La noche del 26 de septiembre de 2014 fue una de las más oscuras en Iguala, Guerrero. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que había sido testigo de incontables historias de esperanza y lucha por la educación, esa noche se convertiría en testigo de una tragedia sin precedentes cuando desaparecieron 43 de sus estudiantes.
Desde ese momento, las madres, padres, familiares y amigos de los desaparecidos se embarcaron en una búsqueda incansable por la verdad.
A pesar de las promesas de las autoridades del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto y las del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, la verdad parece esconderse detrás de un manto de corrupción e impunidad con entera complicidad del Ejército y la Marina. Así ha quedado documentado en el sexto informe de Ayotzinapa elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
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La rotunda negación del presidente a la verdad
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha concluido su labor tras casi 10 años de trabajo, encontrándose en un callejón sin salida del que culpan al Ejército y a la Marina por no proporcionar información esencial para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La falta de colaboración por parte de estas instituciones ha sido un obstáculo en el camino hacia la verdad y ha dejado a las familias de los jóvenes desaparecidos sumidas en una dolorosa incertidumbre.
Sin embargo, el presidente López Obrador está del lado de las Fuerzas Armadas y ha dicho a los especialistas que respeta su punto de vista, pero que no lo comparte.
“No hay impunidad, no es cierto que la Marina y la Secretaría de la Defensa no estén ayudando. Si se ha avanzado, es precisamente por la colaboración de estas instituciones y también por la decisión que hemos tomado de que no se permita la impunidad”, informó el mandatario, como lo consignó el diario El País de España.
Los resultados del informe tienen implicaciones “muy graves” para México, el presidente y las víctimas, alertó el senador independiente Emilio Álvarez Icaza en entrevista para Cuestione.
“A pesar del tiempo que ha pasado, a pesar del cambio de administración, lo que queda claro es que la Marina y el Ejército lograron imponer su voluntad de no hacer saber”.
La penosa complicidad de AMLO con las fuerzas armadas
Álvarez Icaza opina que el presidente de México está directamente implicado en las revelaciones del GIEI porque López Obrador, explica el senador, es el comandante de las Fuerzas Armadas, “es el comandante supremo” y eso quiere decir “que es corresponsable de ocultamiento de información”.
Al legislador mexicano se le hace ilógico que después de que el presidente invitara a los especialistas argentinos a esclarecer la verdad sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, “en lugar de atender sus recomendaciones, se dedique a atacarlos y a descalificarlos”.
Para Álvarez Icaza, la actitud de Andrés Manuel refleja lo que hacen algunos gobernantes que solo utilizan los instrumentos y la narrativa de derechos humanos para quedar bien.
“Este es el típico caso de un gobernante que en lugar de encabezar la indignación, encabeza la negación y al encabezar la negación, el presidente se vuelve corresponsable de un delito, de un crimen de Estado”, afirma tajante el legislador.
Elite empresarial militar, el error garrafal de AMLO
Emilio Álvarez Icaza asegura que hay dos errores gravísimos de la administración de López Obrador frente al esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El primero es un error de carácter estructural y es “el peso que le está dando a las Fuerzas Armadas”, y lo es porque se convierte en una amenaza para la democracia en México.
“López Obrador de manera inusitada ha dado pie a que las Fuerzas Armadas no solo tengan un rol clave en materia de seguridad sino en aspectos de la vida pública y civil. Son más de 120 funciones civiles las que el presidente le ha dado a las fuerzas armadas en muy distintas naturalezas; ahora ya controlan puertos, distribuyen fertilizantes, se encargan de la Internet”, explica el sociólogo.
Es decir, el presidente de México “ha redefinido el pacto cívico militar donde queda claro que las Fuerzas Armadas juegan un papel grave en su modelo de gobierno”.
México no tenía una élite empresarial militar como sí había pasado en otros países de América del Sur, cuenta Emilio Álvarez. “Hoy México tiene una elite empresarial militar que va dar pie a fenómenos de corrupción y abusos extraordinarios como los que revela hoy el grupo de especialistas del GIEI”, dijo.
