¿Quién edificará las escuelas?
Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará dinero directamente a padres y madres de familia. Ahora la institución sacrificada es el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), que nació en 2008, para construir y remodelar escuelas.
“Todo se va a entregar directo a las sociedades de padres de familia desde aquí, desde la Tesorería de la Federación para que los padres, con esos recursos, mejoren las escuelas donde estudian sus hijos”, dijo este 19 de junio, el presidente López Obrador, bajo la idea de que así el dinero no será desviado a otros fines. Las transferencias de dinero arrancarían a partir del próximo ciclo escolar.
Hay riesgos en la decisión presidencial. Las familias no cuentan con la capacitación (en materiales, arquitectura, diseño escolar o ingeniería civil), que garanticen construcciones seguras para cerca 30 millones de estudiantes, expuso el 19 de junio en un comunicado la Red Educación y Derechos, una alianza entre personas de la academia del sector educativo.
“Nos parece que sería un error muy grave que transfieran esa responsabilidad a los consejos escolares. Evidentemente, es deseable su participación, pero no para decidir cuestiones de seguridad”, dijo a Cuestione Alejandro Canales, miembro de la Red y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Seguramente va a tener consecuencias en algún momento, que vamos a lamentar”, agregó.
El INIFED tuvo a su cargo la responsabilidad de las obras de reconstrucción y remodelación en 260 mil escuelas de educación básica, y cerca de 20 mil de educación media superior, expuso la Red. Pero, por otro lado, su creación no fue suficiente para cambiarle la cara a la infraestructura educativa.
Tras sus primeros seis años de existencia, en 2014, sólo 45% de las primarias contaba con agua, luz y drenaje, de acuerdo con la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje. Esto sucedió, en parte, por la incapacidad del Instituto para consolidar su mando en las construcciones, señaló la evaluación 1782 de la Auditoría Superior de la Federación sobre educación básica.
Canales reconoció que el INIFED ha presentado diversas irregularidades, pero aseguró que “eliminarlo es un castigo desmesurado. Es como decir que, porque hubo anomalías en una elección hay que eliminar el Instituto Nacional Electoral”.
Banderas de la Reforma Educativa
Buena parte de la eliminación del Instituto tiene que ver con borrar todo lo que tenga que ver con la Reforma Educativa del 2013, dijo Alejandro González, presidente del consejo de la asociación civil Gestión Social y Cooperación.
El presidente ha atacado la Reforma Educativa en diversas ocasiones. En gran medida, esta reforma implicaba evaluar a docentes para mantener su cargo.
El Instituto también tuvo un papel importante para la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), al abanderar el programa Escuelas al Cien, que inició con la meta de conseguir 50 mil millones de pesos, a través de la venta de bonos (el gobierno subasta bonos para conseguir dinero en préstamo de los inversionistas, que después debe pagar con intereses), para rehabilitar 33 mil escuelas.
El Gobierno ponía el dinero en un fondo, una suerte de cuenta bancaria gigante, del que vendió sus partes a inversionistas, como si se tratara de un pastel. Los inversionistas recibían dinero por los rendimientos del fondo (un pago por el simple hecho de tener dinero en un solo lugar). Esta forma de conseguir financiamiento de construcción podría desaparecer junto con el Instituto, advirtió González.
Los altos intereses resultaron en un compromiso para las entidades del país, que tardará hasta 25 años en pagarse con el dinero que les da el Gobierno Federal a través de un fondo llamado de aportaciones múltiples, reportó la ASF. Al final, sumados los intereses, la remodelación de las escuelas costó más del doble: 109 mil millones de pesos.
¿Dónde terminará el dinero?
El actual Gobierno ha preferido entregar dinero a las familias en lugar de financiar instituciones del gobierno, y las transferencias en el tema educativo podrían resultar en construcciones muy caras. “Al hacer estas transferencias directas, nos estamos saltando un paso, que es la licitación de las obras, en el que concursan diferentes proveedores”, dijo Thamara Martínez Vargas, investigadora en presupuesto educativo, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Así, en vez de garantizar un concurso para ver qué empresa es la que ofrece un mejor precio y calidad de la construcción o remodelación de escuelas, López Obrador busca que los comités de padres contraten a quien quieran.
A pesar de todo ello, no parecía que que el presidente hubiera tomado la determinación de acabar con el Instituto cuando inició su mandato el 1 de diciembre, pues incluso aumentó su presupuesto en 24%, en comparación con el año pasado, sumando mil 700 millones de pesos.
El gobierno ha apostado por la entrega directa de efectivo a beneficiarios, como es el caso de las estancias infantiles. De igual forma han operado los nuevos programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.
Así, las transferencias directas están mermando a instituciones que tardaron años en montarse, según se lamentó Canales. También, dijo, aumenta el riesgo de fortalecer el clientelismo (en el que a través de beneficios directos el gobierno consigue apoyo de sus beneficiarios).
