte como Uber y Didi este diciembre, en el cual un viaje de 60 pesos se disparó a 100 pesos –o de 120 a 200, y así sucesivamente– por la alta demanda del servicio.
Ante esta situación que provocó la indignación de las personas capitalinas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que los altos costos tienen que ver con un asunto de mercado, pero que se revisará su regulación.
¿Y qué persona capitalina no estaría de acuerdo con que se regulen los precios y no se multipliquen en la temporada navideña? Sin embargo, veamos lo qué está en juego.
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“No nos parece correcto; es decir, no nos parece que aumente la demanda y aumenten los precios porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía (…) Le pedí al secretario de Movilidad que revisara la regulación”, dijo Sheinbaum.
El consultor Javier Núñez Melgoza, especializado en competencia económica y regulación, escribió en El Economista sobre las declaraciones en torno a la necesidad de regular las plataformas digitales de transporte.
“México concluirá 2021 con una inflación de alrededor de ocho por ciento (…) Ante la andanada de incrementos de precios, han surgido declaraciones sobre la necesidad de que las autoridades intervengan para frenar dichos aumentos”, escribió Núñez Melgoza.
Y explicó que la Comisión Federal de Competencia Económica ha emitido recomendaciones a las autoridades locales para permitir que las apps de transporte aumenten las opciones de transporte para los consumidores, “pues ello se encuentra alineado con el funcionamiento eficiente de los mercados, que es un mandato constitucional”.
“Con el argumento de proteger la economía popular, se cierne una amenaza de intervención en una industria que, si bien no es perfecta, sí ha venido a revolucionar la movilidad en la Ciudad de México y se ha convertido en una opción valiosa para los usuarios, sobre todo en el contexto del deterioro operativo de los servicios tradicionales de transporte”, escribió el especialista.
Por último, detalló que además de que es ilegal que el gobierno fije precios de industrias privadas, esto genera distorsiones como que se aleje la inversión o surjan problemas de insuficiencia de oferta.
“Mal harían los gobiernos en tratar de combatir el incremento de precios con el uso de la regulación (…) debe evitarse el uso de la coyuntura inflacionaria para intervenir en industrias innovadoras que hasta ahora han escapado del control de los grupos de poder tradicionales”, concluyó Núñez Malgoza.
¿Entonces qué hacer?
Hora de invertir en transporte público
“¿Se imaginan que todo esto horrible que están sintiendo por las tarifas altas de Uber/Didi se volcara en una exigencia ciudadana de mejor transporte público con opciones nocturnas?”, publicó en su cuenta de Twitter el analista de políticas públicas Carlos Brown en medio de la lluvia de tuits en contra de las altas tarifas.
Cuando hablamos con Brown sobre los pendientes y contradicciones del actual gobierno federal, nos mencionó que hace falta invertir en bienes y servicios públicos, ya que los programas sociales deberían ser solo una parte de una estrategia más amplia para combatir la pobreza
“Cuando pensamos en un Estado de Bienestar, en un sistema de protección amplio, los programas sociales son una parte muy pequeña”, nos explicó y añadió que invertir en bienes y servicios públicos como clínicas, escuelas, estancias infantiles y transporte colectivo, son “el motor para ayudar a sacar de una situación de pobreza a la gente”.
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Carlos Brown escribió en Business Insider que “la pandemia de COVID-19 ha revelado las enormes fallas y omisiones de nuestras sociedades. Incluso quienes defendieron por décadas un modelo económico y social basado en el individualismo se encuentran hoy enarbolando el llamado hacia un nuevo contrato social que ponga el bien común y lo colectivo en el centro de nuestras decisiones”.
Sin embargo, “hemos olvidado que todo eso requiere dos condiciones: instituciones gubernamentales con capacidad en todos los niveles de gobierno… y dinero público”.
“México es una anomalía fiscal: los ingresos que recauda vía impuestos no corresponden ni al tamaño de su economía ni a su nivel de desarrollo (…) durante décadas, los ingresos petroleros eran la fuente principal de los ingresos públicos en México, una situación que ha cambiado drásticamente en la última década”, concluyó.
Por último, el especialista en políticas públicas también escribió que “apenas dos de cada 10 viajes en el país se hacen en automóvil”, sin embargo, “la enorme mayoría de las decisiones de inversión en infraestructura favorecen al automóvil privado”.
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El oscuro pasado
En 2019, el columnista de El Financiero, Eduardo Guerrero Gutiérrez, escribió que “los taxistas –o más bien, los dueños de las concesiones de taxi– exigen piso parejo. Sin embargo, lo que nunca hubo antes de que llegaran las apps fue precisamente eso, piso parejo”.
Explicó que los trámites para sacar una concesión de taxi en las secretarías de movilidad estatales tienen candados para evitar que cualquier persona pueda obtenerla –en caso de que exista el trámite– lo cual beneficia solo a las personas que tengan “conectes”.
“Históricamente, las concesiones se repartieron de dos formas. La primera, entre compadres”, es decir entre favoritos y allegados al gobierno, y en segundo lugar “las concesiones también se entregaron a organizaciones clientelares, que tenían músculo suficiente para presionar a las autoridades”, escribió Guerrero Gutiérrez.
Existe el ejemplo de los taxis Pantera en la Ciudad de México. Según publicó Milenio en 2015, “estos taxis utilizan la cromática oficial y cobran con taxímetro, pero circulan con placas particulares y son controlados por Álvaro Castillo, ligado al Frente Popular Francisco Villa”.
Para Guerrero Gutiérrez, “no es casualidad que algunas de las organizaciones detrás de los taxistas pirata fueran las mismas que promovían las invasiones de predios y la formación de asentamientos irregulares en la periferia del Distrito Federal”.
“El verdadero negocio en ambos casos fue para un pequeño grupo de funcionarios corruptos y líderes de organizaciones, que por años succionaron de sus agremiados millones de pesos en cuotas”, escribió el columnista.
Y concluyó que “las apps llegaron a romper esta estructura de privilegios”.
¿Crees que el gobierno encuentre una solución para no volver al pasado, tener un mejor transporte público y evitar que la alta demanda de Uber y Didi multiplique los costos?