El segundo error, explica el legislador, es de carácter particular “y es que también de manera inesperada, López Obrador ha decidido darle la espalda a las víctimas de la desaparición forzada”.
La indiferencia del presidente con las víctimas de desapariciones en México, se traduce para el senador independiente en que a AMLO no le importa el dolor de las víctimas y lo ve “como un acto de miseria humana”.
El Ejército sí sabía y lo ocultó
Los días sin encontrar la verdad se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en casi una década.
Los que desaparecieron sin dejar rastro fueron 43 jóvenes estudiantes con el deseo de convertirse en maestros y cambiar el destino de sus comunidades rurales. La noticia corrió en el 2014 como un reguero de pólvora en la prensa nacional e internacional, desatando un grito colectivo de indignación y desesperación.
Aunque no se especifica cuándo, en la última reunión que sostuvo el GIEI con las familias víctimas de la desaparición forzada, doña Mari pidió la palabra en nombre de las madres de los 43 desaparecidos. “Saquen todo lo que tengan, no se queden con nada” y a esa demanda “trata de responder este informe”. Así comienza la introducción de la última investigación sobre el caso Ayotzinapa elaborado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes.
Entre las páginas 30 y 40 los especialistas del GIEI documentan el apartado La actuación del Ejército y en ella se revela que la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, la tragedia se tejió con hilos de impunidad y complicidad.
Las pruebas documentales muestran que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tenía información en tiempo real sobre lo que aconteció esa noche y sobre el posible destino de los jóvenes desaparecidos.
Sin embargo, en lugar de actuar para proteger a los estudiantes la información fue ocultada, dejando a los jóvenes a merced de su destino y a sus familias sumidas en la incertidumbre y el dolor.
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“Durante siete largos años, la Secretaría de la Defensa Nacional mantuvo en secreto estas pruebas cruciales, negándose a colaborar con la investigación”, se lee en el informe y se detalla que las conversaciones que se sostenían entre las filas castrenses, las cuales podrían haber arrojado luz sobre lo ocurrido, permanecieron en la sombra, alimentando la sospecha de una complicidad que trascendía los límites de la justicia y los derechos humanos.
Si bien sobre la Marina no hay ninguna información sobre su intervención la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el caso Ayotzinapa, “sí lo hizo inmediatamente después” y no fue nula como se dijo muchas veces, asegura el GIEI.
En el informe se demuestra una clara coordinación entre La SEDENA y la Marina en actividades conjuntas en Guerrero.
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“Estos hallazgos son de una extremada gravedad porque lo que quiere decir es que se utilizaron métodos no sólo ilegales sino delincuenciales para construir una versión pública de lo que estaba sucediendo con los 43 estudiantes”, señala Emilio Álvarez Icaza.
En lugar de proceder de una manera sin cortapisas y directa frente a la investigación de los especialistas, el presidente descalifica a sus relatores y les manda a las fuerzas armadas un mensaje que dice así: “no se apuren muchachos ustedes torturen que yo los cubro”.
El mensaje para los más de 100,000 desaparecidos
Lo que México tendría que saber con mucha claridad a la fecha, agrega el senador Icaza, es dónde están los 43 desaparecidos, qué pasó con ellos, quiénes tomaron las decisiones para que sí pasaran y cuáles son las sanciones administrativas, jurídicas y éticas que le corresponde a estas personas.
A nueve años y medio de los hechos, el gobierno pasado y el actual “no nos han podido contestar estas preguntas”.
“Andrés Manuel López Obrador y su equipo, lucraron políticamente con este incidente, de hecho, gente de su equipo de comunicación continúan haciendo el conteo de los 43 ausentes como si no tuvieran responsabilidad legal en la materia y sí la tienen”, subraya Icaza.
Para el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Andrés Manuel tendría que estar encabezando una lucha ejemplar porque si se resolviera el caso de Ayotzinapa, se podría generar una modificación estructural en la justicia en México, que ayudaría a los miles de desaparecidos contabilizados en el país.
“Pero si no se resuelve la desaparición de los 43, entonces el mensaje para los demás desaparecidos en México, tiene como moraleja la impunidad”, puntualiza el especialista en derechos humanos.
